Difieren entidades en clasificación de delitos

Si a nivel nacional se aplicarán los criterios que utiliza Colima para clasificar los llamados delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, en México se habrían reportado más de 90 mil homicidios dolosos y no los 25 mil 288 reconocidos oficialmente en 2023.

En dicha entidad, de un total de dos mil 906 delitos de este tipo (homicidios, lesiones, feminicidios y abortos), 32% fueron catalogados como homicidios dolosos (934 casos) y ninguno fue colocado en el renglón de “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal”.

En contraste, si el país aplicara los parámetros de Baja California Sur, a nivel nacional se habrían reportado sólo dos mil 500 homicidios dolosos, una décima parte de los que oficialmente se notificaron el año pasado.

En 2023, la entidad peninsular informó que hubo dos mil 586 delitos que atentan contra la vida; de ellos, sólo 0.9% fueron homicidios dolosos (24 casos) y 8.1% fueron clasificados como “otros delitos” (210 casos).

Colima y Baja California son los dos extremos de un fenómeno que pone en duda la credibilidad de las estadísticas criminales en el país, específicamente en el rubro de homicidios, el indicador que suele ser utilizado por los gobiernos para medir los niveles de violencia y como termómetro para determinar si las estrategias contra la inseguridad están o no dando resultados.

En el primer caso, la Fiscalía General de Justicia de Colima cataloga todos los delitos como homicidio, lesiones, feminicidio y aborto, sin dejar ningún caso en la ambigüedad que representa el “otros delitos”, cajón que según la metodología del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), incluye casos como inducción o ayuda al suicidio, el peligro de contagio o la inseminación artificial no consentida.

En el segundo caso, las autoridades de Baja California Sur reportan una baja incidencia de homicidios, pero se dispara de manera exponencial el rubro de “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal”, sin que se tenga evidencia de un descontrol en casos de suicidios, contagios o inseminaciones ilegales.

Esta situación, en la que el renglón de “otros delitos” supera ampliamente a otras categorías como los homicidios, va en contra de las recomendaciones del SESNSP. De acuerdo con el manual oficial denominado “Instrumento para el registro, clasificación y reporte de los delitos y las víctimas CNSP/38/15”, la etiqueta “otros delitos” debe utilizarse sólo de manera excepcional.

El objetivo del registro de delitos, explica el documento, es homologar los registros entre las entidades federativas, “lo que implica que el responsable del llenado del formato debe utilizar las categorías de ‘otros delitos’ la menor parte de las ocasiones, sólo en casos en los que no exista una correspondencia aceptable en la definición conceptual entre delitos denominados de forma distinta”.

La organización Causa en Común, dedicada al análisis de las políticas públicas en materia de seguridad, ha analizado la falta de supervisión y auditoría a los datos que arrojan las fiscalías estatales, y ha llegado a la conclusión de que se trata de un “signo de posible manipulación de las cifras de incidencia delictiva”.

Fernando Escobar Ayala, investigador de Causa en Común, especializado en sociología de las violencias, seguridad pública y militarización, afirma que el fenómeno comenzó desde finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero durante el gobierno de López Obrador se han acentuado, ya que “hemos notado que a nivel nacional en la medida en que disminuye el número de homicidios dolosos que se reportan oficialmente, aumenta el número de víctimas por otros delitos que atentan contra la vida”.

Para en analista, se trata de una categoría ambigua en la que no se tiene claridad sobre qué tipo de delitos se están empaquetando. “Todo parece apuntar a que los delitos de homicidios se trasladan a la categoría de ‘otros delitos que atentan contra la vida’, aprovechando su naturaleza tan imprecisa”, subraya.

Al respecto, el director del Observatorio Nacional Ciudadano sobre Seguridad, Justicia y Legalidad, Francisco Rivas, sostiene que hay un fenómeno asociado a la deficiente clasificación de delitos que contribuye a la baja credibilidad de las estadísticas sobre incidencia delictiva.

›“Sabemos que en el país se han localizado más de cinco mil fosas clandestinas; sin embargo, los mexicanos no sabemos cuántas víctimas de homicidio hay en esas fosas ni cómo fueron registradas. Lo que encontramos es que no hay evidencia que exista una reclasificación de las carpetas de investigación por desaparición a carpetas de investigación por homicidio doloso”, ejemplifica Rivas.

El Observatorio Nacional Ciudadano ha realizado una estimación del número de delitos que atentan contra la vida y la integridad personal, sumados a los casos relacionados con las muertes violentas no investigadas y con la falta de reclasificación de las víctimas encontradas las fosas clandestinas. “Lo que encontramos es que hay probablemente un subregistro de homicidios que oscila entre las 20 mil y 80 mil personas que han muerto y que nadie la reportó como tal”.

En marzo de este año, en el marco de las campañas rumbo a las elecciones presidenciales del pasado 2 de junio, el ONC publicó el reporte Final de sexenio, se confirma el fracaso de cumplir las metas de seguridad. Una de las conclusiones del documento es que la calidad de la información sobre incidencia delictiva empeoró. “Se perdieron los esfuerzos de la administración federal pasada de mejorar la calidad de los registros de incidencia delictiva del fuero común”, refiere el texto.

Para cerrar la gestión del presidente López Obrador, el organismo identificó un crecimiento “inexplicable” de categorías opacas: de 40% en “otros delitos contra el patrimonio”, de 175% en “otros delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual”, de 94% en “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal”, de 54% en “otros delitos que atentan contra la libertad personal” y de 25% en “otros delitos del fuero común”.