Elección judicial 2025: Diputado de Morena en CDMX reconoce “casos aberrantes” entre candidatos
La organización Defensores ha expuesto algunos casos de candidatos vinculados a presuntos delitos. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum opinó que el que hayan sido postulados no significa que serán los que elija la ciudadanía
El diputado de Morena en la Ciudad de México, Alberto Martínez, reconoció que hay candidatos no aptos para la función judicial, en casos que calificó como “aberrantes”, aunque no dio nombres.
El morenista dijo desconocer cómo es que las instancias de evaluación aprobaron este tipo de perfiles, pero confió en que el pueblo de México está “politizado” y va a “detectar esos casos aberrantes”.
“Esta persona no tiene un tema de idoneidad, ¿cómo crees que se está proponiendo para juez de lo familiar y es un deudor alimentario? Bonita la cosa. Nosotros detectaremos estas situaciones pero también invitar a la ciudadanía a que se involucre. Parece lejana la fecha pero ya estamos cerca al domingo 1 de junio”, expuso en conferencia de prensa.
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A la presidenta Claudia Sheinbaum también se le preguntó el lunes qué pensaba de algunos candidatos al Poder Judicial, señalados por la organización Defensores, ante lo que contestó que “formalmente se hizo una revisión previa en la selección que se hizo”.
Además, matizó que “no necesariamente va a votar la gente por ellos”, en referencia a los perfiles polémicos.
Candidatos cuestionados
Miguel Meza, de la organización Defensores, ha expuesto, luego de recibir denuncias ciudadanas, que hay candidatos al Poder Judicial con presuntos vínculos con el crimen organizado o con algún delito.
“Un candidato que fue detenido el año pasado con un arma y quince bolsas de cristal, Humberto Briones, quien compite para juez penal en Nuevo León”, detalló en entrevista.
Fernando Escamilla Villarreal, candidato a juez penal en Nuevo León, fue abogado de Los Zetas, específicamente de Miguel Ángel Treviño “Z-40”, un narcotraficante que acaba de entregar México a Estados Unidos.
Además, “este candidato fue sentenciado en primera y en segunda instancia por portación ilegal de armas hace tres años”.
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“Lo delicado es que esta persona que hoy defiende a presuntos Zetas, este abogado ahora podría ser quien resuelva sobre la libertad de personas acusadas en el estado de Nuevo León. No podemos decir que es un narcotraficante, pero sí sabemos que defiende a personas con graves acusaciones de formar parte del crimen organizado”, explicó.
Ahí “hay un gravísimo conflicto de interés, donde una persona dedicada a defender a los acusados el día de mañana puede estar resolviendo sus asuntos”.
Otro caso es un candidato a magistrado en Sonora, Andrés Montoya, quien fue administrador penitenciario y es señalado como sospechoso de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota.
Hay un caso local, agregó Meza, que fue expuesto por Rosalinda Ávalos, policía de Investigación de San Luis Potosí, quien señaló que un candidato sorteado por el Congreso supuestamente tenía vínculos con el crimen organizado y habría estado relacionado con el asesinato de sus dos hijos en 2020.
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Y un quinto caso es el de Nicollino Cangiamilla, abogado y exdirector del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora, quien es candidato a magistrado. “Colectivos feministas de Sonora y familiares de la víctima lo señalan de haber encubierto un feminicidio que ocurrió adentro de una de las prisiones de Sonora. A lo largo de los años ha tenido otras acusaciones de estar relacionado con el crimen organizado”, aseveró Meza.
