Con Cuitláhuac García: obras fantasma y corrupción

El gobierno de Veracruz que encabezó Cuitláhuac García, recién nombrado director del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) ”adjudicó directamente decenas de contratos a una empresa de reciente creación, cuyo dueño es militante de Morena. La compañía se dedica a la venta de ropa, pero el gobierno le compró folders, lapiceros, tóner, agua purificada y persianas, incluso fue considerada como proveedora de equipo médico.

La empresa Soluciones y Milagros fue dada de alta en el Registro Público de Comercio de Xalapa, Veracruz, el 9 de septiembre de 2019 como una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), el único esquema que permite que las compañías se constituyan en 24 horas, de forma gratuita y sin la intervención de notario.

De acuerdo con el acta constitutiva en poder de ejecentral, el dueño es Mauricio Gómez Castañeda, quien aparece en el padrón de militantes de Morena y quien logró abrir la compañía para el “comercio al por mayor de ropa” con 10 mil pesos. Tres meses después de su constitución, le llovieron las adjudicaciones por parte de la Secretaría de Educación del estado.

Este medio localizó 51 contratos que suman dos millones 100 mil pesos para Soluciones y Milagros, la cual se localiza en la colonia Rafael Murillo Vidal, en Xalapa, en una casa que adecuó un espacio para la imprenta llamada “Resurrección”.

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En enero, la empresa de ropa recibió su primera adjudicación directa por 84 mil 152 pesos por la adquisición de materiales y útiles de oficina. En 2023, la Secretaría de Educación estatal le pagó mil 827 pesos por la compra de agua purificada. En 2024 se le dieron otros dos contratos por 170 mil 867 pesos por artículos de papelería y computación. Algunos de los comprobantes de pago no cuentan con la firma del proveedor ni del responsable de autorizar la compra.

Además, en diciembre de 2023, la empresa fue invitada por la Secretaría de Salud para participar en la licitación referente a la adquisición de equipo e instrumental médico del programa “Médico Amigo”.

Este es uno de los cientos de ejemplos de empresas que se crearon entre 2019 y 2022, cuando Cuitláhuac García gobernaba Veracruz, y que ganaron decenas de contratos con señalamientos por presuntos actos de corrupción.

Políticos de oposición han documentado, evidenciado y denunciado que varias compañías con contratos millonarios son fantasma o que sus dueños son beneficiarios de programas sociales. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) han detectado obras fantasma y pagos irregulares del gobierno a compañías y a personas físicas.

Desde prestanombres hasta dumping

El exdiputado local, Marlon Ramírez Marín, acusó al gobierno de Cuitláhuac García de haber beneficiado a 227 empresas constituidas entre 2019 y 2022 con al menos 518 contratos públicos que suman dos mil 560 millones de pesos.

Al investigar a las compañías, el exdiputado encontró que jóvenes entre 21 y 23 años eran prestanombres de compañías, que había beneficiarios de programas sociales que actuaban como representantes legales, esquemas de simulación, empresas fantasma y prácticas de dumping.

El periodista Raúl Flores Martínez, de Grupo Imagen, reveló que las contrataciones fueron por al menos cinco mil millones de pesos a través de una compleja red de corrupción que involucra a las 227 empresas, entre ellas Dimaq de Xalapa, Abastecedora de Insumos y Equipos Comerciales, Aguas Minerales de los Tuxtlas, Distribuidora Biotecpharma y Phono & Medical.

Por otro lado, Marlon Ramírez Marín señaló a otras compañías por diversas irregularidades como Grupo Especializado Ruta Boca, Gruppe Freunde, Grupo XAC, Ingram Ingeniería, VGC Servicios Petroleros y de Construcción, Quality Roads de México y Hexoc Construye.

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La empresa PBA & Civiles y Asociados también se encuentra en la lista con contratos millonarios en materia de construcción. De acuerdo con la prensa local, el priísta señaló que la dirección de la compañía es un hotel ubicado en Coatzacoalcos.

ejecentral revisó la dirección fiscal de esta firma en los contratos públicos y no encontró ningún documento oficial que coincidiera con la dirección del hotel; sin embargo, detectó que la compañía ha dado dos domicilios fiscales ubicados en el municipio de Cosoleacaque, en calles en las que no se encuentra ninguna constructora, solo casas –la mayoría con techos de lámina– y lotes baldíos.

En su acta constitutiva se precisa que la compañía se creó en el municipio de Minatitlán, Veracruz, el 2 de marzo de 2019, por Rolando Nava Vázquez y Luis Felipe Valencia García. La firma tiene 61 objetos sociales que van desde la construcción de todo tipo de obras y la asesoría de mercadotecnia, encuestas y publicidad, hasta la prestación de servicios de lavandería y tintorería.

Rolando Nava Vázquez aparece en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía como dueño de otras empresas en Veracruz: Solver Ingeniería & Construcción, Grupo Constructor Rosama, Estructuras Asfálticas Olivo y Constructora y Arrendadora del Istmo.

Luego de su creación, PBA & Civiles y Asociados fue invitada por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del estado para participar en concursos restringidos. En septiembre de 2020 ganó el contrato por 2.4 millones de pesos para pavimentar una calle en el municipio de Tatahuicapan.

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El exdiputado Marlon Ramírez Marín no ha sido el único en delatar presuntos actos de corrupción en las contrataciones del gobierno de Cuitláhuac García, también el diputado del PAN, Julen Rementería.

En 2020, cuando Rementería era senador, destapó un“modus operandi”, el cual, dijo, fue utilizado por el gobierno de Cuitláhuac García para desviar recursos que debían de ser utilizados para la recuperación de espacios educativos en la entidad.

Delató una obra inconclusa en la telesecundaria Alfonso Reyes, en el municipio de Veracruz, que le fue adjudicada por 673 mil pesos a la empresa Solución Integral de Ingeniería Construcción y Mantenimiento. En la dirección de la compañía se encontraba una casa “que parecía abandonada”.

Añadió que la Secretaría de Educación estatal le dio a la firma Edificación, Asesoría y Planeación Licona un contrato por 961 mil pesos para una obra en la escuela primaria Vicente Lombardo Toledano, ubicada en el municipio de Veracruz, que incluía la rehabilitación de baños y un portón, pero los sanitarios estaban en mal estado y en lugar de portón había una reja. En la dirección de la firma se encontraba un autolavado, no una constructora.

Lo mismo sucedió con la compañía Constructora AKAB, la cual obtuvo el contrato por 350 mil pesos para rehabilitar una escuela, “pero al hacer la revisión física se encontró que es una casa habitación que vende mole”.

“¿Qué está pasando en Veracruz? Están haciendo obras fantasmas, con empresas fantasmas. ¡Ya basta!”, dijo en redes sociales.

Julen Rementería sabe de los procedimientos de contratación y de obras, pues fue secretario de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz de diciembre de 2016 a febrero de 2018.

Daño patrimonial y obras que no se hicieron

Cuitláhuac García heredó a Rocío Nahle un desastre en materia de rendición de cuentas con la Auditoría Superior de la Federación.

De 2019 a 2023, la ASF detectó irregularidades en el uso de recursos públicos federales por parte del gobierno de Veracruz que implicaron seis mil 261 millones de pesos, de los cuales sólo se justificaron dos mil 212 millones de pesos; el resto del monto observado debe ser justificado por el gobierno de Rocío Nahle o reintegrado a la Tesorería de Federación, de lo contrario, el máximo órgano de fiscalización del país está obligado a presentar denuncias penales ante la Fiscalía General de la República.

Entre las auditorías que llevó a cabo la ASF se encuentra la número 1851 de la Cuenta Pública del año 2021. Revisó la aplicación del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades Federativas y determinó que el gobierno de Veracruz pagó obras inconclusas o mal hechas que generaron un daño patrimonial por 101 millones 617 mil pesos. Entre las obras estaba la edificación de un centro de salud en el municipio de Zacualpan y la construcción de caminos en el municipio de Chicontepec.

“Pagó tres obras públicas por un importe de ocho millones 845 mil 400 pesos, de las cuales no se encontró evidencia de su total ejecución con respecto a los alcances de sus respectivos contratos, se encontraban inconclusas y en estado de abandono, lo cual impide la operación de las obras por lo que no brindan el beneficio a la población objetivo del fondo y no se hicieron efectivas las correspondientes fianzas de cumplimiento”, se lee en la auditoría.

“(También) una obra por un importe pagado de siete millones 215 mil 800 pesos no se encuentra en operación, por lo que no brinda el beneficio a la población objetivo del fondo; se pagó una obra pública con un importe por 29 millones tres mil 700 pesos la cual se identificó como una obra de mala calidad; y una obra pública con un importe pagado de cinco millones 592 mil 200 pesos se encontraba en proceso de ejecución fuera de los plazos establecidos en el contrato, lo cual impide su operación, y no se hizo efectiva la fianza de cumplimiento”, agrega.

Veracruz ha sido el estado con más observaciones de la ASF. Del 2001 a 2023 identificó que se usaron 94 mil 317 millones de pesos de manera irregular, de los cuales, sólo 24 mil 125 millones de pesos fueron enterados o justificados; el resto no se ha justificado o fue motivo para que la ASF presentara denuncias penales.

El gobierno del expriísta Javier Duarte ha sido el que mayor daño provocó a la entidad al desvíar recursos públicos que debían ser utilizados para los rubros de educación, salud, infraestructura y desarrollo social. Actualmente, Duarte de Ochoa está preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México cumpliendo una condena de nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Investigaciones periodísticas y hallazgos de la ASF revelaron que el gobierno de Javier Duarte adjudicó contratos por al menos mil 270 millones de pesos a empresas fantasma que simularon la prestación de servicios.