Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena y figura clave en la reciente reforma al Poder Judicial, ha declarado que la elección de jueces, magistrados y ministros se realizará el próximo año, con o sin la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta afirmación se produce en un contexto de creciente tensión entre el Poder Legislativo y el Judicial, donde algunos analistas advierten sobre un potencial choque inédito que podría amenazar la estabilidad del país.
En entrevista con ejecentral, Monreal Ávila se mostró confiado en la fortaleza de la Cuarta Transformación; no obstante, su postura ha generado inquietud, especialmente tras sus llamados al Instituto Nacional Electoral (INE) para que ignore cualquier orden judicial que impida la organización de elecciones para el nuevo poder judicial.
›Monreal Ávila desestimó las preocupaciones sobre una crisis constitucional. “¡No hay una crisis constitucional!”, afirmó con firmeza. Para él, los llamados al desacato no son un llamado a la insurrección, sino una defensa de sus derechos como legislador, respaldado por la inmunidad parlamentaria que posee.
A su juicio, la narrativa de crisis es parte de una “actitud mañosa y perversa” de algunos ministros de la SCJN, que buscan desacreditar la reforma. Como abogado y legislador, minimiza los amparos y acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma, sosteniendo que la SCJN no tiene la capacidad para invalidar una reforma constitucional, algo que, según él, nunca ha ocurrido.
La controversia se ha intensificado desde que la SCJN aceptó a trámite una controversia constitucional presentada por el gobierno de Guanajuato en contra de la reforma, además de un amparo de 71 diputados de la oposición y resoluciones de jueces federales que han detenido la organización de las elecciones.
Al respecto, Monreal Ávila fue cuestionado sobre la decisión del INE de solicitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que levante las suspensiones dictadas por los jueces federales.
“Desde mi punto de vista, era innecesario que pidiese el consentimiento o la definición jurídica y constitucional del Tribunal Electoral porque las suspensiones son improcedentes”, argumentó. Para él, esas resoluciones violan el principio de legalidad y reflejan una intromisión de facultades, ya que son dictadas por un órgano y un juzgado que no tienen competencia para hacerlo.
Monreal Ávila insistió en que el ámbito electoral no es revisable por la justicia federal ordinaria, ya que es una materia especializada donde sólo los tribunales electorales pueden decidir sobre las consecuencias jurídicas y políticas de las inconformidades presentadas.
Sin embargo, la oposición sostiene que las suspensiones no se centran únicamente en el tema electoral, sino que se relacionan con presuntas violaciones a los derechos humanos de los juzgadores. Monreal Ávila, en cambio, rechazó esta afirmación, reiterando que “no procede recurso alguno contra la reforma constitucional”, y enfatizó que la supremacía de la reforma constitucional está vigente.
Ante el discurso de crisis constitucional que ha circulado en diversos círculos políticos, Monreal Ávila reafirmó su posición: “¡No la hay! Hay una actitud mañosa, perversa, que han provocado ministros de la Corte para intentar distraer lo que en el fondo subyace: que no quieren la elección de jueces, ministros y magistrados, pero esa se va a hacer con o sin su consentimiento”.
Con un tono desafiante, Monreal Ávila reiteró que la reforma ya es derecho positivo y es obligatorio que todos los ciudadanos la respeten.
Aseguró que no incita a una crisis constitucional, sino a una transformación necesaria del Poder Judicial, que, según él, ha estado plagado de “corrupción, nepotismo y tráfico de influencias”.
La aceptación de la controversia por parte de la Suprema Corte ha llevado a algunos a cuestionar si existe la posibilidad de que se declare la reforma como inconstitucional. Monreal Ávila se mostró escéptico, afirmando que “no procede ninguna controversia constitucional”, citando jurisprudencias anteriores de la Corte que respaldan su argumento.
Cuando se le preguntó sobre el llamado al INE para que desacate las suspensiones de jueces federales, Monreal Ávila defendió su postura: “El legislador no puede ser reconvenido por nadie; puede decir lo que quiera y hacer llamados a lo que quiera”. Subrayó que no puede haber ningún órgano que expida una suspensión que afecte al Poder Legislativo.
El ambiente enrarecido en el que se desarrolla esta conversación lleva a la inquietud de que se esté “mandando al diablo las instituciones”. Monreal Ávila se mostró firme al sostener que no es así; según él, son los ministros quienes están ignorando la Constitución al emitir resoluciones que vulneran el principio de legalidad.
En cuanto a la solución a este conflicto, el legislador insistió en que todo se reduce a un simple llamado: “¡Qué respeten la Constitución y la ley!”. A su parecer, el país está atravesando un proceso de transformación sin precedentes que inevitablemente encontrará resistencias. Sin embargo, se muestra satisfecho de que este cambio esté ocurriendo, incluso ante la oposición de grupos minoritarios.
El coordinador de los diputados de Morena no elude la posibilidad de juicios políticos en contra de jueces que violen el principio de legalidad, aunque enfatiza que, por ahora, lo más prudente es actuar con sensatez y serenidad. Reitera que la presidenta de la República ha sugerido mantener un enfoque mesurado y no apresurarse a medidas extremas.
Este panorama tenso refleja un punto de inflexión en la política mexicana, donde el equilibrio de poderes y la legitimidad de las reformas constitucionales están bajo el escrutinio público.
Con la inminente elección de nuevos jueces, magistrados y ministros, la pregunta que muchos se hacen es si el país podrá navegar este proceso sin caer en una crisis mayor, o si, por el contrario, las decisiones que se tomen marcarán el rumbo del Poder Judicial en los años venideros.
