El riesgo de la intervención partidista

23 de Septiembre de 2024

El riesgo de la intervención partidista

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La designación de jueces por voto plantea un reto inédito para el INE, que deberá encargarse tanto de la reglamentación como de la organización del proceso

La elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros amplía el riesgo de que los partidos políticos busquen intervenir, aunque sea de manera indirecta, en la candidatura de los perfiles a estos cargos.

Considerando que el proceso de elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya era un “asunto politizado” debido a la intervención del titular del Ejecutivo y del Senado de la República, para el exconsejero electoral Javier Santiago Castillo, tras la aprobación de la reforma judicial, la intromisión partidista parece “inevitable”, lo que pone en riesgo la imparcialidad judicial.

“Una elección es un acto político y van a buscar la manera de intervenir. Aunque no esté permitida la participación de los partidos políticos, todos van a buscar tener candidatos al poder judicial, y obviamente el partido en el poder, con mayor razón que los otros, porque tiene mayores posibilidades”, refirió.

En entrevista con ejecentral, el consejero electoral del INE durante 2014-2017 reiteró que, si bien aún deben definirse las leyes secundarias, los requisitos y el diseño del procedimiento para la elección de los cargos judiciales, se abre la puerta a la incidencia de los partidos políticos en los procesos que deberían ser imparciales.

Asimismo, señaló que se amplía la posibilidad de que personas con “menor preparación profesional” accedan a un nombramiento, al contrario de lo que ocurría con la legislación anterior, en la que su designación se basaba en su carrera profesional. “Ahora van a estar sujetos a una elección, lo que obviamente permitirá la injerencia partidaria de manera indirecta”.

Javier Santiago Castillo- INE
El consejero Javier Santiago Castillo, durante una sesión ordinaria del Instituto Nacional Electoral. FOTO: INE /CUARTOSCURO.COM / Foto: Cuartoscuro

El presidente del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal (1999-2006) apuntó que, si bien ya “había presiones políticas sobre los jueces y estos resolvían a modo”, ahora con la reforma hay una mayor probabilidad de que este fenómeno se amplíe y los juzgadores “respondan más a visiones políticas predeterminadas”. No obstante, refirió que esto siempre ha ocurrido y que la influencia de los partidos ya es una realidad constante en muchos procesos judiciales.

En ese sentido, Javier Santiago pronosticó un panorama similar a lo ocurrido en la elección de Comités Vecinales de la capital del país en 1999, donde, al igual que ahora, los partidos tenían prohibido por ley intervenir en el proceso. Aunque no lo hicieron evidente, sí ocurrió.

“Fueron los partidos políticos los que formaron las planillas para los comités vecinales de 1999. Obviamente, la ley se los prohibía, pero lo hicieron. Cuando vinieron las impugnaciones, era evidente qué partido apoyaba a tal o cual planilla, y ahora será algo similar, con los mismos riesgos de intervención y manipulación de los resultados finales.”

Un reto inédito

Para el también fundador de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, la probable intervención partidista en la elección de jueces y magistrados se deriva de la falta de reglamentación que el Congreso delegó al órgano electoral para hacer frente a un proceso inédito, que nunca antes había enfrentado México en su historia democrática.

“El Congreso de la Unión fue irresponsable al emitir la reglamentación de este proceso y dejarle en un transitorio toda la responsabilidad al INE, para una elección que es totalmente inédita”, comentó.

Al respecto, Santiago Castillo subrayó que, en los hechos, “el INE va a tener que legislar, elaborar una reglamentación, y el Tribunal Electoral va a tener que juzgar si esa legislación es correcta o incorrecta”.

Sin embargo, ante esta doble tarea de elaborar la normatividad y organizar las elecciones, y dado que no hay parámetros legales, el exconsejero electoral prevé un escenario adverso para juzgar si la normatividad es adecuada o si será necesario un nuevo ajuste legislativo para garantizar el éxito del proceso.

“Estamos ante algo que es totalmente inédito, empezando por el hecho de que los distritos judiciales no coinciden con los distritos electorales. Entonces, hay que elaborar una nueva cartografía; hoy en día no hay manera de calcular el costo de la elección, todo está oscuro y lleno de incertidumbre”, concluyó.