Fiscalía de Corea del Sur inculpa al presidente Yoon por “insurección”

La fiscalía de Corea del Sur acusó el domingo al presidente Yoon Suk Yeol de ser el “líder de una insurrección” tras su fallido intento de imponer la ley marcial, y ordenó que el dirigente suspendido permanezca detenido.

Yoon sumió al país en el caos político el 3 de diciembre al imponer la ley marcial, una medida que fue derogada rápidamente luego que los diputados lograran tumbar la iniciativa. El dirigente fue inmediatamente suspendido de sus funciones y se convirtió en el primer presidente surcoreano arrestado en el cargo.

Los fiscales declararon en un comunicado que habían “inculpado Yoon Suk Yeol con detención hoy [domingo] bajo la acusación de ser el líder de una insurrección”. Desde su arresto, ha permanecido en un centro de detención de Seúl. La imputación formal significa que seguirá tras las rejas hasta su juicio, que tiene que llevarse a cabo en los próximos seis meses.

“Tras examinar en profundidad las pruebas obtenidas durante la investigación, los fiscales concluyeron que era totalmente apropiado inculpar al acusado”, añadieron en el comunicado.

La necesidad de mantener a Yoon arrestado está justificada por “el constante riesgo de destrucción de pruebas”, precisaron.

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Yoon también tiene que encarar una serie de audiencias ante el Tribunal Constitucional, que debe decidir si ratifica o no la moción de destitución aprobada por la Asamblea Nacional. En caso de un veredicto contrario a Yoon, este sería formalmente destituido y se convocarían elecciones en un plazo máximo de 60 días.

Detención de Yoon Suk Yeol

Cabe recordar que el pasado 15 de enero, el presidente Yoon Suk Yeol, fue arrestado el miércoles tras un operativo de la policía y autoridades anticorrupción en su residencia, donde permanecía atrincherado desde diciembre, luego de la imposición de una polémica ley marcial. Este suceso lo convierte en el primer presidente en funciones del país en ser arrestado.

En diciembre, Yoon suspendió el orden civil y desplegó soldados en la Asamblea Nacional, generando una de las peores crisis democráticas en décadas. Aunque revocó la medida horas después, enfrentó una moción de destitución en el Parlamento y fue investigado por insurrección.

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El miércoles, cientos de agentes policiales y de la Oficina de Investigación de la Corrupción irrumpieron en su residencia en Seúl, protegida por su guardia presidencial y seguidores. Tras horas de tensión, Yoon aceptó entregarse a las autoridades.

El operativo para detener a Yoon se realizó en un ambiente de alta tensión. La policía enfrentó bloqueos físicos por parte de simpatizantes del presidente, así como por miembros de su guardia presidencial. Algunos agentes escalaron las vallas del complejo para acceder al edificio principal.

A las 10:33 horas (01:30 GMT), la Oficina de Investigación Conjunta confirmó el arresto del presidente. En un mensaje grabado previamente, Yoon afirmó que acataba la orden para evitar un “baño de sangre”.

En el primer intento de arresto, el 3 de enero, la guardia presidencial de Yoon bloqueó a los investigadores. Desde entonces, la residencia fue reforzada con alambres de púas y barricadas. La madrugada del miércoles, los alrededores se llenaron de simpatizantes del presidente, quienes ondeaban banderas y bloqueaban el paso de los agentes.

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A pesar de las tensiones, la policía decidió no portar armas de fuego, utilizando únicamente chalecos antibalas para evitar mayores enfrentamientos.

El Partido Democrático, principal fuerza opositora, calificó el arresto como “el primer paso hacia la restauración del orden constitucional y democrático”. Mientras tanto, el presidente enfrenta un juicio en el Tribunal Constitucional, que decidirá si ratifica la moción de destitución aprobada por el Parlamento.

En redes sociales, Yoon reiteró su postura sobre amenazas extranjeras y supuestos fraudes electorales, justificando sus medidas extremas como defensa ante las tensiones con Corea del Norte.

La orden judicial permite retener a Yoon por un máximo de 48 horas. Para mantenerlo bajo custodia, las autoridades deberán obtener una nueva autorización. Este caso marca un precedente histórico en la política surcoreana, con posibles repercusiones a nivel constitucional y social. DJ