La Constitución ha sido testigo y motor de profundas transformaciones. En los últimos seis años, se han reformado 44% de los artículos y se espera que a mediados del sexenio de Claudia Sheinbaum se modifique casi la totalidad del articulado, según legisladores morenistas.
El presente capítulo marca un hito. Los defensores de los cambios radicales a la Carta Magna argumentan que las reformas son necesarias para democratizar y modernizar las instituciones, pero hay especialistas y políticos que advierten sobre una peligrosa concentración del poder en el Ejecutivo Federal.
El próximo 5 de febrero, México conmemora 108 años de la promulgación de su Constitución. En este 2025, la efeméride parece estar teñida de una pregunta crucial: ¿la Carta Magna de hoy está tan alejada de su espíritu original como para justificar estos cambios radicales?
Entre las reformas más polémicas se encuentra la elección popular de jueces y magistrados, una medida que promete acercar la justicia a los ciudadanos. Según Raúl Contreras Bustamante, exdirector de la Facultad de Derecho de la UNAM, esta propuesta tiene el potencial de legitimar al Poder Judicial al hacerlo más responsable ante el electorado. Sin embargo, los críticos advierten que podría comprometer su independencia frente a las presiones políticas inherentes al proceso electoral.
El abogado Francisco Burgoa señala que esta disposición podría abrir la puerta a cambios que desafíen los principios básicos del sistema democrático o de derechos humanos, desde la reelección presidencial hasta la pena de muerte para secuestradores, esta última, una propuesta que ha impulsado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
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Este 2025 será un año crucial, pues se materializará la reforma al Poder Judicial con la elección de ministros, jueces y magistrados.
Para los defensores, este mecanismo acercaría a los ciudadanos al proceso judicial, obligando a los jueces a rendir cuentas directamente al electorado. Sin embargo, los expertos alertan que, lejos de garantizar independencia, podría someter al Poder Judicial a los vaivenes políticos y debilitar el principio de neutralidad que debe caracterizarlo. La transparencia y el mérito, advierten, no siempre son compatibles con la lógica de las urnas.
Por otro lado, la extinción de organismos autónomos y la transferencia de sus facultades al Ejecutivo han polarizado a la opinión pública. Mientras que los promotores de estas medidas aseguran que eliminan duplicidades y ahorran recursos, sus críticos ven un intento por concentrar el poder en detrimento de los contrapesos institucionales. La desaparición de estas entidades marca un antes y un después en el diseño del Estado mexicano, cuestionando los equilibrios construidos durante décadas.
Este proceso de reformas, descrito por sus arquitectos como una refundación, no se limita al ámbito legal. Implica, como señala Contreras Bustamante, un cambio profundo en la cultura jurídica del país: una transformación que requiere tiempo, capacitación y recursos para ser efectiva. La magnitud de los cambios ha planteado un desafío titánico para su implementación. Más allá del papel, las reformas exigen políticas públicas efectivas, presupuestos robustos y una capacitación profesional masiva.
La historia de esta metamorfosis constitucional está lejos de escribirse por completo. En el centro del debate se encuentra una pregunta fundamental: ¿serán estas reformas el pilar de un México más justo y democrático, o el reflejo de una visión política que concentra el poder en unas pocas manos? Lo cierto es que la Constitución, ese texto que una vez prometió ser un marco de estabilidad, hoy parece estar en constante movimiento, configurando un futuro incierto pero ineludiblemente decisivo.
En las primeras décadas de vida de la Constitución, las modificaciones fueron relativamente limitadas, ya que el país estaba consolidando su nueva estructura política bajo el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante este período, las reformas fueron orientadas principalmente a fortalecer el poder del Estado y centralizar la administración pública.
La estabilidad política del país, bajo el liderazgo del PRI, permitió que la Constitución sirviera como una herramienta para garantizar el control del gobierno sobre las instituciones del Estado y las fuerzas sociales.
Sin embargo, las reformas constitucionales empezaron a tomar un ritmo más acelerado a partir de la década de 1970, cuando el país comenzó a enfrentar nuevos desafíos económicos y sociales. Durante este período, se modificaron artículos clave para enfrentar problemas como la desigualdad, la pobreza y la modernización del Estado.
La Reforma Agraria, que se había consolidado en la primera parte del siglo XX, empezó a ser replanteada debido al crecimiento urbano y al cambio en la estructura económica del país. La centralización del poder se vio reflejada en la Constitución a través de reformas que fortalecían el control del Estado sobre el desarrollo económico y social.
A partir de la década de 1990, bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, las reformas constitucionales adquirieron una nueva dimensión, con un enfoque en la liberalización económica y la integración de México en la economía global.
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La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 fue un hito en este proceso, y trajo consigo una serie de reformas constitucionales que buscaban adaptar la legislación mexicana a los estándares internacionales en materia de comercio, inversiones y derechos humanos.
Fue en este periodo cuando se introdujeron reformas significativas en áreas como la propiedad privada, los derechos de los trabajadores, y la relación entre el Estado y las empresas extranjeras.
En este contexto, las reformas de los noventa fueron un intento por parte del Estado mexicano de modernizarse y alinearse con los principios del neoliberalismo económico.
Aunque se promovieron como necesarias para el crecimiento económico del país, estas reformas también abrieron el debate sobre la soberanía nacional y la relación del Estado con el poder económico. Las críticas apuntaban a que estas reformas favorecían más a los intereses empresariales y extranjeros que a las necesidades sociales del pueblo mexicano.
La transición hacia la democracia, que culminó en 2000 con la elección de Vicente Fox como presidente, también impulsó una serie de reformas constitucionales destinadas a fortalecer los principios democráticos en el país.
Durante este periodo, la reforma política y electoral fue uno de los temas centrales. La creación del Instituto Federal Electoral (IFE) y la implementación de sistemas de votación más transparentes fueron pasos importantes para garantizar la imparcialidad y la legitimidad de los procesos electorales.
Estas reformas, junto con la modificación del artículo 41 para permitir la reelección de diputados y senadores, reflejaron un esfuerzo por avanzar hacia una democracia más representativa y participativa.
En el siglo XXI, las reformas constitucionales han continuado a un ritmo acelerado, en muchos casos motivadas por las demandas de la sociedad civil, la presión internacional y la necesidad de adaptarse a nuevos retos.
La reforma de derechos humanos de 2011, que incorporó a la Constitución los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México, fue un paso importante en este sentido.
Con esta reforma, el país se comprometió a garantizar la protección de los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos, incluidos aquellos pertenecientes a minorías y grupos vulnerables.
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No obstante, las reformas constitucionales recientes han generado un debate sobre la concentración de poder en manos del Ejecutivo. Bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la reforma del Poder Judicial ha sido uno de los puntos más controvertidos.
La propuesta de permitir la elección popular de jueces, magistrados y ministros ha sido defendida como un medio para democratizar la justicia en México. No obstante, los críticos argumentan que esta reforma pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y favorece una mayor centralización del poder en el Ejecutivo.
Según algunos analistas, la medida podría abrir la puerta a un sistema de justicia subordinado a los intereses políticos del gobierno en turno, lo que pone en peligro el equilibrio entre los poderes del Estado.
En el siglo XXI, la Constitución mexicana se enfrenta a la encrucijada de preservar su legado como un documento fundamental para la justicia social, mientras se adapta a un entorno de transformación política y económica.
Así, la Constitución mexicana ha sido testigo de las luchas sociales y políticas del país. Cada reforma ha sido una respuesta a las demandas de la sociedad y a las tensiones políticas internas.
Hoy, a 108 años de su promulgación, la Constitución sigue siendo un documento fundamental que refleja tanto los logros como los desafíos de la nación mexicana en su búsqueda de justicia, democracia y bienestar para todos sus ciudadanos
La implementación de tecnologías de la información en el ámbito judicial puede representar una gran ventaja para agilizar los trámites y hacer que los procesos sean más transparentes.
El dato. La Constitución se acerca a las 800 modificaciones. La primera reforma fue en 1921.
