Candidatos judiciales con vínculos oscuros
Al menos siete aspirantes a puestos judiciales federales tienen vínculos con el crimen organizado o acusaciones por delitos de género
Una persona detenida por tráfico de drogas y portación de arma de fuego, otra señalada por la desaparición de un periodista y otra que es defensora de narcotraficantes. Son algunos de los aspirantes a jueces o magistrados en la próxima elección del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Al menos siete candidatos tienen posibles vínculos con el crimen organizado o han enfrentado acusaciones o sanciones por delitos de género, según denunció la organización civil Defensorxs, dedicada al litigio estratégico y la defensa de los derechos humanos.
Cuestionada sobre si estas personas permanecerán en las boletas que publique el Instituto Nacional Electoral (INE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que es un asunto “en manos” del instituto electoral. No obstante, apuntó que su inclusión en la lista del 1 de junio no significa que la ciudadanía vaya a votar por ellos.
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“Ya está en manos del INE ahora. Entonces, hay que ver la lista que se plantea y qué tanto es cierto lo que ahí viene o no. Hay que revisarlo”, señaló la mandataria al ser cuestionada sobre si el Ejecutivo revisaría las denuncias presentadas por la sociedad civil.
En entrevista con ejecentral, Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensorxs, consideró que la autoridad electoral aún está a tiempo de “enmendar la plana” e invalidar las candidaturas, con base en el requisito constitucional de que jueces, magistrados o ministros deben contar con buena reputación. “Un requisito que ni de lejos cumplen estas personas”, reiteró.
Vínculos turbios
Alfonso Meza explicó que entre los casos con posibles nexos criminales destaca el de Andrés Montoya García, exsubdirector del Sistema Penitenciario de Sonora y actual candidato a magistrado.
Según expedientes de la entonces PGR y una investigación de Los Angeles Press, es sospechoso de la desaparición del periodista José Alfredo Jiménez Mota en 2005.
Otro caso es el de Jesús Humberto Padilla Briones, candidato a juez penal en Nuevo León, detenido en 2023 con 15 bolsas de cristal y un arma de fuego. Intentó huir junto a otras personas armadas y con drogas.
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También figura Fernando Escamilla Villarreal, detenido y sentenciado en primera y segunda instancia por portación ilegal de armas. Actualmente es abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, y Eleazar Medina Rojas, El Chelelo, ambos excabecillas de Los Zetas.
Sobre esto, Meza aclaró: “No por ser abogado de un narcotraficante significa que lo seas también, pero sí hay un claro conflicto de interés en que alguien que defiende a presuntos criminales luego pueda resolver sobre su culpabilidad o inocencia”.
Acusaciones a cuestas
En el ámbito de los delitos de género, Francisco Martín Hernández, candidato a juez penal en Jalisco, fue destituido en 2015 por abuso sexual. Aunque impugnó la resolución, la Suprema Corte confirmó la sentencia en su contra. No obstante, ahora busca un puesto en el Poder Judicial. También está el juez Edgar Agustín Rodríguez Beiza, denunciado por violación y señalado por organizaciones feministas por revictimizar a mujeres en sus sentencias.
Un caso similar es el de Nicollino Cangiamilla, excoordinador del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora (2021-2024), candidato a magistrado. Ha sido señalado en mantas y por colectivos feministas de encubrir un feminicidio dentro de una prisión estatal. Además, bajo su gestión ocurrió una intoxicación masiva de reos, con saldo de dos muertos.
Otro perfil cuestionado es el de Jacqueline Silva Betancourt, magistrada federal suspendida por el Consejo de la Judicatura en 2023, acusada de abusos laborales y privación ilegal de la libertad contra un empleado.
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“Hay dos supuestos por los cuales se pueden cancelar sus candidaturas. Uno está sentenciado por abuso sexual, y otros dos: una está suspendida y otro está denunciado. La autoridad electoral podría considerar que han cometido violencia de género y cancelar sus candidaturas”, explicó Meza.
Un caso paradigmático es el de Rosalinda Ávalos, expolicía investigadora y activista. Tras irrumpir en el Congreso de San Luis Potosí, logró que se eliminara de la lista de candidatos a Sabas Santiago Ipiña, expolicía ministerial.
Según Ávalos, Ipiña tiene presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y sería responsable del asesinato de sus dos hijos en 2020. “Pueden investigar, y todo lo que digo es verdad. Lo acredito con pruebas. No hablo fuera de razón, solo lucho por la justicia de mis hijos”, declaró en febrero pasado.
