En fast track, comisiones del Senado aprueban ley de telecomunicaciones; oposición la llama “ley censura”

Sin análisis de fondo, sin consultar a expertos, sin cambiarle una coma a la iniciativa presidencial y en menos de un día, la 4T en el Senado aprobó en comisiones unidas la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual fue bautizada por la oposición como la “ley censura” o la ley “censura del bienestar”.

El dictamen de las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, la de Comunicaciones y Transportes y la de Estudios Legislativos del Senado avalaron la ley con 29 votos a favor y nueve en contra. Se prevé que el Pleno la discuta y la vote el próximo lunes.

La ley tiene puntos que han encendido las alertas de los grupos parlamentarios, sobre todo por el poder que se le otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que preside José Merino, para bloquear plataformas digitales, otorgar concesiones del espectro radioeléctrico, incluso garantizar que haya internet universal en México con el gobierno como uno de los proveedores.

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, dijo que el gobierno federal se aprovechó de un problema real como la publicidad que contrató el gobierno de Estados Unidos para atacar a migrantes, para enviar al Congreso una ley autoritaria.

“Este albazo, este madruguete, esta jugarreta apresurada no es una casualidad, es parte de un diseño y tiene que ver con un truco, un truco tan viejo como perverso que es propio de los regímenes autoritarios. ¿En qué consiste ese truco? Paso uno, hay que encontrar un problema real. Paso dos, a partir de ese problema, manipular la información para confundir a la opinión pública. Y el paso tres es introducir una agenda oculta”, enfatizó.

Reprochó el que el gobierno quiera centralizar todo, pues la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones concentrará facultades que antes eran de un órgano autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y de dos secretarías federales, la de Gobernación y la de Comunicaciones y Transportes.

Violación a la Constitución y 30 tratados internacionales

La senadora del PRI, Claudia Anaya, alertó que se viola la Constitución y 30 tratados internacionales porque se le da al Estado la facultad para ser proveedor de internet.

“En este entorno en que se están generando muchas dudas de en qué países invertir, México debe dar certezas de que este es un país en donde se van a respetar las inversiones que se hagan. Si el Estado va a ser un distribuidor minorista de Internet, siendo el dueño de la infraestructura y participando con el presupuesto público, esto nos va a generar que se vayan varios inversionistas”, dijo en comisiones.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, destacó que con un “Internet del Bienestar” habrá competencia desleal porque el Estado no tendría que cumplir reglas mínimas como sí lo hacen los privados. El legislador también reprochó el poder del gobierno para bloquear plataformas digitales.

“Las plataformas digitales, redes sociales, sitios web, aplicaciones, sin necesidad de orden judicial, sin mandato judicial, sin límite de tiempo, sin control ni procedimientos claros. ¿Quién decide qué se bloquea? la Agencia. ¿Y quién controla la Agencia? El gobierno de Morena. Es decir, si alguien no le gusta una crítica en redes, un portal incómodo o un canal informativo rebelde, puede desaparecerlo con un clic. Así de fácil, así de peligroso, porque viola la libertad de expresión, es la Agencia para quitarle al pueblo la libertad de expresión”, enfatizó el priísta.

Combate a la infodemia

En contraste, el senador de Morena, Alfonso Zepeda Salas, defendió la ley al decir que pone la radiodifusión y telecomunicaciones al servicio del Estado mexicano y combate la infodemia.

“Es una ley oportuna y necesaria porque permitirá reducir la brecha digital (…) Estamos ante la gran oportunidad de poner un alto, un freno a la infodemia para dar paso a lo que debe ser una información veraz y ética”, externó.

La 4T se centró sobre todo en la prohibición que tiene la ley para la publicidad de gobiernos extranjeros en México, excepto temas turísticos y culturales, y la sanción a los concesionarios o plataformas digitales que violen la disposición.

“La televisión, la radio, la prensa, las redes sociales tienen un poder inmenso. Son espejos de nuestra sociedad, pero también son herramientas para transformarla. Y el Estado tiene la obligación de actuar cuando ese poder se utiliza para sembrar odio o dividir a nuestro pueblo”, comentó la senadora del PT, Lizeth Sánchez.

Bloqueo de plataformas digitales

La oposición destacó que los puntos más preocupantes de la iniciativa presidencial se refieren a la concentración del poder y la discrecionalidad con la que se podrá manejar la Agencia Digital, la cual podrá hacer los lineamientos que considere para bloquear plataformas digitales que violen las disposiciones de la ley de telecomunicaciones, pero no se especifica qué plataformas podrían ser bloqueadas, por cuánto tiempo, si incluye redes sociales ni cuáles son los casos o temas de censurarlas.

“Las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables. La Agencia emitirá los Lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo a una Plataforma Digital”, es lo único que dice el artículo 109 de la iniciativa presidencial.

Los poderes de la Agencia Digital siguen, pues estará a cargo del aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, los servicios espaciales y sus aplicaciones, la sostenibilidad espacial, las redes públicas de telecomunicaciones, servicios de infraestructura pasiva y la prestación de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, así como del despliegue y el acceso a la infraestructura activa y pasiva, entre otros.

Prohíbe publicidad de gobiernos extranjeros

La ley que fue avalada por las comisiones del Senado prohíbe la publicidad de los gobiernos extranjeros en México, excepto la que tenga que ver con temas turísticos y culturales. Violar esta disposición implicará multas por el equivalente de 2% hasta el 5% de los ingresos del concesionario, autorizado, programador o plataforma digital.

“Los concesionarios que presenten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística o cultural. Tampoco se permitirá que gobiernos extranjeros utilicen los medios de comunicación nacionales para influir en los asuntos internos del país”, enfatiza la iniciativa presidencial.

La Secretaría de Gobernación será la instancia federal encargada de la publicidad que se transmita en radio y televisión, restringidos o en plataformas digitales, y si identifica publicidad, propaganda o información general prohibida deberá suspender inmediatamente el contenido e iniciar con el procedimiento sancionatorio.

La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión es una ley reglamentaria a la reforma constitucional que desaparece al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La iniciativa dice que el IFT deberá transferir los recursos correspondientes al valor de la estructura y plazas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los 15 días siguientes a la entrada en vigor de la ley para que después pasen a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.