Aunque el Congreso Federal ya aprobó las reformas secundarias y modificó las leyes electorales, persisten importantes dudas sobre la organización de los procesos para elegir jueces y magistrados, a raíz de la reforma electoral. Así lo aseguró Felipe de la Mata Pizaña, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Uno de los puntos clave que señaló es la falta de claridad sobre la jornada electoral, pues aunque la ley establece que las votaciones inician el primer domingo de junio, no precisa una hora de cierre para las casillas, lo que genera incertidumbre sobre si los ciudadanos podrán votar hasta que comience el cómputo de los votos.
Además, no está definido cuántas urnas se requerirán o si las candidaturas podrán tener representantes en los consejos distritales e incluso solicitar recuento de votos, puntualizó.
Otro tema que preocupa es la distribución de tiempos en radio y televisión, ya que no se ha definido cómo se asignarán estos espacios ni si afectarán los procesos electorales locales de 2025.
De la Mata Pizaña también cuestionó cómo se garantizará la equidad en las campañas, considerando que las candidaturas sólo pueden financiarse con aportaciones personales. Esto plantea el riesgo de desigualdad entre quienes cuentan con mayores recursos y aquellos que no.
Por otro lado, señaló que si bien la reforma define qué se considera como actos de campaña, deja sin resolver qué sanciones se impondrán en caso de actos anticipados.
De igual manera, De la Mata cuestionó cómo se puede garantizar la equidad para la participación de los candidatos en entrevistas noticiosas y foros si se tienen 5 mil candidaturas de por medio. Señala también que la reforma prohíbe erogaciones en redes sociales o medios digitales para amplificar sus contenidos, lo que genera incertidumbre sobre si esta restricción afectará a quienes ya cuentan con una amplia base de seguidores respecto a quienes no.
Una de las interrogantes más llamativas que hizo De la Mata, es que la ley establece que se utilizará una boleta por cada tipo de elección, pero surge la duda sobre cuántas boletas recibirá la ciudadanía, considerando la cantidad de cargos a elegir en cada proceso.
En cuanto a la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el magistrado alertó que asumir la revisión de impugnaciones electorales implica retos importantes, pues estos procesos requieren experiencia específica y tiempos precisos. Aún no está claro si la Corte aplicará los mismos criterios del TEPJF o establecerá nuevas reglas para resolver controversias.
El magistrado del Tribunal Electoral destacó la falta de claridad en la fiscalización de las candidaturas pues la reforma permite al INE solicitar información sobre la evolución patrimonial de los aspirantes, así como de sus cónyuges y dependientes económicos, sin restricciones del secreto bancario, fiduciario o fiscal. Sin embargo, no aclara si es adecuado permitir financiamiento de parejas o familiares.
Finalmente, el magistrado subrayó la necesidad de resolver cómo se garantizará la equidad en los comités de evaluación, responsables de analizar los perfiles de las candidaturas. Advirtió que la ley no explica cómo garantizar la equidad entre estos ni cómo evitar que se comprometa la imparcialidad si se excluye la integración de quienes fueron directores de partidos, pero no de militantes.
Pese a estas interrogantes, De la Mata Pizaña reiteró su confianza en que el INE y el TEPJF garantizarán certeza en los comicios, tal como lo han hecho durante las últimas tres décadas.
