Elecciones bajo fuego
A unos meses de la elección en el Poder Judicial de la Federación y las votaciones locales en Veracruz y Durango, los hechos violentos contra candidatos, funcionarios y actores políticos registraron un incremento
A menos de 80 días para el proceso electoral 2024-2025, con la inédita elección de más de 800 jueces, magistrados y ministros, así como de 1,459 cargos locales en Veracruz y Durango, existe una latente preocupación ante el incremento de la violencia política.
La incertidumbre de cara a los comicios se ha agudizado con casos como el asesinato de Carlos Ranses Neri Rodríguez, secretario del ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz, y aspirante a la misma alcaldía por la coalición PVEM-Morena, quien fue hallado sin vida junto a su hermano Juan David el pasado 7 de febrero.
Veinte días antes fue asesinado Juan Manuel Zenteno, candidato a la presidencia auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, en Puebla, en un hecho que las autoridades señalaron como un “ataque directo”, del cual también resultó herida la esposa del político.
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Durante enero se contabilizaron 40 eventos de violencia político-criminal en el país, lo que significó un incremento del 3% respecto a los hechos violentos de diciembre y un alza del 11% en comparación con los registrados en enero de 2024, de acuerdo con el seguimiento de “Votar entre Balas” de la organización civil Data Cívica.
El 65% de los eventos ocurridos fueron asesinatos, con un total de 40 víctimas, incluyendo a Francisco Rojas Cano, exdiputado local del PAN en el Estado de México; Erik Galicia Ortiz, regidor morenista del municipio de Texcoco; así como Caleb Rodríguez Ortega, excandidato del Verde Ecologista a la presidencia municipal de San Pedro Pochutla, Oaxaca.
En total, durante el mes se registraron también cinco atentados, cuatro secuestros, tres ataques armados y dos casos de amenazas, crímenes dirigidos a exfuncionarios, servidores públicos en funciones e incluso a algunos familiares de actores políticos.
Focos rojos
Según el reporte de Data Cívica, los focos rojos de la violencia política en enero se ubicaron principalmente en Morelos, con un total de ocho incidentes, seguido de Sinaloa y Oaxaca, que sumaron siete eventos cada uno. Mientras tanto, Puebla y Tabasco contabilizaron cuatro y tres hechos, respectivamente.
Los estados de Veracruz, Estado de México, Jalisco, Guerrero y Guanajuato registraron dos hechos violentos cada uno, y Michoacán figuró con el caso del asesinato de un comandante de la Policía Municipal de Zamora.
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Destaca la creciente violencia en Morelos, que en enero se ubicó como la tercera entidad con la mayor tasa de víctimas de homicidio doloso por cada 100,000 habitantes, solo por debajo de Colima y Guanajuato.
Durante el mes, Graciela Cárdenas, síndica de Temixco; Nayeli Guadalupe Mares, alcaldesa de Ayala; y Mauricio Rodríguez, regidor de Cuautla, fueron víctimas de ataques armados de los cuales lograron sobrevivir. Sin embargo, cinco aspirantes a representantes comunales en Huitzilac fueron asesinados durante un acto político.
Riesgo de intromisiones
Carlos Luis Sánchez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que, ante estos hechos de violencia que afectan a todos los partidos políticos y considerando “la presencia y coacción del crimen organizado” en anteriores elecciones, las autoridades deben reforzar las acciones de prevención y seguridad para todos los involucrados en el proceso.
“En principio, atender cualquier denuncia de cualquier político o candidato a juez, tomarla en serio, atenderla de manera expedita y salvaguardar la integridad de todos los candidatos, de los funcionarios de casilla y de los periodistas que informan sobre cualquier abuso, coacción o persecución”.
Para el doctor en Ciencia Política, en la extraordinaria elección del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral (INE) debe considerar no solo el involucramiento o intromisión del crimen organizado, sino también el de los propios partidos políticos en esta elección y su posible interés en colocar ciertos perfiles en una instancia de impartición de justicia.
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Luis Sánchez señaló que, si bien “no se puede someter a elección popular la aplicación del estado de derecho”, advirtió que el clima de violencia política implicaría también “un sesgo que ponga en riesgo el principio de imparcialidad de las elecciones, ya sea por la presión de los partidos políticos o del crimen organizado”.
En ese sentido, el académico refirió que existe “la posibilidad de que, en los cargos de juzgadores, el crimen organizado apoye a unos candidatos sobre otros con la promesa de que serán indulgentes o que trabajarán en colaboración con ellos cuando asuman el puesto. Eso es lo que se deberá observar con detenimiento”, advirtió.
Pronósticos reservados
Respecto a la renovación de ayuntamientos en Veracruz y Durango, David Saucedo, estratega electoral y especialista en seguridad, consideró que el pronóstico de violencia política es reservado, pues, si bien opinó que Durango “está en calma”, se encuentra bajo un “dominio criminal” del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción de Ismael Zambada, El Mayo.
›Mientras tanto, en Veracruz sí consideró la posibilidad de un escenario de violencia contra los candidatos debido a que “hay varios grupos disputándose el control, principalmente el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y algunas organizaciones locales. Entonces, creo que va a haber impactos diferenciados”.
Al respecto, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, aseguró que se brindará seguridad a todos los aspirantes que así lo soliciten. “Que se comuniquen, que lo hagan por escrito, y a todos los que se sientan amenazados se les garantizará seguridad”, señaló el pasado 6 de marzo.
Por su parte, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, se ha mostrado confiado en que las votaciones del próximo 1 de junio se llevarán a cabo con seguridad y tranquilidad, al asegurar que la entidad “está a kilómetros de distancia de lo que está pasando en el país” en materia de inseguridad. Como muestra de ello, aseguró que, hasta la fecha, ningún candidato ha solicitado protección.
