Elección judicial podría abrir puerta al crimen organizado, alerta la ONU

La elección judicial del próximo 1 de junio en México podría abrir la puerta a la “influencia indebida de las élites políticas y económicas o, lo que es peor, al crimen organizado”, advirtió la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite.

Lo anterior ocurriría si no se regula la conducta de las campañas o no existe la transparencia adecuada.

En el artículo titulado “¿Reformar la justicia o socavarla? La encrucijada judicial de México”, publicado por la organización Open Global Rights, el cual fue escrito junto con la abogada Aloysia Sonnet, se señala que la reforma judicial “ha provocado una preocupación generalizada a nivel nacional e internacional”.

“Estas reformas prometen ‘democratizar’ el poder judicial, pero ¿a qué costo?”, preguntan las autoras.

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Satterthwaite y Sonnet exponen que “si bien las elecciones pueden parecer inherentemente democratizadoras, la selección judicial por voto popular exige un escrutinio cuidadoso”.

Las autoras lanzan una batería de preguntas:

“¿Quién está calificado para postularse y quién toma esta determinación? ¿Cómo se garantizarán la competencia, el mérito y la ética, que son los criterios de referencia para la selección judicial? ¿Qué salvaguardas evitarán las influencias corruptoras de poderosos actores económicos? ¿Cómo se gestionará la transición al nuevo marco? ¿Puede un país reemplazar a casi todo su poder judicial, incluidos muchos de sus juristas más experimentados, sin dañar la calidad de su sistema legal?”.

El artículo apunta que si se descuidan “estas cuestiones críticas, la reforma corre el riesgo de convertirse en un caballo de Troya, atractivo a primera vista, pero peligroso para el sistema judicial y, por lo tanto, para la sociedad en su conjunto”.

Y se recuerda que como relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, se advirtió de los peligros en una comunicación formal al gobierno mexicano.

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Para la relatora de la ONU, el problema de la reforma judicial es que no garantiza la independencia de este poder y hay un desmantelamiento del mismo, lo que “asesta un golpe a la protección de los derechos humanos”.

Acusa que la elección judicial permite la injerencia de poderosos actores políticos y económicos, además de que descarta el criterio de selección previo basado en el mérito.

Otras preguntas que lanza, y siguen sin respuesta, son las siguientes: “¿Cómo protegerá el proceso contra la influencia del crimen organizado? ¿Qué medidas se adoptarán para atraer a juristas cualificados y con suficiente experiencia? ¿Qué papel jugará la sociedad civil en el proceso?”.

El texto abunda que las elecciones judiciales “corren el riesgo de priorizar la popularidad sobre la imparcialidad y la competencia”.

GSB.