Una de las características más importantes de los procesos electivos en México es la naturaleza ciudadana de su organización. Antes, preparadas y dirigidas por el gobierno, las elecciones mexicanas hicieron crisis en 1988, cuando la Comisión Federal Electoral, encabezada por Fernando Elías Calles y Manuel Bartlett Díaz, subsecretario y secretario de Gobernación respectivamente en el sexenio de Miguel de la Madrid, anunciaron la llamada “caída del sistema”, lo que dinamitó la poca credibilidad que le quedaba a las elecciones mexicanas.
La presunción de fraude en 1988 acabó con la escasa confianza que existía en la figura electoral y volvió indispensable, no sólo una reforma, sino un rediseño completo de la organización electoral mexicana, que había dejado de ser fuente de legitimidad para los candidatos ganadores. Así nació el IFE en 1990.
Sin embargo, la creación de una institución especializada no era suficiente. La demanda era sacar al gobierno de la organización electoral. La estrategia de cambio empezó a concretarse en 1993 con la creación del Consejo General del IFE, integrado por una primera generación de consejeros ciudadanos, entre quienes se encontraban Santiago Creel, Miguel Ángel Granados Chapa y Ricardo Pozas, entre otros. En ese momento, las elecciones comenzaron a ser entregadas gradualmente a los ciudadanos.
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En 1996, luego de dos reformas electorales consecutivas, el gobierno finalmente se retiró de la organización electoral para dejarla a la sociedad, representada por consejeros ciudadanos apartidistas, electos por la Cámara de Diputados, pero seleccionados en función de su independencia y distancia de los partidos políticos.
En un contexto de desconfianza, la ciudadanización de las elecciones fue la mejor manera que partidos y gobierno encontraron para construir una organización electoral imparcial, sólida, profesional y creíble, porque no protegía los intereses de ningún partido ni del grupo en el gobierno. Ese origen y compromiso ciudadano del órgano directivo del IFE dio resultados a partir de la elección federal de 1997.
Los pasos que consolidaron el avance fueron la creación del Servicio Profesional Electoral, a cargo del Consejo General encabezado por José Woldenberg, Jacqueline Peschard, Juan Molinar y Alonso Lujambio, entre otros. Bajo su dirección, el servicio profesional se integró con funcionarios de carrera, por concurso, y la ciudadanización extrema de la organización electoral se logró con voluntarios, mujeres y hombres elegidos por sorteo, encargados de instalar las casillas, controlarlas y contar, hasta hoy, los votos emitidos.
Para cada elección, los ciudadanos son insaculados. Así, los propios vecinos de los votantes son quienes reciben los sufragios, los cuentan, llenan las actas de casilla y llevan los paquetes con votos contados y actas llenadas con los resultados de la casilla respectiva a las juntas distritales ejecutivas del INE. Estas actas son firmadas tanto por los ciudadanos como por los representantes de los partidos.
La nueva vertiente del reto será llevar la organización electoral a la elección judicial. Todo este complejo entramado de organización, profesional por un lado y ciudadano por otro, deberá ponerse al servicio de otro tipo de elección: la de jueces, magistrados y ministros. Será una elección en la que no habrá representantes de los partidos, aunque no se sabe aún si podrán estar presentes, en cada casilla, representantes de los muchos candidatos que competirán por un lugar en la nueva estructura judicial.
El panorama de la organización electoral aparece lleno de interrogantes. Algunas de las más importantes son: ¿Habrá insaculación entre ciudadanos y selección de funcionarios de casilla? ¿Existirá un mecanismo de Resultados Electorales Preliminares, como en las elecciones por partidos?
