Fiscalización de la elección judicial
Contra reloj, con un presupuesto menor al solicitado y capacidades limitadas, el INE tiene la encomienda de fiscalizar los procesos electorales del Poder Judicial a nivel federal y estatal
Como árbitro de la primera elección judicial en la historia del país, el Instituto Nacional Electoral (INE) es responsable de fiscalizar a los miles de candidatos a cargos de jueces, magistrados y ministros para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la legalidad en el origen y uso de los recursos de los aspirantes.
Sin embargo, tras las impugnaciones presentadas por diversos candidatos contra los Lineamientos para la Fiscalización de los Procesos Electorales del Poder Judicial Federal y Locales, aprobados por el Consejo General del INE el 30 de enero, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió modificar solo uno de los preceptos referentes a la cancelación de registros, el cual se determinará “cuando la gravedad de la falta lo amerite”.
Lo anterior implica que el rebasar el tope de gastos personales de campaña o contratar, por sí mismo o por interpósita persona, espacios en radio y televisión, internet, pautar en redes sociales —lo que se considera un gasto prohibido—, o incurrir en alguna otra conducta infractora, no implicará de facto el retiro del registro como candidato.
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De igual manera, se fijaron los topes de gastos de campaña según el cargo y ámbito de la elección. De esta forma, para las personas candidatas a ministras y ministros de la Suprema Corte, así como los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior del Tribunal Electoral, el monto aprobado fue de 1,468,841.33 pesos.
Para los aspirantes a magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral, el tope fue de 881,304.80 pesos. El tope para las magistraturas de los Tribunales Colegiados de Circuito y de Apelación quedó en 413,111.63 pesos, y para las personas juzgadoras de Distrito en 220,326.20 pesos, estableciendo un gasto estimado diario de 3,672 pesos para los 60 días del período de campaña.
Financiamiento limitado
Precisamente, uno de los principales desafíos logísticos y normativos en la fiscalización de la elección judicial es que, a diferencia de los comicios tradicionales, la legislación establece que no puede existir financiamiento ni público ni privado.
En ese sentido, Gabriel Mendoza Elvira, exdirector jurídico en el INE, cuestionó la “desafortunada” redacción de la norma, pues, aunque en las elecciones tradicionales el dinero que el candidato pone de su bolsillo, como se establece para los candidatos judiciales, se considera como financiamiento privado, “¿qué significa eso de gastos personales? Obviamente, la autoridad se refiere a los gastos personales asociados a los actos de campaña. Tampoco pueden recibir apoyo de candidaturas, partidos ni de agrupaciones políticas, y mucho menos de servidores públicos. Entonces, lo único que pueden hacer es gastar dinero de su bolsa”, refirió en entrevista con ejecentral.
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El mecanismo de fiscalización obliga a cada candidato a registrar una cuenta bancaria exclusiva para sus gastos de campaña y presentar declaraciones fiscales y patrimoniales. Además, deben reportar con cinco días de anticipación cualquier evento público. No obstante, el también exsubsecretario general de Acuerdos del TEPJF cuestionó la capacidad del órgano electoral para fiscalizar cabalmente todas las candidaturas.
Faltan capacidades
“La verdad es que no hay capacidad para hacerlo. El instituto verifica lo que cada candidato reporta. Sí hay monitoreo y, a partir de ahí, se detectan cuestiones no reportadas, pero el monitoreo es limitado, aleatorio. No hay capacidad para monitorear todas y cada una de las candidaturas”, señaló.
Al respecto, el maestro en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) lamentó que el INE no contara con el tiempo ni los recursos suficientes para prepararse con el apoyo de tecnologías que garantizaran un monitoreo más eficiente de las redes sociales.
Pues, al final, precisamente las redes sociales digitales se perfilan como el principal campo de acción que la autoridad electoral avaló para la promoción de las candidaturas, siempre y cuando su uso “no implique erogaciones para potenciar o amplificar sus contenidos”, es decir, no haya pautas del contenido.
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“No hay un ejército que pueda estar haciendo seguimiento de eso. Desconozco que exista la contratación de un servicio que esté monitoreando las redes sociales las 24 horas del día para detectar la propaganda de los candidatos y poder asignarla y verificar que efectivamente no tuvo un costo. Creo que el primer problema que tiene la autoridad va a ser la capacidad”, reiteró.
Según la normatividad, para el período de campañas, los candidatos pueden realizar erogaciones en propaganda impresa biodegradable o reciclable, la producción de contenido para redes sociales o medios digitales, capacitaciones en media training, edición de imágenes, así como la posibilidad de participar en entrevistas de carácter noticioso y foros de debate gratuitos. “Si las campañas están destinadas a redes sociales, ¿cuáles traslados, cuáles viáticos?”, cuestionó.
Otro de los retos en ese sentido, sin duda, es la falta de acceso a medios masivos. A diferencia de los candidatos a cargos políticos, quienes cuentan con tiempos oficiales en radio y televisión asignados por el propio instituto electoral, los aspirantes a jueces y magistrados no pueden comprar espacios ni recibir cobertura gratuita.
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“Quiero ver cómo se van a gastar los ministros un millón 400 mil pesos nada más en aviones, en estar recorriendo el país, porque no pueden gastar en ningún templete, sillas y todo lo que comúnmente conocemos como actos de campaña”, enfatizó Mendoza Elvira sobre los diversos desafíos que tiene la autoridad para analizar que las restricciones se cumplan.
Sobre ese punto, apenas 11 días antes del inicio de las campañas, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó reducir de 48 a 24 minutos los tiempos en radio y televisión que el INE puede administrar para la elección judicial, en los que no habrá spots de los candidatos ni sus propuestas, sino promocionales genéricos para incentivar la participación y conocer el modelo de las boletas.
Pronóstico reservado
La inexperiencia de los aspirantes en contiendas electorales se perfila como uno de los obstáculos para el cumplimiento de las normativas electorales. Si bien algunos postulantes han ocupado cargos de elección popular, la gran mayoría desconoce los procedimientos y obligaciones de las campañas.
“No tengo claridad de que tengan conocimiento de cómo cumplir con todas estas obligaciones. Si bien son peritos en derecho, salvo las candidatas y candidatos al Tribunal Electoral, pues tampoco son expertos en derecho electoral. Yo creo que por ahí están las complejidades, ya que no son campañas electorales o son muy distintas a las que hemos venido conociendo”.
El también académico prevé que la participación en la elección judicial será baja debido al desinterés ciudadano, pues, aunque no se tienen mediciones exactas, la expectativa de participación ronda entre el 18 y 20 por ciento. En comparación, en una elección intermedia tradicional, la participación es de alrededor del 50 por ciento.
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El especialista cuestionó la falta de correlación que hay entre la popularidad en redes sociales y el uso de plataformas como TikTok para llamar o garantizar votos sin recurrir a las pautas. En otras palabras: un seguidor no es un voto.
“Entonces, el número de seguidores de una cuenta de red social difícilmente dice cuántos votos habrá por esa persona. Hay un gran reto para que la gente conozca las candidaturas, que la gente sepa de qué se trata esta elección, porque, insisto, hay mucho desinterés en la ciudadanía”, determinó Mendoza.
