Elección Judicial, prueba de fuego para el INE
Tiempo, dinero y esfuerzo son factores que deberá valorar el Instituto Nacional Electoral para organizar la elección de jueces. Profesionalismo, transparencia, confianza, credibilidad y ciudadanización, son los principios a preservar para la autoridad electoral
Contra reloj, sin cartografía electoral aplicable, sin un modelo de boleta de votación definido y amigable para el elector, sin leyes secundarias ni directrices técnicas, con una cuestionable facultad reglamentaria otorgada por los legisladores en apenas un artículo transitorio de la reforma constitucional. Así arranca el Instituto Nacional Electoral el que se advierte, hasta ahora, como el reto más importante en sus 34 años de vida: cumplir el mandato constitucional de organizar la primera elección judicial en la historia del México moderno.
Derivada de la aprobación de la reforma constitucional que estableció la elección, mediante voto popular, de ministros, magistrados y jueces, el INE tiene la obligación, también constitucional, de hacer realidad en 2025, por lo menos la primera mitad de este inédito y particular proceso, casi totalmente diferente a las tradicionales elecciones entre partidos políticos, pero de proporciones aún mayores porque se elegirán más de 1,600 juzgadores federales de diferentes niveles entre todos los candidatos que serán postulados. El reto implica, además de un enorme esfuerzo por las dimensiones, tareas inéditas en el órgano electoral, justo por el tipo de comicios que serán.
Presión de tiempos
Por ahora, aún si se da por descontado que el dinero no será un problema, el obstáculo más grande para el INE parece ser la premura con la que debe no solo organizar una elección sin antecedentes, también desarrollar todos los lineamientos que la regirán y ayudarán a resolver las controversias que surjan.
Además de casi legislar las reglas para la elección judicial, Guadalupe Taddei, Carla Humprey, Claudia Zavala Uuc-Kib Espadas, Jorge Montaño, Norma de la Cruz, Rita Bell López, Martín Faz, Jaime Rivera, Dania Ravel y Arturo Castillo, deberán hacer una proyección rápida pero precisa del costo de este nuevo e inédito proceso electoral judicial, pues tendrán que incluir ese costo en el proyecto de presupuesto que, en cuestión de unas cuantas semanas, deben remitir a la Cámara de Diputados para su aprobación y la posterior asignación del recurso necesario para garantizar la operación y el cumplimiento de las obligaciones, ahora aumentadas, del INE.
Garantía del voto
La autoridad electoral está obligada a asegurar que alrededor de 100 millones de mexicanos en condición legal para hacerlo, puedan emitir sus sufragios para elegir tres niveles de funcionarios judiciales en principio: jueces de Distrito, magistrados de Circuito y ministros de la Corte.
En 2024, la lista nominal de electores alcanzó 98.3 millones de mexicanos. Prácticamente todos esos ciudadanos pudieron ejercer su voto el 2 de junio en la elección federal de este año. De la misma manera, con independencia de cuántos acudan a votar para elegir a un aspirante a funcionario judicial, al que conocerán mucho menos que a un candidato de partido, en 2025 el INE deberá prepararse para recibir los votos de todas las personas inscritas en la lista nominal de electores.
Tener la capacidad para recibir esa cantidad de sufragios implicará, entre otras cosas, el reto logístico de instalar, otra vez, mas de 170 mil casillas, pero con una distribución territorial diferente y particular, pues mientras que para efectos electorales el país se divide en 300 distritos, para la impartición y la administración de la justicia, se divide en 32 circuitos judiciales; uno por cada entidad federativa.
Aparte está la garantía de respetar el derecho al voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Hay un millón 645 mil mexicanos expatriados con credencial para votar, más los que se acumulen en los siguientes meses. En 2024 eso implicó instalar casillas en 23 sedes consulares de Estados Unidos, Canadá y Europa, para recibir un poco más de 184 mil votos.
Capacitación electoral
El ejército de ciudadanos que regularmente instala las casillas y cuenta los votos surge de un proceso de sorteo que combina mes de nacimiento, letra inicial del primer apellido e insaculación. La participación, aún en caso de resultar sorteado, es voluntaria.
Por eso, los programas de capacitación del INE a sus funcionarios de casilla son enormes y recurrentes para cada elección constitucional, pues los ciudadanos que ejecutan la operación electoral no son funcionarios permanentes y por ello, nunca son los mismos de una elección a otra.
›Ahora, el modelo de capacitación que se requerirá para la elección judicial será, además, diferente en algunos aspectos al tradicional, pues aunque esencialmente instalarán casillas y contarán votos, esta vez los ciudadanos voluntarios enfrentarán situaciones diferentes.
La elección judicial no contempla y no tendrá, al menos de manera formal y abierta, las manos de los partidos políticos. Los programas de capacitación del INE para funcionarios de casillas están diseñados para celebrar elecciones entre partidos. Ahora, la capacitación deberá preparar a los ciudadanos para tomar decisiones, resolver dudas y contar votos por candidato, no por partido, con una boleta electoral cuyo diseño es otro de los grandes retos de la ejecución de la reforma.
Aún en el supuesto de que todo se haga de forma apegada a las prácticas electorales anteriores para evitar sobresaltos, subsisten dudas como la eventual existencia de un Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), fundamental para dar certidumbre en las elecciones que enfrentan a partidos. Con la cantidad de candidatos que habrá, imaginar un solo PREP parece caótico o incomprensible, pero también indispensable si se considera la necesidad de blindar contra cualquier tipo de sospecha la elección de juzgadores.
El dinero
Aunque no hay todavía nada definitivo, la danza de las cifras ya comenzó. Por austera que pudiera organizarse, y no puede ser muy austera si se pretende que sea una elección profesional y creíble, la primera elección judicial de México no será barata.
Las estimaciones, ninguna oficial, son de lo más variadas. Ricardo Monreal Ávila, cuando todavía era senador, el 2 de julio de 2024 habló de un costo de entre tres mil y tres mil 500 millones de pesos para elegir a mil 600 juzgadores. Lo hizo durante su participación en los Diálogos Nacionales para la Reforma Judicial, con una ponencia intitulada “Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial”.
El mismo 2 de julio, ya como candidata ganadora, Claudia Sheinbaum habló de una cifra que rondaría siete mil millones de pesos para la elección judicial según estudios que le habían proporcionado personajes cercanos al INE.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó un análisis de la iniciativa de reforma al Poder Judicial y dentro de sus conclusiones estimó que el costo del proceso electoral, que entonces era solo un proyecto, llegaría a los 30 mil millones de pesos.
Fuentes del INE que pidieron preservar el anonimato, compartieron con ejecentral en las últimas horas que, sin ser oficial ni tampoco exacto, los primeros grupos de trabajo para este propósito, todavía informales, pero ya funcionando en el órgano electoral, consideran un costo de la elección de entre 10 mil y 15 mil millones de pesos.
Sistema Nacional Electoral, a prueba
Dese que el INE se convirtió en la autoridad máxima en la materia y centralizó la función electoral se han lanzado criticas a la aparente duplicidad de funciones y estructuras ente él y los llamados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). La elección judicial exige tantas cosas nuevas de la autoridad comicial, que también resulta la ocasión perfecta para consolidar el Sistema Nacional Electoral con la adopción de una política de colaboración complementaria entre organismos locales y el gran organismo federal.
Comunicación indispensable
La otra vertiente, indispensable para lograr una elección judicial existorsa y concurrida, es la relación que el INE sea capaz de desarrollar con los medios de comunicación, pues sin su ayuda será imposible llevar la elección, y su importancia, a todos los potenciales electores.
Informar con oportunidad y evitar el uso del espacio mediático para restarle importancia a la elección judicial, son otras de las nuevas responsabilidades del organismo electoral.
Con información de Jonathan Nácar
