Brasil: deportaciones, tensión y diplomacia en crisis

En el aeropuerto, los 88 deportados fueron trasladados a una zona con colchones, comida y acceso a regaderas. Mientras tanto, la prensa estadounidense describía estos vuelos como “caos y desesperación”. En uno de ellos, el avión quedó atascado en la pista de Manaos y el aire acondicionado dejó de funcionar. Con temperaturas sofocantes, algunos pasajeros se desmayaron, y la tensión escaló hasta que varios abrieron las salidas de emergencia, saliendo por las alas mientras clamaban ayuda.

La llegada de la policía federal brasileña marcó un punto de quiebre. Tras un altercado con los agentes estadounidenses, el propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenó a un avión de la Fuerza Aérea recoger a los deportados. Su gobierno denunció públicamente el trato recibido como “degradante” e “inaceptable”, lo que llevó a Brasil a suspender el uso de su flota militar para cooperar en futuras deportaciones. La postura brasileña reflejó una creciente inquietud regional sobre el endurecimiento de las políticas migratorias de Washington y su impacto en las relaciones diplomáticas con América Latina.

Te puede interesar: Donald Trump: América Latina, división ante la amenaza

El malestar diplomático escaló cuando el embajador interino de Estados Unidos, Gabriel Escobar, fue citado por la cancillería brasileña. Aunque no trascendieron detalles de la reunión, quedó claro que Brasil no tolerará que sus ciudadanos sean esposados en su propio territorio. Mientras tanto, el gobierno estadounidense ha justificado la medida argumentando razones de seguridad, pese a que no existen registros de incidentes violentos en estos vuelos. Las tensiones entre ambos gobiernos resaltan el dilema de las naciones latinoamericanas: proteger a sus ciudadanos en el extranjero sin desafiar abiertamente al gobierno de Trump.

Desde que asumió la presidencia el 20 de enero, Donald Trump ha intensificado las deportaciones masivas, impactando a países como México, Colombia y Brasil. En respuesta, cada gobierno ha gestionado la crisis con diferentes estrategias. En Colombia, las esposas se retiran antes del aterrizaje, un matiz que Gustavo Petro ha usado para proyectar una imagen de mayor control frente a la administración Trump. Sin embargo, la indignación por el trato a los deportados no es exclusiva de Brasil; en México y Centroamérica también han surgido críticas ante la dureza con la que se están llevando a cabo las expulsiones.

El discurso del expresidente estadounidense no ha dejado margen para la moderación. “Cada uno de ellos es un asesino, un capo de la droga o un miembro de la mafia”, declaró recientemente, mientras la Casa Blanca difundía fichas de deportados con antecedentes que en muchos casos se limitaban a infracciones menores. La realidad es otra: la mayoría de los expulsados no tiene historial criminal significativo, sino la falta de documentos migratorios. La criminalización de la migración indocumentada se ha convertido en una estrategia clave de Trump para justificar su política de deportaciones masivas.

Te puede interesar: Brasil: deportaciones, tensión y diplomacia en crisis

Según el Pew Research Center, en 2022 había 11 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos, entre ellos 230 mil brasileños. Para muchos de ellos, la deportación no solo implica la expulsión, sino una humillación prolongada. “Ni siquiera un perro merecía ser tratado así”, afirmó un deportado tras relatar que pasó 50 horas esposado, sin comida adecuada ni acceso a higiene básica. Testimonios como este han avivado el debate sobre la humanidad de las políticas migratorias y han obligado a gobiernos como el de Brasil a adoptar una postura más firme frente a Washington.

La ministra de Derechos Humanos de Brasil, Macaé Evaristo, insistió en que las políticas migratorias deben aplicarse sin violar la dignidad humana. Aunque los vuelos de repatriación existen desde 2018, el conflicto actual radica en las condiciones de traslado. Estados Unidos argumenta que las esposas previenen ataques dentro del avión, pero la evidencia sugiere que estos temores son infundados. Mientras tanto, Brasil ha dejado claro que no seguirá aceptando deportaciones en esos términos, marcando una línea que otros países observan con atención. Las decisiones tomadas en este caso podrían sentar un precedente en la forma en que América Latina responde a la política migratoria de Trump y sus implicaciones a largo plazo.

Más allá del conflicto diplomático, la cuestión de fondo sigue siendo la misma: ¿qué derechos tienen los migrantes indocumentados en su proceso de deportación? Aunque Washington defiende su política con argumentos de seguridad, el hecho de que las condiciones de los vuelos sean vistas como una afrenta a la dignidad humana sugiere que el debate está lejos de resolverse. Brasil, con su postura firme, ha trazado una línea roja que podría influir en cómo otras naciones de la región negocian con la administración Trump.

Sigue leyendo: México, redadas, deportaciones y crisis

La indignación internacional ha sido moderada, pero creciente. Organismos de derechos humanos han señalado que el uso indiscriminado de esposas y la falta de acceso a condiciones básicas durante la deportación podrían constituir violaciones a tratados internacionales. Naciones Unidas y Amnistía Internacional han pedido explicaciones a la Casa Blanca, aunque hasta ahora la respuesta ha sido ambigua y ha reiterado su postura de que las medidas adoptadas son necesarias.

Mientras tanto, la comunidad brasileña en Estados Unidos observa con preocupación lo que ocurre. Asociaciones de migrantes han comenzado a organizarse para asesorar a quienes se encuentran en riesgo de deportación, proporcionando información sobre sus derechos y documentando casos de abusos en los vuelos. A medida que el gobierno de Trump endurece su retórica y sus políticas, las reacciones en el extranjero podrían convertirse en un obstáculo cada vez mayor en su relación con América Latina.

*Con información de Gustavo Sánchez