FGR va contra jueces que ordenaron frenar la elección judicial. Esto sabemos

Jueces que en distintos momentos ordenaron frenar la reforma o la elección judicial ahora están en el banquillo de los acusados

La Fiscalía General de la República ya les requirió información sobre sus actuaciones, lo que ellos calificaron como una “persecución penal”, derivada de su toma de decisiones.

En la conferencia matutina de los jueces, Sergio Santamaría Chamú, juez federal de distrito en Michoacán, recordó que en su caso fue el Tribunal Electoral quien dio la orden de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República, por su actuación en la que suspendió las actividades del Comité de Evaluación del Poder Judicial.

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“Tuve conocimiento de que se materializó, recibí un oficio de la FGR, en la que me requiere información”, expuso.

“Se precisa la existencia de una carpeta de investigación, viene a constituir ya la ejecución de esa orden, que desde luego habremos de controvertir en su momento ante quien corresponda”, adelantó el juez federal.

Informó que ya solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para preservar su integridad y su independencia.

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También se solicitaron medidas cautelares para una jueza de distrito de Jalisco, quien fue la que concedió el primer amparo en contra de la reforma al Poder Judicial al considerar que se encontraron vicios de procedimiento para la aprobación de la misma, que afectan la regularidad de todo el conjunto de actos, por tanto en diciembre pasado ordenó que se deje sin efecto los actos del proceso.

Se trata de la jueza María Gabriela Ruiz, quien contó que le llegó un oficio “similar” al que recibió el juez de Michoacán.

“Igualmente me piden documentación similar… considero que este tipo de actos son tendentes a amedrentarme, a influir en mi psique de cómo resolver para intimidarnos, así lo veo, se me vienen mis clases de derecho procesal, cuando me decían: el día que los jueces tengan miedo, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo. Yo no tengo miedo”, advirtió en la conferencia de los jueves.

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“Yo lo he dicho en anteriores ocasiones: mi resolución es con base en las facultades constitucionales que tengo, está fundada y motivada, hice un estudio exhaustivo del caso, expuso los razonamientos y diversos argumentos por los que considero que esta reforma está fraguada de vicios que la llevan a su invalidez total y las consecuencias que implica dejar sin efecto este proceso”, sostuvo.

Agregó que “este tipo de situaciones sí me incomoda, sí me altera, me genera la impotencia de saber que estamos en un estado de derecho totalmente desconocido, donde en lugar de controvertir mi decisión y esperar a la decisión del órgano que tenga que resolver, utilizan este tipo de mecanismos, donde eventualmente sé que seré imputada por la comisión de un delito contra la administración de justicia”, lamentó.

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Ruiz Márquez dijo que no tiene palabras “para describir lo que está sucediendo en la actualidad”, pues “lejos de que las fiscalías se dediquen a perseguir a delincuentes, ahora resulta que están persiguiendo a nosotros los juzgadores”.