Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, muchos representantes de México en el exterior, tanto de la rama diplomático-consular como de la técnico-administrativa, así como sus familias, vivieron en condiciones muy precarias en sus nuevas residencias.
A lo largo de meses o incluso años, se encontraron en casas y departamentos casi completamente vacíos, sin el mobiliario necesario para llevar una vida digna. Apenas si contaban con la ropa que habían traído en sus maletas de viaje.
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Esta lamentable situación se debió a que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no pagó en tiempo y forma el servicio de mudanza correspondiente, lo que generó una grave afectación para los diplomáticos, quienes debieron esperar durante largos periodos para que sus pertenencias fueran trasladadas a su destino.
Debido a esto, la empresa encargada del servicio de mudanzas se negó a entregar los menajes hasta que no se liquidara el adeudo por sus servicios.
Las implicaciones de este error, que no se corrigió durante todo el sexenio, fueron numerosas y afectaron la vida cotidiana de los diplomáticos y sus familias de manera significativa.
Vivir sin los muebles y objetos esenciales para las actividades diarias como comer, dormir y realizar tareas, llevó a muchos a enfrentar situaciones tan extremas como dormir en el suelo o comer en el suelo, rodeados de incomodidades que resultaban completamente injustificables.
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Diplomáticos y diplomáticas, junto a sus hijos, se vieron obligados a adaptarse a estas difíciles condiciones, algo que, como se sabe, no debería ser parte de los sacrificios a los que se someten los representantes diplomáticos del país.
Cabe destacar que los empleados de la Cancillería asignados a una sede en el extranjero son sujetos a cambios de adscripción y, por lo tanto, de residencia.
Así, un periodo pueden estar despachando en una ciudad como San Antonio, y al siguiente año, tras un traslado ordenado por la Secretaría, deben mudarse a otra ciudad o país como Tokio, Oslo o cualquier otro destino que se les haya asignado para representar a México.
Este tipo de reubicaciones es frecuente dentro del Servicio Exterior Mexicano, lo que significa que los diplomáticos deben enfrentar el constante desafío de trasladar sus enseres personales.
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En este contexto, existe una prestación histórica y completamente justificada: la SRE es la encargada de cubrir los costos de la mudanza del menaje de casa cada vez que un diplomático sea trasladado a una nueva sede, así como a su domicilio correspondiente.
Esta prestación está claramente establecida en la Ley del Servicio Exterior Mexicano, Capítulo IX, de los Derechos y Prestaciones de los Miembros del SEM, específicamente en la Fracción III del Artículo 47.
En dicho artículo se establece la obligación de la SRE de cubrir los gastos de transporte e instalación de los bienes personales de los miembros del servicio exterior, incluyendo a los cónyuges e hijos menores de edad que vivan con ellos, lo que resulta en una garantía para que los diplomáticos no tengan que afrontar de su propio bolsillo este tipo de gastos.
Cambios en la gestión de mudanzas: de la eficiencia al caos
Hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, el procedimiento en la Cancillería era relativamente sencillo y transparente: se solicitaba al diplomático trasladado que presentara tres presupuestos de empresas de mudanzas que él conociera y que le ofrecieran garantías de buen servicio.
De entre esos tres presupuestos, la SRE elegía la empresa con las condiciones más favorables (generalmente la más económica). Sin embargo, el diplomático siempre tenía la opción de elegir una empresa diferente, siempre y cuando cubriera la diferencia de costos entre las opciones.
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Durante el sexenio pasado, sin embargo, el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Moisés Poblanno Silva, quien asumió la responsabilidad de la contratación de la empresa encargada de las mudanzas, tomó la decisión de modificar este sistema.
Se acabó con la práctica de solicitar tres presupuestos y dar opciones a los diplomáticos. En su lugar, se optó por la concentración del servicio y la elección de una sola empresa que se encargara de todos los traslados.
Se adjudicó un contrato grande y se asignó a la empresa Sancalsa como la única encargada de realizar todos los traslados de los menajes de casa.
Lamentablemente, los resultados de este cambio fueron desastrosos. La empresa elegida, Sancalsa, demostró una total incapacidad para cumplir con los compromisos adquiridos.
Hubo un desorden absoluto, numerosos incumplimientos, justificaciones incoherentes y, al final, una serie de hechos que podrían implicar actos de corrupción y desvío de recursos.
Impacto en los derechos de los diplomáticos
Los diplomáticos que llamaban de manera recurrente para preguntar sobre el estado de sus pertenencias recibían respuestas que indicaban que la empresa no había recibido el pago correspondiente. “La Cancillería no nos paga”, explicaban los empleados de Sancalsa, quienes, a pesar de su contrato, no podían entregar los menajes a los diplomáticos afectados.
El escándalo que se desató dentro del Servicio Exterior fue considerable. Más de 100 diplomáticos y sus familias se vieron afectados por retrasos que no fueron de días, sino de meses o incluso años.
En algunos casos, los diplomáticos tuvieron que cancelar el servicio de mudanza contratado debido a que, antes de que sus pertenencias llegaran a su nueva sede, ya habían sido reubicados nuevamente por la propia SRE.
En otros casos, los diplomáticos no solo experimentaron largos retrasos, sino que también perdieron sus pertenencias.
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Aunque la Cancillería alegó que la empresa no pudo cumplir debido a que fue rebasada por la cantidad de trabajo, la empresa Sancalsa insistió en que su incapacidad para entregar los bienes se debía a la falta de pago por parte de la Secretaría.
A pesar de las explicaciones dadas, algunos menajes fueron retenidos en bodegas y, después de transcurrido un plazo establecido en el contrato, fueron destruidos.
A día de hoy, sigue siendo incierto de qué lado radicó el incumplimiento. Sin embargo, es evidente que el asunto requiere una investigación exhaustiva. Además de los muchos diplomáticos afectados, existe una clara falta de transparencia en el manejo de recursos públicos.
El dinero destinado para pagar los servicios de mudanza provenía de un presupuesto etiquetado, es decir, un fondo que no podía ser utilizado para ninguna otra actividad. Lo que ocurrió fue que, aunque el dinero estaba disponible, el servicio que se debía financiar nunca se prestó.
Pero las irregularidades no se limitan sólo al problema con las mudanzas. Otro de los temas que destacó durante el sexenio pasado fue la asignación de boletos de viaje.
Los miembros del Servicio Exterior Mexicano tienen derecho a viajar a México, con sus familias, al menos cada dos años, y el costo de los boletos de avión corre a cargo de la Cancillería.
Sin embargo, al igual que con las mudanzas, el proceso de asignación de estos boletos se volvió cada vez más errático, desorganizado y problemático.
Muchos diplomáticos, en lugar de poder disfrutar de este derecho, se vieron obligados a financiar el costo de su transporte con su propio salario, ya que los boletos nunca llegaban o se otorgaban con grandes retrasos, lo que complicó aún más su situación y les generó frustración.
