Esta es la razón por la que el gobierno de Trump demandó al estado de Illinois
La administración del presidente Donald Trump presentó la demanda contra leyes regionales y municipales que se tienen en el estado
(FILES)Former US President Donald Trump appears for a pre-trial hearing in a hush money case in criminal court on March 25, 2024 in New York. Potential jurors in next week’s hush money trial of Donald Trump will be asked whether they have ever attended a rally in support of or opposition to the former president. These questions are among those that will be asked of a group of randomly selected New Yorkers who will serve as jurors at the first ever criminal trial of an ex-president. (Photo by Mary ALTAFFER / POOL / AFP)
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El mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos sigue sin bajar el ritmo. En esta ocasión el gobierno a su cargo demandó al estado de Illinois por diversas leyes que, se asegura, van en contra de la Ley Federal de Inmigración.
La demanda fue presentada por el Departamento de Justicia en un juzgado de Illinois. En ella se asevera que varias leyes regionales y municipales de estos bastiones demócratas en el este del país “están diseñadas para interferir, y de hecho interfieren, con la aplicación de la ley federal de inmigración del Gobierno federal”.
El recurso legal es en contra del estado de Illinois y la ciudad de Chicago, esto con la finalidad de desmantelar las protecciones regionales y municipales que la Casa Blanca afirma bloquean sus operaciones antinmigración.
La querella se refiere específicamente a una ordenanza del condado de Cook (con varias municipalidades, entre ellas Chicago) que prohíbe a oficiales locales participar en operativos de inmigración, así como otra de Chicago que impide a la policía arrestar personas por su estatus migratorio y limita la información sobre inmigrantes que pueden compartir con la esfera federal.
El texto sostiene que tanto el gobernador de Illinois, JB Pritzker, como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson (ambos demócratas), “profesan un interés compartido con el gobierno federal de aplicar las leyes de inmigración para retirar criminales de Estados Unidos (...) pero las leyes de Illinois ofrecen lo contrario”.
Chicago albergó a decenas de millas de inmigrantes entre 2022 y 2024 que llegaron a la frontera sur en busca de asilo, muchos de los cuales fueron trasladados allí por el gobierno republicano de Texas en una maniobra política para forzar a gobiernos demócratas a asumir el creciente flujo migratorio.
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Considerada una ciudad santuario, al igual que otras gobernadas por demócratas, se ha vuelto blanco de los dardos de Trump y su administración que, en una plataforma radical antinmigración promete la deportación de millones de inmigrantes, muchos de los cuales fueron etiquetados de criminales en la narrativa oficial.
“Juegos políticos”
Durante su primer día de gobierno, Trump emitió varios decretos ejecutivos para rediseñar el concepto de ciudadanía y el sistema migratorio estadounidense, entre otras medidas, aumentando el contingente militar en la frontera, limitando severamente el sistema de asilo y refugio y eliminando el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Este último decreto impidió la emisión de pasaportes, certificados de nacimiento u otros documentos a hijos de madres que están en el país de forma ilegal o temporal, y cuyo padre no sea un ciudadano estadounidense o tenga residencia permanente.
Un juez federal en Seattle aprobó este jueves una interdicción preliminar impidiendo al gobierno federal de ejecutar su decreto, en respuesta a una demanda presentada por los gobiernos demócratas de Washington, Arizona, Illinois y Oregón.
“Se ha hecho cada vez más evidente que para nuestro presidente, el Estado de Derecho no es más que un impedimento para sus objetivos políticos”, dijo el juez John Coughenour antes de vetar el decreto de Trump.
“La Constitución no es algo con lo que el gobierno puede jugar juegos políticos”, agregó al argumentar que su trabajo “es proteger el Estado de Derecho”.
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“Si el gobierno quiere cambiar la enmienda que garantiza el derecho a la ciudadanía por nacimiento, necesita enmendar la propia Constitución”.
El fallo de Coughenor ratificó su cargo emitido hace dos semanas en una audiencia con carácter temporal.
La 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense fue adoptada en la segunda mitad del siglo XIX como resultado de la Guerra Civil, en un esfuerzo por garantizar los derechos de los antiguos esclavos y sus hijos.
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”, reza.
Otra jueza federal había impedido la entrada en vigencia del decreto el miércoles en respuesta a una demanda aparte en Maryland. GA
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