Claroscuros en la reforma

La iniciativa de reforma con la que la presidenta Claudia Sheinbaum busca prohibir la reelección inmediata y el nepotismo electoral en cargos de elección popular se perfila como el avance para cumplir con uno de los 100 compromisos de su gobierno.

Sin embargo, la propuesta, cuyo dictamen fue turnado de manera directa a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos desde el lunes pasado, podría requerir adecuaciones en el proceso para su aprobación.

Lo anterior debido a que, en la perspectiva de expertos consultados, la iniciativa enviada al Senado el 5 de febrero presenta una serie de deficiencias, omisiones y vacíos que podrían ser insuficientes para el objetivo de acabar con las redes de influencia y nepotismo incrustadas históricamente en las instituciones del Estado.

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La exclusión que se hace, por ejemplo, de los cargos del Poder Judicial, de organismos autónomos y las estructuras administrativas pone en entredicho el alcance real que podría tener la reforma en sectores clave de la administración pública, lo que podría beneficiar a las estructuras partidistas.

“Se entiende que, tanto en la izquierda como en la derecha, en la izquierda particularmente familias participan, pero lo que no es aceptable es que algún familiar te releve de manera inmediata (…) Son prácticas que han sido muy controvertidas, que se ha discutido la validez de su realización”, reconoció el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, en conferencia de prensa el 7 de febrero.

Cuestionado sobre sus colegas legisladores y de partido, Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal, que han reconocido sus aspiraciones por buscar las gubernaturas de Guerrero y Zacatecas, que actualmente gobiernan sus familiares, respectivamente. El senador morenista rechazó que cayeran en el supuesto de nepotismo.

“Están en su derecho de buscarlo y lo podrán hacer seis años después que sus familiares hayan dejado el cargo. O sea, no hay una prohibición a que puedas participar. Lo que se plantea es que tengas que esperar un periodo. Si es de alcaldía de tres años, y si es gubernatura o presidencia de la República es seis”, aclaró.

Misión ciudadana

La premisa de prohibir llegar a un cargo de elección popular que ocupa algún familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad se limita al mismo cargo. En el caso de la reelección inmediata se restringe al periodo de tres o seis años, según sea el caso, por lo que los especialistas consultados sostienen que las posibilidades para realmente acotar el nepotismo son mínimas.

Según la propuesta, en dicha hipótesis entraría toda aspiración o candidatura por una diputación, senaduría, gubernatura, presidencia municipal, regiduría, sindicatura, concejalía; alcaldía y jefatura de gobierno, en el caso de la ciudad de México, así como la presidencia de la República.

Pero no aplicaría para jueces y magistrados, bajo el supuesto de que su elección responde a criterios técnicos y de mérito.

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Marcos Bravo Carrillo, profesor de derecho en la FES Acatlán de la UNAM, refirió que lejos de una reforma jurídica o política, una acción más contundente para corregir a la clase política y desmantelar las “entrañas de los clanes insertados en los poderes del Estado”, recae en la “exigencia ciudadana y la distinción de su voto”.

Como ejemplo, está el caso de la alcaldía Cuauhtémoc en la pasada elección donde “el votante distinguió su voto por Morena en la jefatura, para la presidencia de la República, pero no voto (por la alcaldía) porque sabe del clan Monreal en la Cuauhtémoc y no ganó Caty Monreal”, refirió el también consultor jurídico.

“Sería la manera de darle una lección a la clase política porque en la historia constitucional, no sólo de México, habrá una reforma que tenga todos los supuestos para contener las redes de influencia que tanto padece el Estado mexicano”.

Una simulación

Ejemplos de nepotismo y herencia inmediata de cargos públicos abundan en todas las esferas políticas del país. Tal es el caso del priista César Garza Villarreal, expresidente municipal de Apodaca, Nuevo León, sucedido en el mismo cargo por su hijo, César Garza Arredondo, abanderado en la pasada elección por la coalición del PRI-PAN-PRD.

Uno de los cuestionamientos hacia la reforma está en la supresión de posibilidades a personajes con capacidades, talento y méritos propios. El municipio mexiquense de Huixquilucan vive esa situación, pues se le ha tratado de señalar como un caso de nepotismo azul porque después de la gestión de Enrique Vargas, llegó a la presidencia municipal su esposa, Romina Contreras. Sin embargo en Huixquilucan los resultados hablan por sí mismos: en diciembre pasado, Contreras rindió protesta para un segundo período continuo como alcaldesa, ahora para el trienio 2025-2027; eso la convirtió en la primera mujer alcalde reelecta en el país.

Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral, señala que la reforma busca evitar que los cargos sean heredados, pero no aborda el verdadero problema del nepotismo en México. “No habrá reelección, pero podrán cambiar de cargo; no habrá nepotismo en el mismo puesto, pero sí en otros. Es una simulación”.

Al respecto, el maestro en Derecho por la UNAM apuntó que la intención detrás parece ir más en impulsar una narrativa en la que se diga que las candidaturas se otorguen de una manera más democrática, “pero van más al viejo estilo del partido hegemónico, como lo fue el PRI, que haya una repartición de los cargos”.

Espinosa Silis indicó que la reforma requiere una mejor distribución de cargos y candidaturas para evitar violar las prohibiciones, pero reconoció que difícilmente detendrá el influentismo y nepotismo actual, como en los casos de las hermanas Alcalde Luján: Luisa María, presidenta de Morena, y Bertha María, fiscal; o los Batres Guadarrama, Lenia, ministra, Martí, director del ISSSTE, y Valentina, diputada.

Otro ejemplo claro es el del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien promovió a su esposa Mariana Rodríguez para un escaño en el Senado. Al no conseguirlo, él mismo la propuso como candidata de Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Monterrey, aunque finalmente perdió ante Adrián De la Garza.

“Se tiene que trabajar en procesos democráticos para garantizar que haya una verdadera selección de candidaturas, no a partir de cuotas y cuates y su cercanía al poder, sino de quiénes están mejor preparados y posicionados para el cargo”, subrayó el especialista.

Posibles damnificados

La eventual aprobación de la reforma contra el nepotismo y la reelección inmediata impactaría a los aspirantes y candidatos de todas las fuerzas políticas en los procesos electorales a partir de 2027, al otorgarles un periodo de gracia para ajustar las posiciones.

“La iniciativa que envié, en el caso de nepotismo, es para el 2027 porque, digamos que, no afecta a alguna persona que haya sido elegida en el 2024. En el caso de reelección, la mandamos al 2030, porque un diputado actual pudo haber pensado que tenía la posibilidad de reelección”, detalló la presidenta Sheinbaum.

Sin embargo, también hay casos donde el impedimento será inmediato como es el caso del senador morenista, Félix Salgado Macedonio, quien aseguró que esperará “el tiempo que sea necesario” para contender por la gubernatura de Guerrero, que su hija Evelyn dejará vacante en 2027.

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“Estoy de acuerdo en que termine su periodo (Evelyn Salgado) y seis años después o 12 años después yo pueda entrarle, si es que el pueblo de Guerrero así lo decide. Yo estoy chamacón, tengo apenas 68 años y estoy al 100%, puesto y dispuesto pa’ cuando toque y sea”, aseguró a reporteros de la Cámara Alta.

La hipótesis de nepotismo que hoy busca combatir la presidenta Sheinbaum se cumplió precisamente en el caso de Salgado Macedonio, cuando en el proceso electoral 2020-2021, las autoridades electorales cancelaron su registro por no informar sus gastos de precampaña, y Morena otorgó, tras una cuestionada encuestada interna, la candidatura a su hija Evelyn Salgado, gobernadora en funciones.

Impactos

Independiente de estos casos muy específicos en los que analistas sostienen que se busca perpetuar o mantener el mayor tiempo posible en cargos clave a actores con vínculos de parentesco, en el caso de la no-relección, Marcos Bravo consideró que las administraciones públicas municipales podrían resultar las más afectadas.

El hecho de que en la relación que hace la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para la duración del ámbito de competencia municipal o provincial, según sea el caso, México se ubica con el periodo más corto en la región, por lo que la prohibición de una reelección probablemente afectaría la correcta implementación de un programa de desarrollo.

“Los planes de desarrollo tienen que estar pensados a seis años, sobre todo los planes metropolitanos, incluso me quedo muy corto, tiene que ser a 20 años. Ahora, si el alcalde o presidente municipal debe ceder el poder en tres años, lo máximo que va a arreglar, y lo digo de manera muy responsable, va a ser una calle. Es muy poco el tiempo”, enfatizó.

A nivel internacional, la reelección inmediata es controversial. En países como Estados Unidos, los congresistas pueden reelegirse indefinidamente, mientras que en Brasil y Argentina existen restricciones, al seguir una tendencia limitante en cargos ejecutivos en América Latina.

En México, el principio de “Sufragio Efectivo, No Reelección” se erigió como un eje rector del sistema político desde la Revolución de 1910. No obstante, con la reforma de 2014 se aprobó la reelección consecutiva para legisladores y alcaldes con el argumento de fortalecer la rendición de cuentas.

La actual administración, encabezada por la primera mujer presidenta del país, busca revertir la reforma al considerar que ha generado inequidades y concentración de poder en ciertos grupos. Sin embargo, estas prácticas persisten en el partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante ese panorama, el especialista en estudios de impacto social y derecho internacional consideró que, si bien la iniciativa es un paso importante, debería de tener el carácter de una ley general a fin de tener una mayor distribución de competencias.

De igual manera reiteró que debe considerar la inclusión de las restricciones para la elección de cargos en el Poder Judicial y las administraciones pública locales o municipales, pues de lo contrario se abre la posibilidad a “efectos políticos o vicios” contrarios a lo que se busca combatir.

“Podemos decir que simplemente es una aspirina frente a un cáncer crónico del Estado mexicano, que muchos estados lo padecen muy fuerte. Esto se arregla cambiando la clase política y eso tarda mucho más tiempo, pero en realidad ninguna reforma jurídico-política en grosso modo constitucional lo podría hacer”.

Límites 
al poder

La iniciativa prohíbe la reelección inmediata y limita el nepotismo, aunque excluye jueces y organismos autónomos, permitiendo redes de influencia y estableciendo periodos de espera para familiares.

Se prohíbe la reelección en cargos de elección popular y se limita el nepotismo, al impedir que familiares hasta cuarto grado ocupen el mismo cargo.

Jueces, magistrados y organismos autónomos quedan excluidos, reduciendo el alcance de la reforma.

Habrá periodos de espera: tres años para alcaldías y seis para gubernaturas y la Presidencia antes de que un familiar pueda aspirar al cargo.

Expertos advierten vacíos en la iniciativa que podrían mantener redes de influencia en el poder.

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Casos emblemáticos de nepotismo incluyen a César Garza Villarreal y Romina Contreras, quienes heredaron cargos públicos.

La prohibición del nepotismo inicia en 2027, y la restricción a la reelección en 2030, permitiendo ajustes a funcionarios.

La reforma podría impactar a gobiernos municipales, donde tres años son insuficientes para planes de desarrollo.

A nivel internacional, la reelección es polémica: en Estados Unidos es permitida, mientras que Brasil y Argentina la restringen.