México es el país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que más trabaja, con un total de dos mil 207 horas laborales al año, y ocupa el primer lugar a nivel mundial con los mayores niveles de estrés laboral.
Al menos 75% de la población ocupada en el país padece fatiga por exceso de trabajo, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se trata de un síndrome conocido como “burnout”, que repercute en problemas de salud como ansiedad y enfermedades cardiovasculares, entre otros, cuya prevalencia en México es mayor a la de países como China o Estados Unidos.
Bajo esa realidad, la propuesta de reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, cuya discusión en el Congreso se ha ido rezagando en los últimos dos años, podría implicar mayor productividad y mejores condiciones de salud para los trabajadores.
Con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la intención de modificar el artículo 123 de la Constitución se retoma, ya que la “instauración paulatina de la semana laboral de 40 horas” es uno de sus 100 compromisos “para la transformación”.
“Que nos sentemos en una mesa para que esta, que es una demanda de algunos trabajadores y trabajadoras, sea tomada en cuenta y que podamos llegar a un acuerdo con los empleadores y empleadoras, para que esto pueda ser una realidad en un proceso paulatino”, refirió la mandataria en su conferencia de prensa del 3 de octubre pasado.
Avance gradual
Precisamente, uno de los cuatro proyectos que buscan reactivar la discusión en la Cámara de Diputados para instaurar la semana laboral de cinco días por dos de descanso “con goce de salario íntegro” incluye un aspecto que había sido motivo de preocupación del sector patronal: la gradualidad para su implementación.
Se trata de la iniciativa del diputado de Morena, Manuel Vázquez Arellano, que propone instaurar la disminución de la jornada laboral gradualmente: seis meses para las empresas grandes; año y medio para las medianas; dos años para las pequeñas y 3.5 años para las microempresas.
Sin embargo, líderes patronales, especialistas y los propios legisladores han externado preocupación por los posibles impactos negativos, como el fomento al subempleo y la contratación informal, especialmente en sectores como el comercio y los servicios.
“Evidentemente, va a haber impactos financieros para las empresas. Uno de los sectores más afectados va a ser el manufacturero y el industrial, porque son los que tienen a la mayoría de los obreros o del sector obrero que trabaja todavía los seis días, que son alrededor de ocho millones de personas”, señaló el abogado laboral Diego García Saucedo.
Impactos diferenciados
Si bien la reducción de la jornada laboral apuesta por una mayor productividad derivada de un mayor descanso y una mejor calidad de vida de los trabajadores, representantes del sector empresarial han pedido considerar la rentabilidad y operatividad que tendría en las MiPymes, que representan el 52% de los ingresos y emplean a 27 millones de personas.
En ese sentido, Pedro Haces Barba, diputado morenista y líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), ha señalado que la medida implicaría la contratación de horas extras, lo que se traduciría en mayores costos a los consumidores, “y hay que tener mucho ojo, porque puede traer una inflación”, advirtió.
›Para Diego García, socio director de la firma García Velázquez Abogados, las empresas grandes podrían enfrentar dificultades para reorganizar sus operaciones y tal vez necesiten recurrir a horas extras o nuevos turnos, lo que aumentará sus costos.
Mientras que las microempresas podrían verse obligadas a modificar completamente su operación, lo que podría incentivar la informalidad si no se contemplan estímulos fiscales. “Si las pequeñas y microempresas de por sí ya tienen una carga fiscal fuerte, podrían abrazar la informalidad para poder mantener la fuente de empleo”, apuntó.
Los sindicatos también tienen sus reservas. Para el abogado García Saucedo, algunos trabajadores, por ejemplo, de la industria restaurantera, podrían resistirse al cambio, pues si bien la iniciativa plantea no reducir salarios, la “verdadera fórmula de ingreso” para los meseros son las propinas que generan a partir de sus horas de servicio.
La reforma va
Al respecto, Saucedo subrayó que el “punto medular” para que en la iniciativa de Morena se considere la inclusión de posibles estímulos fiscales para la implementación de la reducción de la jornada laboral es “para que las empresas de reciente creación busquen ser formales desde el principio”. Por lo que consideró que uno de los aspectos que deberían considerarse en su implementación sería hacerlo desde el punto de vista de la generación de dinero y no del número de empleados de las empresas.
“Hay empresas de tres personas, pero como desarrollan aplicaciones para grandes empresas generan 30 millones de pesos al año. Entonces se puede considerar una empresa grande por el valor económico y por supuesto que tienen los recursos para implementar en seis meses la reforma”, apuntó.
Dos de los principales argumentos en los que se basa la iniciativa refieren que la reducción de la jornada derivará en un trabajador motivado y, por tanto, más productivo, lo que a su vez reduciría el impacto o la carga para los institutos de seguridad social y, por lo tanto, se brindaría un mejor servicio.
No obstante, en la opinión de Diego García, son supuestos que resultan un tanto “utópicos”, pues aseguró que son aspectos que no están relacionados directamente, aunque desde el ámbito patronal, aconsejó a las empresas prepararse desde ahora, pues pese a los vacíos pendientes, hay una alta probabilidad de que la reforma se apruebe.
“Pudiera ser que se dialogue un poco sobre ciertos puntos, pero si se transforma en la prioridad para la administración, va a pasar. Yo le aconsejo desde el ámbito patronal que estén preparados, que analicen cuáles serían sus impactos financieros, sus impactos jurídicos, dialogar con los sindicatos, porque se viene este cambio”, refirió.
Desafíos para las empresas
Aunque los beneficios potenciales de una semana laboral reducida son evidentes, la propuesta no está exenta de desafíos, especialmente para los sectores más pequeños. Según la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), muchas empresas familiares y negocios de bajo presupuesto podrían tener dificultades para asumir los costos adicionales que implicaría la contratación de personal extra o el pago de horas adicionales.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, las MiPymes enfrentan una carga fiscal considerable que podría verse intensificada por la reforma.
Por lo tanto, expertos sugieren que la implementación de medidas fiscales que acompañen esta reducción podría ser crucial para evitar el colapso de muchas de estas pequeñas empresas.
Algunos defensores de la reforma apuntan que la mayor productividad no solo se derivaría de una mejor salud de los trabajadores, sino también de un cambio en la dinámica laboral. Se ha observado que la motivación y el bienestar general de los empleados son factores clave para el aumento de la productividad.
Sin embargo, expertos en recursos humanos advierten que no todas las industrias funcionan de la misma manera, y que la efectividad de la reducción de la jornada laboral dependería del tipo de trabajo y de la manera en que las empresas logren adaptar sus procesos.
En sectores como el tecnológico, donde las jornadas extendidas suelen estar asociadas a mayores niveles de creatividad, la reducción podría representar una ventaja.
La reforma busca aliviar este problema mediante una reducción gradual en las horas laborales. Para muchos trabajadores, esta medida ofrecería la posibilidad de equilibrar mejor la vida personal y profesional, lo que también podría tener un impacto positivo en la retención y satisfacción laboral.
Sin embargo, algunos sindicatos ya han señalado que la implementación debe ir acompañada de salvaguardias para evitar la explotación de los trabajadores bajo la forma de subempleo o trabajos informales.
La clave de la reforma podría estar en su gradualidad. Si bien el gobierno y los legisladores se enfocan en los beneficios de una jornada laboral más corta, los expertos coinciden en que la transición debe ser cuidadosamente planificada. Las empresas necesitarán tiempo para adaptarse a la nueva estructura sin que ello afecte su productividad.
Las pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) en particular, necesitarán una planificación cuidadosa y acompañamiento fiscal para evitar que se vean obligadas a cerrar o a recurrir al empleo informal.
Algunos consideran que esta transición gradual podría equilibrar los intereses de los empleadores con las necesidades de los trabajadores, minimizando los posibles efectos negativos mientras se maximiza el impacto positivo en el bienestar social y económico del país.
