Crisis en exportadora de sal, conflicto y declive

La Exportadora de Sal (ESSA), la salinera más grande del mundo enfrenta una crisis que abarca desde problemas financieros hasta un conflicto laboral que amenaza con desembocar en una huelga. A un año de su nacionalización, la empresa ha registrado una caída en producción y ventas, además de tensiones internas entre el sindicato y la dirección general. Esta situación refleja los desafíos de su administración y la incertidumbre sobre su futuro inmediato.

A la serie de irregularidades, malos manejos y corrupción que arrastra la empresa ESSA, la salinera más grande del mundo, se suma un nuevo conflicto entre el sindicato salinero y la nueva dirección general, que podría derivar en una huelga de los trabajadores.

El diferendo ocurre a un mes de cumplirse el primer año de su “nacionalización”, anunciada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, con la compra de las acciones del ahora exsocio japonés Mitsubishi, convirtiéndola en una empresa 100% del sector público nacional.

Así, todo indica que los cambios no han sido del todo favorables, y así lo demuestran los números. En 2023, la empresa, ubicada en Guerrero Negro, Baja California Sur, produjo 5.2 millones de toneladas de sal, de las cuales se vendieron 4.2 millones de toneladas. Estas cifras representan los números más bajos registrados en los últimos 35 años de la paraestatal.

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Con una deuda que hasta inicios del año pasado ascendía a 12.9 millones de pesos en pasivos contingentes, equivalente a un monto ocho veces mayor a lo que el gobierno desembolsó por el 49% de las acciones de Mitsubishi, para este año ESSA recibirá un presupuesto de 987 millones de pesos, 15% menos de lo que recibió en 2023.

Bajo ese escenario, el conflicto laboral que actualmente atraviesa Exportadora de Sal pone en el centro del debate las tensiones entre el sindicato salinero, liderado por Luis Martín Pérez Murrieta, y la dirección general a cargo de Moisés Poblanno Silva, quien asumió en octubre pasado por acuerdo unánime del órgano de gobierno de la empresa productiva.

En entrevista con ejecentral, ambas partes dieron su postura por separado respecto a las diferencias derivadas de la serie de políticas que, desde el 17 de enero, puso en marcha la administración de la empresa sectorizada a la Secretaría de Economía. Estas medidas han llevado a una marcha y a la exigencia de renuncia de los actuales directivos de ESSA por parte de los trabajadores sindicalizados.

Puntos de tensión

Cambios en la gestión de las horas extra de trabajo, incluyendo la eliminación del domingo como día laboral, que suele ser utilizado para el acarreo de sal; la prohibición de los “ascensos por promoción” o capacidades; y la modificación del pago de nómina semanal a quincenal, son parte de las políticas que el líder sindical asegura atentan contra los derechos del contrato colectivo de los trabajadores y afectan la operatividad de la empresa.

“Más allá de eso, es la forma en que viene actuando esta gente, con prepotencia y autoritarismo, sin importarles que tengamos registrados ante las autoridades los convenios y los contratos. Tratan de dirigir la empresa como si fueran los dueños; ese es el problema”, señaló Pérez Murrieta.

Para el secretario general del sindicato, el discurso de “austeridad” con el que asumieron sus cargos tanto el director general como el director de Administración y Finanzas, César Efraín Valdés Moreno, contrasta con los “carros nuevos” que ambos traen y los “cargos bien remunerados” que otorgaron a personas cercanas a ellos, con la creación de una dirección adjunta y la dirección de marina.

“Pedimos respeto a las garantías consignadas en el contrato colectivo y la destitución de este señor (Moisés Poblanno). Es cuestión de que se sienten y escuchen, pero parece que les dan un poder y lo extralimitan, lo magnifican y empiezan a actuar por cuenta propia, porque dudamos que Marcelo Ebrard haya dado ese tipo de instrucciones o la misma presidenta Sheinbaum”, comentó Pérez Murrieta.

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En contraste, Moisés Poblanno, quien señaló a Luis Martín de no querer dialogar, defendió las decisiones tomadas como un esfuerzo por garantizar la viabilidad financiera acorde al “nuevo régimen” y las recientes disposiciones de la Secretaría de Hacienda, pues aseguró que “el uso indiscriminado de los recursos financieros obviamente va en detrimento de la capacidad productiva”.

El extitular de la unidad de administración y finanzas en la Cancillería rechazó que con las nuevas políticas se pretenda quitarles las horas extra o alguna otra prestación a los trabajadores, sino establecer una planeación correcta de los tiempos en las áreas que así lo requieran, lo soliciten y que así se devengue.

“Si trabajas 15 minutos, una hora, dos horas, la empresa está obligada a pagarte las ocho horas. No podemos pagar lo que no se trabaje; tenemos que maximizar los recursos de la empresa. Tenemos trabajadores que, con estos tiempos extra y otro tipo de bonos, llegan a ganar 30 mil, 32 mil, 33 mil pesos a la semana”, refirió Poblanno.

Otro de los puntos de quiebre tiene que ver con las prestaciones de los trabajadores. “Yo no he atentado contra ninguna de las prestaciones que tienen por ley y que han ido ganando a lo largo de los años”, subrayó el director al señalar que se mantienen sus 80 días de aguinaldo, los ascensos y el uso de las categorías.

No obstante, reiteró su negativa a permitir que sea el sindicato el que otorgue los contratos a los trabajadores eventuales, cuando la autoridad encargada de hacerlo es la dirección general a través del área de recursos humanos. “En ningún lado hemos visto eso, o sea, ¿de qué se trata? Yo no puedo soltar los contratos al sindicato para que ellos sean quienes recaben estas firmas”.

Lección no aprendida

Tras denunciar una serie de irregularidades y presuntos abusos, incluyendo la falta de pago de utilidades y reembolsos cuestionables por millones de dólares a clientes como Mitsubishi, registrados entre 2006 y 2012, Juan Álvaro Miranda Alvarado, líder del sindicato salinero de 2013 a 2015, amagó con irse a huelga.

Sin embargo, Álvaro Miranda, fallecido durante la pandemia de COVID-19, dialogó con la dirección general y ofreció una manera para que los trabajadores tuvieran derecho al pago de horas extra y un bono de productividad a cambio de aumentar la producción, bajar costos y elevar los ingresos para los trabajadores y la empresa.

Como resultado, en 2014 se produjeron 8.6 millones de toneladas de sal, logrando ventas por nueve millones de toneladas, siendo el periodo de 2013 a 2015 en el que se registraron los mayores ingresos en dólares, las mayores ventas, la mayor producción y productividad en la historia reciente de la salinera.

Aunque Luis Martín Pérez Murrieta, exdiputado y regidor por el PAN en Baja California Sur, buscó retomar algunas de las políticas de su antecesor al frente del sindicato, desde 2018 comienza el declive en producción y ventas, y una década después de las conquistas de los trabajadores con la fórmula de aumentar la productividad para disminuir costos, el amago de una inédita huelga ronda por la salinera.

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“No somos un sindicato de choque. Tenemos 65 años de relación obrero-patronal y nunca hemos tenido una huelga. El año pasado tuvimos una revisión de contrato colectivo donde aceptamos el 1.5% de aumento. Que me diga alguien qué empresa o institución de gobierno tuvo el 1.5% de aumento. Sabíamos que no teníamos que abusar de la empresa, aunque nos tratan como si tuviéramos un contrato abusivo”, señaló el líder sindical.

Para el director general, el hecho de que al final de 2023 los tres millones de toneladas que estaban “estancadas” pudieron venderse, y que, para este año, las cerca de siete millones de toneladas de producción proyectadas “ya las tengo comprometidas para venta”, no es motivo para “derrochar los recursos”, como aseguró pretende el sindicato que se haga con el pago de horas extra sin trabajar.

“Hemos hecho una buena labor para colocar el producto y tener finanzas sanas. Como que no ven esta parte de que es un nuevo gobierno, que es una nueva forma de administrar, una nueva forma de dirigir”, subrayó Poblanno Silva.

Pronóstico reservado

La transición tras la salida del socio japonés; la baja en producción y ventas; la permanencia en áreas clave de funcionarios señalados por la Auditoría Superior de la Federación de cometer irregularidades; y un preocupante rezago en la modernización, son el telón de fondo del conflicto interno que compromete los objetivos de sanear las finanzas e incrementar la productividad de la empresa.

Cuestionado al respecto, el director general reconoció la “poca atención” que se les ha dado a las observaciones de la ASF. No obstante, sostuvo que la disciplina de su formación en la función pública es distinta. “Yo sí estoy formado con una disciplina en la cual mi prioridad es siempre atender las observaciones y las recomendaciones que hace el ente auditor, y más como la Auditoría Superior de la Federación”.

Moisés Poblanno admitió que recibió “una empresa con muchas áreas de oportunidad, con mucha necesidad de modernización, sobre todo”. Aunque aseguró que los trabajadores han hecho un “buen trabajo” por mantener en funcionamiento las barcazas existentes, refirió que actualmente solo tiene una en mantenimiento mayor y otra que fue rentada, pero que el año pasado estaba subutilizada por la baja productividad. No obstante, reconoció que el puerto de carga en Isla de Cedros “hace 50 años que no se le hace una inversión mayor”.

En ese sentido, el director general aseguró que para este 2024 los recursos se focalizarán en una inversión para la renovación y modernización de Isla de Cedros, por lo que los mil 156 millones de pesos que el año anterior implicó el pago de nómina, que representó un aumento del 44.7% respecto a 2018, no es compatible con las condiciones y objetivos actuales de la paraestatal.

“Este año lo que queremos es maximizar los recursos para tener una mejor productividad y las mayores utilidades posibles para invertirlas en la propia empresa, que es parte de la modernización. Pero sí teníamos muchísimo gasto en cuanto a recursos humanos; o sea, los trabajadores sí recibieron bonos de productividad cuando obviamente no fue así”.

All respecto, el líder sindical sostuvo: “A nosotros nunca nos han dado dinero, y si bien es cierto que se compró la empresa con 1,500 millones de pesos, nosotros en los últimos 12 años le dimos al gobierno, por concepto de impuestos sobre el producto del trabajo, más de mil 600 millones. Podemos decir que con el dinero de nosotros se compró la empresa también”.

A la espera de que sus agremiados sean escuchados por Marcelo Ebrard y Marath Bolaños, secretarios de Economía y del Trabajo y Previsión Social, respectivamente, Luis Martín Pérez recalcó que los nombramientos de Moisés Poblanno y Efraín Valdés, a quienes calificó de “prepotentes”, abonan al “desastre” que persiste en la empresa.

“Vienen dirigiendo la empresa como si fuera de ellos, ignorando el contrato colectivo que tenemos, sin privilegiar el diálogo. No tienen ningún conocimiento del manejo de empresas productivas, que es uno de los motivos por los que esta empresa se esté yendo a pique de manera permanente desde hace algunos años”, refirió Pérez Murrieta al recordar que Exportadora de Sal sostiene la economía de toda la región: “Si esto se cae, bueno, se cae el pueblo”.

En respuesta, Moisés Poblanno, quien cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey y ha desempeñado cargos en áreas del derecho, administración y políticas públicas, confió en poder restablecer el diálogo, pese a considerar que el líder sindical ha asumido la discrepancia como un asunto personal.

“Tenemos ya 20 años en el servicio público; sabemos lo que es ser funcionarios públicos, y mucho más dirigir una paraestatal. La tarea que nos dio el señor secretario Ebrard y la presidenta Sheinbaum fue cuidar los recursos de los mexicanos, y más ahora que es 100% una paraestatal, más ahora que son recursos de todos los mexicanos, pues hay que maximizarlos, hay que echarla a andar y obtener los mejores beneficios para la propia empresa”, concluyó.

Las decisiones administrativas recientes han generado una fuerte tensión laboral, reflejando los retos de transformar ESSA en una empresa eficiente bajo gestión pública.

5.2 millones de toneladas de sal produjo ESSA en 2024, la cifra más baja en 35 años.

15% de recorte presupuestal en-frenta la empresa en 2025, pues reci-birá 987 millones 
de pesos.