El debate sobre el futuro del Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado un nuevo giro, especialmente entre los diputados de oposición Rubén Moreira y Héctor Saúl Téllez.
Ambos legisladores advierten que el INE podría perder su credibilidad si decide no acatar las suspensiones provisionales impuestas por jueces federales, las cuales frenan la organización de las elecciones para la selección de ministros, jueces y magistrados. Moreira, coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, enfatizó la gravedad de la situación, recomendando a la autoridad electoral que cumpla con las órdenes judiciales. “Las repercusiones políticas y legales podrían ser severas, incluyendo desde multas hasta la destitución de consejeros”, expresó.
“¡Tengan cuidado!”, exclamó el legislador en una entrevista con ejecentral, donde subrayó la diferencia entre la responsabilidad colectiva de 500 diputados y la individual de los miembros del INE.
Moreira enfatizó que, a diferencia de los legisladores, quienes pueden diluir su responsabilidad a través de la mayoría, los consejeros del INE están sujetos a una mayor vigilancia y pueden enfrentar consecuencias personales significativas si no actúan conforme a la ley.
›Por su parte, Téllez, del PAN y autor de amparos contra la reforma al Poder Judicial, agregó que si el INE ignora a los jueces federales, perderá su autoridad moral para exigir respeto a sus propias resoluciones. “Esto sentaría un precedente peligroso”, afirmó, al señalar que tal acción no solo socavaría la credibilidad del INE, sino que también podría inspirar a futuros candidatos y partidos a desafiar las decisiones del organismo electoral.
Téllez también argumentó que las suspensiones no violan la materia electoral, sino que son medidas para proteger los derechos humanos de los trabajadores del Poder Judicial. “Desconocer estas suspensiones es un desafío tanto jurídico como político”, explicó, sugiriendo que un incumplimiento por parte del INE confirmaría las sospechas de una falta de autonomía en la institución. Además, consideró que este desacato podría erosionar la confianza pública en el sistema electoral, lo que, a su vez, afectaría la estabilidad democrática del país.
Ambos diputados coincidieron en que, aunque actualmente México no atraviesa una crisis constitucional, la situación podría cambiar drásticamente si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se opone a la reforma al Poder Judicial y la Cuarta Transformación ignora sus dictámenes.
“Si no la hay, estamos a minutos, a cinco minutos”, alertó Moreira, quien se mostró preocupado por las implicaciones de un desacato por parte de la Cuarta Transformación hacia la SCJN.
“Una crisis constitucional no solo deslegitimaría el proceso electoral, sino que también podría llevar a un colapso del orden institucional”, añadió.
La preocupación radica en que un desacato de la SCJN por parte de la Cuarta Transformación podría llevar al país a una crisis constitucional, lo que podría resultar en un clima de inestabilidad política. Los dos legisladores advirtieron que la situación es aún más crítica dado el contexto actual, en el que el discurso político ha estado marcado por la polarización y la desconfianza entre las distintas fuerzas políticas.
Al preguntarle si los llamados de desacato emitidos por algunos políticos de Morena y el PT son ilegales o inmorales, Moreira afirmó que incitan a una crisis constitucional “y en la práctica se traducen en un golpe de Estado”.
“No se puede ignorar la notificación de un juez”, subrayó, insistiendo en que la independencia del poder judicial es fundamental para el funcionamiento de la democracia en México.
Por otro lado, Téllez destacó que la SCJN tiene el derecho de pronunciarse sobre reformas constitucionales vigentes y espera que las autoridades políticas actúen con sensatez ante un posible desenlace. “Es crucial que la presidenta Sheinbaum y los líderes de Morena, PVEM y PT respeten la resolución de la Corte”, refirió. En cuanto a la posibilidad de juicios políticos contra los juzgadores que se opongan a la reforma, la presidenta Claudia Sheinbaum ha aconsejado precaución.
A pesar de los llamados a juicios políticos que surgieron al final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su administración se ha mostrado reticente a seguir ese camino. “No queremos que los juzgadores se victimicen ni que se nos vea como un gobierno autoritario”, afirmó Sheinbaum.
Sin embargo, Téllez advierte que, en cualquier momento, los políticos de la 4T podrían retomar la idea de llevar a cabo juicios políticos. “Sería alarmante llegar a un escenario donde se discuta un juicio político en lugar de dialogar sobre la crisis constitucional”, declaró, sugiriendo que tal acción confirmaría un estado autoritario.
Los juicios políticos en México han sido utilizados más como herramientas mediáticas que como mecanismos de sanción eficaces, con una falta de solicitudes exitosas en casi un siglo.
La única exfuncionaria que estuvo cerca de enfrentar una resolución fue la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, cuyo caso fue llevado a la Cámara de Diputados, pero no prosperó en el Senado. En este contexto, la falta de acción efectiva en el pasado plantea serias dudas sobre la capacidad del sistema político para abordar situaciones de crisis y la posibilidad de que se repitan patrones de abuso de poder.
A medida que el INE se encuentra en el centro de este debate crítico, la necesidad de preservar su autonomía y credibilidad se vuelve más apremiante. La presión sobre el organismo electoral para acatar las resoluciones judiciales será un factor determinante en la defensa de la democracia en México y en el futuro de la institucionalidad del país.
