Extinción de fondos judiciales, en marcha

Los Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han acumulado 24 mil 755 millones de pesos a través de 10 fideicomisos y dos fondos que deberán desaparecer el próximo 15 de diciembre.

En entrevista con ejecentral, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y el diputado panista, Héctor Saúl Téllez, coincidieron en que no hay ninguna acción legal que se pueda interponer para que los fideicomisos sobrevivan, así que los recursos se deben usar para pagar indemnizaciones de trabajadores y, el sobrante, reintegrarlo a la Tesorería de la Federación, como lo ordena la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, no todos estos instrumentos se han financiado con recursos públicos. Por ejemplo, el Fideicomiso para el Mantenimiento de Casa Habitación de Magistrados y Jueces, destinado a la vivienda que se les presta a los juzgadores que cambian de residencia para cumplir con sus obligaciones laborales, se financia con fondos privados aportados por los beneficiarios a través de descuentos de nómina.

En octubre de 2023, la SCJN dio a conocer que seis fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales y derechos de los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro. Por ello, precisó que son derechos adquiridos y reconocidos en la Constitución y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

De acuerdo con fuentes de los poderes Legislativo y Judicial, no se ha reportado el reintegro de ningún recurso a la Tesorería de

la Federación, pues hay un análisis legal de cada instrumento financiero.

La lupa de la 4T se concentró en 12 instrumentos con una bolsa multimillonaria acumulada al 30 de septiembre pasado: cinco fideicomisos y un fondo a cargo de la SCJN con siete mil 177 millones de pesos; cuatro fideicomisos y un fondo del Consejo de la Judicatura Federal con 17 mil 559 millones de pesos; y un fideicomiso del TEPJF con 18.2 millones de pesos.

La mayoría de estos instrumentos fueron creados para financiar pensiones de altos mandos, medios y personal, así como prestaciones.

Entre los instrumentos financieros que mayor monto han acumulado hay algunos con otros fines. El Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia tiene siete mil 519 millones de pesos y está destinado a la adquisición, construcción, equipamiento y capacitación para órganos jurisdiccionales y personal del Poder Judicial.

El Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal se creó para establecer centros de justicia penal federal con juzgados de control, juicio oral, ejecución de penas y tribunales de segunda instancia. Se suma el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, llamado Fondo Jurica, con 836.6 millones de pesos y está dedicado a proyectos de justicia a nivel nacional.

Extinción llevará tiempo

El diputado panista Héctor Sául Téllez, uno de los especialistas en la reforma al Poder Judicial y quien ha dado seguimiento al tratamiento de los fideicomisos, consideró que la extinción de los instrumentos financieros podría tardar años, ya que primero se deben pagar las indemnizaciones de los jueces y magistrados que se retirarán tras haber renunciado a participar en las elecciones judiciales del próximo año.

El artículo Décimo Transitorio de la reforma destaca que los magistrados de circuito y jueces de distrito que concluyan su encargo por declinar su candidatura o por no resultar electos por la ciudadanía para un nuevo periodo en el cargo, tendrán un pago equivalente a tres meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado, pagos que deberán saldarse con los fondos y fideicomisos federales.

Según información del Senado sobre las elecciones de juzgadores, además de la renuncia de ocho ministros de la SCJN, declinaron 487 magistrados y 333 jueces. Los magistrados de circuito ganan 152 mil 531 pesos netos como máximo al mes y los jueces de

distrito 139 mil 210 pesos netos al mes, según el Manual de Remuneraciones del Poder Judicial para 2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Al tomar en cuenta estas cifras como un primer cálculo, se necesitarían 222.8 millones de pesos tan sólo para pagar los tres meses de salario a los 487 magistrados que declinaron participar en los comicios y 139 millones de pesos para pagar a los 333 jueces. En total, 361.8 millones de pesos.

Batalla por los fideicomisos

Aunque Téllez considera que la extinción de los fideicomisos llevará tiempo, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, señaló que parte de estos recursos financiarán las elecciones judiciales de 2025, que costarán 13 mil 205 millones de pesos. La reforma establece que los fondos deben ser extinguibles dentro de los 90 días posteriores a la promulgación, por lo que la Tesorería de la Federación debe recibir los recursos sobrantes antes del 15 de diciembre.

Gutiérrez Luna agregó que la reforma garantiza el respeto a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, incluida la jubilación de quienes declinaron participar en las elecciones.

Durante el sexenio de López Obrador, el gobierno emprendió una campaña para eliminar los fideicomisos del Poder Judicial, aunque la SCJN logró blindarlos temporalmente. En 2023, el Senado destacó algunos abusos en su gestión. Los fondos de Pensiones Complementarias, por ejemplo, sólo beneficiaban a un pequeño número de personas, entre ellas, 25 mandos superiores que recibían 33 millones de pesos anuales.

Incluso pensiones para 184 mandos medios representaban 16 millones de pesos por persona.

Además, existían fideicomisos como el Plan de Prestaciones Médicas, del que sólo una persona recibía 145 millones de pesos anuales o el Manejo de Publicaciones, que beneficiaba a tres individuos con 59 millones de pesos al año.

El Fideicomiso de Pensiones Complementarias de Magistrados y Jueces Jubilados tenía 387 beneficiarios, cada uno por 12 millones de pesos, y el Fideicomiso de Apoyos Médicos Complementarios y Extraordinarios tenía dos beneficiarios con un apoyo de 34 millones de pesos. Estos montos, aunque destinados a beneficios laborales, levantaron controversia por su magnitud y por la concentración de los recursos en pocos beneficiarios.