Crisis y controversias en la CNDH
Crisis en la CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha estado marcada por críticas y controversias, con titulares acusados de corrupción, servilismo y omisiones en casos cruciales de derechos humanos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha tenido siete titulares. Todos han sido criticados durante sus gestiones, pero las administraciones de Rosario Piedra y Raúl Plascencia han sido las más polémicas, rechazadas por activistas y víctimas, señaladas por presuntos actos de corrupción, criticadas por su “servilismo al poder” y por usar a la institución para intereses políticos o personales.
La historia de la Comisión Nacional comienza con Jorge Carpizo McGregor, quien fue nombrado por el presidente Carlos Salinas de Gortari como el primer ombudsman. Entonces, era una CNDH creada por decreto presidencial como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, pero fue el mismo Carpizo, uno de los primeros en advertir que la institución debía ser apolítica y apartidista para que la sociedad tuviera confianza en la imparcialidad de las recomendaciones ante violaciones de derechos humanos.
En el primer semestre al frente de la CNDH, el exrector de la UNAM no sólo tuvo que sentar las bases de una nueva institución, sino que informó sobre la presentación de mil 343 quejas, de las cuales se concluyeron 397, además de la presentación de 33 recomendaciones, sobre todo por tortura y privación de la libertad por parte de policías.
La mayoría de las quejas fueron interpuestas en contra de la Policía Judicial Federal, sobre todo por casos relacionados con la sección antinarcóticos; mientras que las primeras recomendaciones fueron dirigidas a la Procuraduría General de la República por la actuación ilegal de algunos elementos.
En su primer informe, Carpizo aclaró que había funcionarios que no comprendían el papel de la CNDH y que pusieron todos los obstáculos posibles al desarrollo de las investigaciones.
“La actuación de la Comisión no crea ni auspicia ni un problema político y, si se presenta durante la intervención de la Comisión Nacional, el mismo se origina por la violación del derecho humano, la indignación que ello causa a la sociedad y el reclamo social de seguridad y de justicia. Ante la falta de aplicación de la ley, la Comisión Nacional no se detendrá frente al argumento de que esa aplicación puede causar un problema político”, enfatizó.
Para el tercer semestre de la CNDH, el número de quejas concluidas fue de mil 892 y las recomendaciones aumentaron a 75.
Carpizo, luego de haber discutido ampliamente con el Consejo de la CNDH, impulsó una reforma para que la Comisión fuera constitucional. Se aprobó en 1992.
El segundo ombudsman fue Jorge Madrazo Cuéllar, exdirector de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A él le tocó revisar las violaciones a derechos humanos tras la aparición del movimiento zapatista en Chiapas.
“Yo decía que era muy extraño que, estando el conflicto militar, se haya determinado la presencia del ombudsman allí. Fue complicado, difícil e inédito”, dijo en una entrevista.
La CNDH creó entonces un programa permanente de trabajo en la zona de los Altos y la Selva de Chiapas para investigar violaciones a los derechos humanos. Envió visitadores adjuntos, médicos forenses, criminólogos, entre otros especialistas.
En sólo cuatro meses, de enero a mayo de 1994, la CNDH recibió 274 quejas relacionadas con el conflicto armado que involucraron 889 agraviados. Hubo quejas por desapariciones, tortura, homicidios, detenciones arbitrarias, lesiones, abuso de autoridad, amenazas, robo, ataques aéreos… Las quejas, en su mayoría, fueron interpuestas por militares, integrantes del EZLN y presidentes municipales. En ese periodo se concluyeron 228 expedientes y el informe fue público.
Mireille Roccatti fue la primera mujer al frente de la CNDH. Destacó que la figura de ombudsman “no debe recibir instrucciones ni indicaciones de autoridad o servidor público sobre el desempeño de sus atribuciones” y pugnó además por la independencia de la institución, al asegurar que no es “un cuarto poder” y que se le debería dotar de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios.
Con una reforma constitucional, el 13 de septiembre de 1999, la CNDH logró la autonomía de gestión y presupuestaria, y los titulares ya no fueron elegidos por el presidente de la República, sino por el Senado. Su administración pasó desapercibida y, al no tener el apoyo de los legisladores, sobre todo de los panistas, Roccatti tuvo que dejar la CNDH en noviembre del 99, dos años antes de lo previsto.
Entonces, José Luis Soberanes asumió la titularidad de una CNDH autónoma. Fue el primer ombudsman en ser reelecto y estar una década en el cargo. En la recta final de su gobierno calificó al sexenio de Vicente Fox como “una farsa”. En una entrevista a La Jornada dijo: “Su compromiso no quedó más que en palabras o discursos bonitos que nunca se concretaron. Cuando se le planteaba avanzar en el tema nunca hubo respuesta. Muchas veces sentí que nos veía como mal necesario”.
Del gobierno de Felipe Calderón dijo que, al estar marcado por problemas políticos, no hizo un planteamiento en materia de derechos humanos.
A Soberanes le tocó ser titular de la CNDH en un momento crucial: la guerra declarada por el gobierno federal en contra del crimen organizado. Sin embargo, según una numeralia oficial de la CNDH, durante su encargo se hicieron 261 recomendaciones; en contraste, Rosario Piedra lleva mil 156 en cinco años.
Fue en la gestión de Soberanes cuando comenzaron las críticas por el dispendio de recursos públicos, comenzando con el sueldo del ombudsman, que era de 149 mil 340 pesos mensuales, más que el ingreso del presidente Felipe Calderón, que era de 146 mil 830 pesos.
La organización Fundar destacó que en 2008, la CNDH ocupó 54.6 millones de pesos para “estímulos al personal”; mientras que a “gratificaciones de fin de año” asignó 39.5 millones de pesos, cifra superior a lo que destinaron la Presidencia de la República y las secretarías de Relaciones Exteriores, Turismo y Energía, se leía en la prensa. Además, investigaciones periodísticas revelaron que el titular de la CNDH tenía un seguro de gastos médicos mayores por cinco millones de pesos y un mes de alimentos por 90 mil pesos.
En noviembre de 2009 llegó a la presidencia de la CNDH Raúl Plascencia Villanueva, el primero en ocupar el cargo y ser señalado por diversos colectivos defensores de derechos humanos por no haber defendido los intereses de las víctimas, ser omiso en diversos casos de relevancia nacional, haber emitido recomendaciones tardías e incompletas y haber construido una residencia valuada en 20 millones de pesos.
En septiembre de 2014, unas 85 personas y las ONG presentaron a la Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra Plascencia Villanueva al considerar que “faltó a su mandato de defender a las víctimas”.
Años después de su administración, en los documentos hackeados por el grupo Guacamaya al Ejército, se encontraba un informe crucial sobre el actuar de Plascencia.
El documento reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional se había negado a apoyar las aspiraciones de Plascencia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, como represalia, el ombudsman emitió la recomendación para que el asesinato de 22 personas en Tlatlaya fuera considerado de lesa humanidad para evitar que prescribiera.
Ante tantas críticas, sobre todo de víctimas, el Senado sepultó la reelección de Plascencia y eligió a Luis Raúl González Pérez, exabogado general de la UNAM, como el siguiente ombudsman. Los políticos lo identificaban por haberle dado carpetazo al asesinato del excandidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, cuando se desempeñó como fiscal especial del caso.
La gestión de González Pérez fue de claroscuros y le tocó revisar uno de los casos de violaciones a derechos humanos que aún tiene resonancia: la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Organizaciones civiles le reprocharon que en su recomendación encubrió la tortura, pese a tener todas las pruebas para enfrentar al gobierno de Enrique Peña Nieto.
El ombudsman calificó el caso Ayotzinapa como el “más complejo” en la historia de la Comisión Nacional. Dijo que las autoridades violentaron el derecho a la verdad, que la actuación indolente y omisiones de instancias de procuración e impartición de justicia ocasionaron la pérdida de evidencias, que hubo colusión entre autoridades y organizaciones criminales y que diferentes instancias públicas obstaculizaron el trabajo de la CNDH.
Entonces llegó Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia y se encargó de desprestigiar a los titulares de la CNDH, a quienes calificó como “floreros y alcahuetes”. González Pérez lo enfrentó.
Fue Andrés Manuel López Obrador el que impulsó la designación de Rosario Piedra como titular de la CNDH. Metió la mano en el proceso, como no lo habían hecho los presidentes desde que la CNDH consiguió su autonomía.
La gestión de Rosario Piedra estuvo marcada desde el inicio por la sospecha del fraude. Nunca antes en la historia de la Comisión Nacional se habían juntado tantas voces de víctimas, organizaciones civiles, activistas, funcionarios, políticos y líderes de opinión como ahora para reprochar la actuación apreciada como servil de una ombudsperson ante el gobierno federal.
ejecentral dio a conocer una carta que enviaron trabajadores de la CNDH a la presidenta Claudia Sheinbaum el 18 de septiembre pasado, en la que acusan a Piedra y al secretario ejecutivo de la CNDH, Francisco Estrada, de actos de corrupción, amiguismo, negligencia y haber llevado a la institución a una crisis sin precedentes.
La reelección de Piedra Ibarra, la primera morenista y activista en asumir la titularidad de la CNDH, se dio en medio de la polémica. Fue la candidata peor calificada por las comisiones del Senado y la más criticada, sobre todo, por sus omisiones.
