La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este viernes que revisará si debe bloquear una demanda de México contra varios fabricantes de armas. El gobierno mexicano acusa a estas empresas de facilitar el flujo de armas hacia los cárteles de la droga, lo que agrava la crisis de violencia en el país.
Guerra Judicial de México contra fabricantes de armas
Desde 2021, México ha estado involucrado en una guerra judicial contra fabricantes de armas estadounidenses. Ese año, demandó a reconocidas compañías como Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett, así como al distribuidor Interstate Arms, alegando que su comercio “negligente e ilícito” fomenta el narcotráfico y la violencia en territorio mexicano. La demanda exige una compensación de 10,000 millones de dólares.
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Solicitudes de amparo y decisiones judiciales
Smith & Wesson e Interstate Arms han solicitado un amparo a la Corte Suprema con el objetivo de que se desestime la demanda presentada por el gobierno mexicano. En 2022, un juez federal desestimó el caso, argumentando que las reclamaciones de México se enfrentan a las salvaguardias que protegen legalmente a los fabricantes de armas estadounidenses bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), aprobada en 2005. Esta ley exime a los fabricantes de armas de la responsabilidad por el uso que los delincuentes hagan de sus productos.
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Sin embargo, un tribunal de apelación resucitó el caso citando una excepción a la ley, lo que ha permitido que el proceso legal continúe.
Tráfico de armas desde Estados Unidos
El gobierno mexicano estima que entre 200,000 y 750,000 armas fabricadas por estas empresas ingresan anualmente a su territorio de forma ilegal desde Estados Unidos. Según datos oficiales, entre el 70% y el 90% de las armas encontradas en escenas de crímenes en México provienen de Estados Unidos, donde la compra legal de armas es muy complicada.
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Desde el inicio de la ofensiva militar antidrogas en diciembre de 2006, México ha registrado más de 340,000 asesinatos y alrededor de 100,000 desaparecidos, muchos de estos casos atribuidos a organizaciones criminales.
Prioridad para el Gobierno Mexicano y Estados Unidos
El gobierno mexicano ha enfatizado ante Washington que la lucha contra el tráfico de armas es una prioridad. La administración del presidente demócrata Joe Biden respalda esta postura. El fiscal general, Merrick Garland, ha calificado el tráfico de armas como un “reto acuciante”, junto con otros problemas como el tráfico de fentanilo y migrantes.
Acciones en el Congreso de EU
El Congreso estadounidense también ha identificado el tráfico de armas como una prioridad. Varios senadores demócratas han impulsado un proyecto de ley para combatir el trasiego de armas en todo el continente americano. La Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras convirtió el tráfico de armas en un delito federal, aunque el senador demócrata Chris Murphy opinó en junio que el gobierno “puede hacer más” para combatir a los traficantes y evitar que las armas ilegales lleguen a manos de pandillas y cárteles.
Implicaciones políticas y futuro del caso
Se desconoce qué postura tomará el expresidente republicano Donald Trump si gana las elecciones del 5 de noviembre, en las que se enfrenta a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris. El equipo de campaña de Trump defiende el derecho a portar armas, garantizado por la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
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En EU, hay más armas en circulación que personas, un fenómeno único en el mundo. La Corte Suprema examinará el caso durante su mandato, que comienza el lunes, y se espera que tome una decisión antes del próximo verano boreal.