Datos personales, en riesgo por reforma: Adrián Alcalá Méndez, comisionado del INAI
Adrián Alcalá Méndez, comisionado del INAI
/EjeCentral
El INAI advierte que la desaparición del instituto dejaría los datos personales de los mexicanos vulnerables ante la delincuencia organizada y sin protección adecuada
Los datos personales de los mexicanos quedarían vulnerables ante la delincuencia organizada si no se modifica el dictamen de la reforma constitucional que desaparece al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Así lo advierte el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, luego de que la Cámara de Diputados descongeló la modificación que extingue a siete órganos autónomos por motivos de austeridad. El dictamen propuesto no contempla una autoridad que implemente medidas de protección a los datos personales.
“Quedamos en el limbo, quedamos en la inseguridad total. Mejor le damos a la delincuencia organizada y dejamos abiertos todos nuestros canales, todas nuestras contraseñas. Creo que estaríamos en un mundo mucho más inseguro. No estamos hablando de un trámite, un servicio, una licencia de funcionamiento, un permiso de uso de suelo, ¡no! Estamos hablando de derechos humanos”, exclama.
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En entrevista con ejecentral, Alcalá Méndez destaca que los comisionados no van a bajar el telón del INAI sin defender a la institución hasta el último momento. Por eso insiste a los legisladores en que hagan una pausa para revisar las inconsistencias y deficiencias de la modificación que se discutirá esta semana en San Lázaro.
Aunque la 4T ya anunció la defunción del INAI, el comisionado sigue optimista.
“Hay especulaciones de que va a pasar, hay pensamientos derrotistas, pero yo no soy un derrotado (…) Otro modelo podría ser más eficaz y eficiente; debatamos esa situación. Yo no estoy peleando por mi cargo, estoy peleando por los derechos de los mexicanos y las mexicanas”, enfatiza.
“Total oscurantismo”
Alcalá Méndez señala que en el dictamen hay “total oscurantismo”, pues no se sabe qué va a pasar con casi 800 trabajadores, quién va a operar los datos de ocho mil sujetos obligados que están en la Plataforma Nacional de Transparencia ni qué sucederá con el arrendamiento del edificio del INAI, entre otros aspectos.
“El dictamen es tan ambiguo, tan laxo, tan oscuro, que no contempla todos estos aspectos (…) la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿quién la administrará?, ¿el Poder Ejecutivo?, ¿y el Poder Judicial va a permitir eso?, ¿el Poder Legislativo lo va a permitir?, ¿un órgano autónomo permitirá que el Poder Ejecutivo controle y administre todo el procesamiento de solicitudes de información, todos los recursos de revisión?”, cuestiona.
La Presidencia anunció que será la Secretaría Anticorrupción, dirigida por Raquel Buenrostro, la que se encargará de operar la Plataforma Nacional de Transparencia; sin embargo, para el comisionado, la dependencia sólo tiene jurisdicción en el ámbito federal y no puede ordenar la transparencia de otras instancias, como el Poder Judicial, con el cual ha tenido enfrentamientos por las implicaciones de la reforma judicial.
“Respecto al edificio (sede del INAI), también quisiera contestar con total certeza, ¡pero hay ambigüedad! Efectivamente, el arrendamiento financiero es a 20 años, se firmó en el año 2012. Debemos aproximadamente 220 millones de pesos de capital insoluto. ¿Qué va a pasar con ellos?, ¿qué va a pasar con el acreedor?, ¿a quién va a demandar el acreedor?”, cuestiona Alcalá Méndez.
Otra de las dudas es si la Cámara de Diputados les dará recursos para 2025. El dictamen establece un periodo de 90 días para la extinción.
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Alcalá Méndez también adelanta que los comisionados negocian para que el plazo se extienda por un año.
“Consideramos que, para toda la implementación se necesita un año, porque además hay una cuestión de la que poco se ha hablado: el impacto que tiene en las entidades federativas. El artículo 116 también se pretende reformar y elimina a los órganos garantes de transparencia. Entonces, ¿quién mandará ahí?, ¿los municipios, los estados?, ¿quién va a tomar esta batuta? Hay que establecer normas y procedimientos”, dice.
No convencen los planes de Sheinbaum
De manera escueta, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que revisa la posibilidad de que haya independencia técnica en casos relacionados con el acceso a la información pública.
“Bienvenida esa instancia técnica siempre y cuando tenga dos características: autonomía e independencia. No podemos ser juez y parte”, respondió Alcalá Méndez.
El comisionado presidente del INAI no está de acuerdo con el planteamiento de la secretaria Raquel Buenrostro, quien adelantó que los tribunales administrativos serán la instancia que medie para evitar que el gobierno actúe como juez y parte en las solicitudes de los ciudadanos.
“Trasladar las funciones revisoras de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales al tribunal administrativo, como lo dijo la secretaria Buenrostro, para evitar ser juez y parte, sería también un retroceso por diferentes cuestiones. Primero, los servicios del INAI no cuestan. Para acudir a un tribunal de justicia administrativa, se debe contratar a un abogado especializado”, puntualiza.
“Segundo, con nosotros el procedimiento es 100% en línea. Allá, los procedimientos son escritos y muy pocos son electrónicos. Tercero, nosotros resolvemos en 24 días hábiles desde que llega la queja; los procesos allá tardan más de un año, un procedimiento normal u ordinario”, precisa.
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Agrega que las resoluciones del INAI son definitivas, pero si una persona acude a un tribunal administrativo, la autoridad se pone al mismo nivel que el particular y puede usar todos los mecanismos de defensa jurisdiccional, lo que implicaría que el caso se prolongue más tiempo.
“Resolvimos el caso de una mujer que pidió su expediente clínico; era una persona de la tercera edad, con cáncer terminal, que no tenía dinero. Ordenamos que le entregaran sus documentos gratuitamente, con cláusulas de accesibilidad. ¿Imagínense si hubiera tenido que ir al Tribunal de Justicia Administrativa?, ¿cuánto tiempo le habría tomado recibirlos?”, ejemplifica.
La Cámara de Diputados discutirá y votará esta semana la reforma de simplificación orgánica. En San Lázaro también comienza a analizarse el paquete económico 2025. El INAI solicitó un presupuesto para el próximo año de 993 millones de pesos, un 10 % menos que el presupuesto aprobado para este año.
