Bloqueos viales, protesta o extorsión
Rebasados. La falta de una infraestructura para enfrentar bloqueos pone en evidencia las debilidades de la ciudad y refleja una desconexión entre la protesta social y la respuesta gubernamental.
/Fotos: Cuartoscuro
La Ciudad de México enfrenta un dilema: el incremento de bloqueos viales como herramienta de protesta social está derivando en formas de chantaje político y criminal, lo que afecta derechos fundamentales como el libre tránsito
En las entrañas de la Ciudad de México la protesta social ha dejado una huella indeleble en el paisaje urbano y en el ánimo colectivo.
De los movimientos estudiantiles de los años 80 a las manifestaciones multitudinarias de hoy, la evolución del activismo en la metrópoli muestra una complejidad que pocos imaginaban.
Según cifras del último informe del gobierno capitalino, durante la administración de Martí Batres y la gestión previa de la ahora presidenta de México, 18% de las más de 51 mil movilizaciones sociales registradas entre 2018 y 2024 implicaron bloqueos.
Esto equivale a un promedio diario de cinco cierres de calles que, en ocasiones, paralizan la ciudad por horas.
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En un día cualquiera, los accesos a la Ciudad de México son vulnerables a interrupciones que van desde vecinos exigiendo agua hasta transportistas clamando por seguridad.
Las afectaciones viales pueden extenderse hasta por diez horas, tiempo en el que miles de ciudadanos quedan atrapados en una red de demandas, esperas y frustraciones.
El gobierno capitalino intentó regular esta marea creciente. En 2019, un protocolo promovido por la entonces jefa de Gobierno buscó equilibrar el derecho a la protesta con el flujo de la vida urbana.
“No criminalizamos la protesta social”, afirmó en su momento, insistiendo en que su propuesta era, ante todo, un marco de actuación para evitar mayores afectaciones.
Sin embargo, el fenómeno ha adquirido matices más oscuros. Para expertos como Alexei Chévez Silveti, los bloqueos, antes símbolo de resistencia legítima, ahora bordean el chantaje político y la extorsión. “Ya por cualquier cosa colapsan toda la ciudad”, señala, destacando cómo la inacción estatal exacerba las tensiones y penaliza a los ciudadanos comunes.
Las vialidades cerradas son ahora un reflejo de un diálogo fracturado. Entre demandas legítimas y otras menos claras, el entramado urbano de la Ciudad de México parece más que nunca un espacio de negociación forzada, un escenario donde el tránsito cotidiano colisiona con las aspiraciones sociales de un país entero.
El dilema del bloqueo
En el corazón de la vida pública mexicana, el acto de bloquear calles y carreteras ha evolucionado de ser una táctica de resistencia a una controversia sobre los derechos fundamentales.
Aunque las demandas sociales que impulsan estas acciones suelen ser legítimas, los bloqueos enfrentan una paradoja jurídica: contradicen el derecho al libre tránsito consagrado en el artículo 11 de la Constitución.
La interrupción de vías no solo impide el movimiento de personas y vehículos; también afecta profundamente otras libertades. Trabajadores que no pueden llegar a sus empleos, comerciantes atrapados en plantones interminables, y ciudadanos frustrados con un sistema que parece inmóvil ante estos actos.
La Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en su artículo 214, establece que las autoridades deben tomar medidas para prevenir bloqueos en vías primarias, aunque la implementación de estas disposiciones ha sido inconsistente.
La legitimidad de los bloqueos como herramienta de protesta tiene raíces profundas en la historia política del país. En 1996, Andrés Manuel López Obrador, entonces un político emergente, bloqueó pozos petroleros de Pemex en Tabasco.
Diez años después, paralizó la avenida Paseo de la Reforma durante 47 días en un plantón motivado por su acusación de fraude electoral, un acto que causó pérdidas económicas por más de tres mil millones de pesos y dejó sin empleo a al menos mil personas.
“El uso del bloqueo como presión política ha sido legitimado por las mismas figuras que ahora lo critican,” afirma Alexei Chévez Silveti, especialista en seguridad.
“Si el presidente del país utilizó esta herramienta, otros grupos sienten que tienen el mismo derecho. La falta de acción gubernamental frente a estos bloqueos solo agrava el problema.”
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La ironía se hace evidente al recordar que, en 2019, el propio López Obrador respaldó la llamada “Ley Garrote” en Tabasco, que impone severas sanciones, incluyendo hasta 20 años de prisión, a quienes bloqueen obras públicas. Un cambio de postura que refleja las tensiones inherentes entre la protesta social y el ejercicio del poder.
Sin embargo, el debate público sobre la eficacia y aceptación de los bloqueos está lejos de resolverse. Según una encuesta de Consulta Mitofsky de 2022, el 52.4% de los mexicanos considera que bloquear calles no es una forma efectiva de ser escuchados por las autoridades, mientras que un 43.1% discrepa.
Aunque un abrumador 80.2% afirma que estas acciones les molestan, aún hay un 32.6% dispuesto a participar en ellas.
La contradicción persiste: mientras los bloqueos generan incomodidad y divisiones, también siguen siendo un símbolo de la lucha por ser escuchado en un país donde el ruido parece ser la única forma de romper el silencio oficial.
La urgencia de una ciudad paralizada
Saira Vilchis Jiménez, experta en Desarrollo Urbano y Movilidad, subraya una cuestión crítica: más allá de las razones o el trasfondo político de los bloqueos, la capital necesita sistemas más eficientes para mitigar sus efectos. “Debe de haber un mecanismo que regule el derecho a la protesta, pero también el derecho de los vehículos a moverse”, dice Vilchis. Para ella, es fundamental contar con protocolos de emergencia y un sistema de alerta temprana que no solo identifique los niveles de congestión, sino que ofrezca rutas alternas para reducir el impacto.
En un escenario donde la información se mueve a la velocidad de la luz, la maestra en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destaca la ineficiencia en la transmisión de datos cruciales. “La gente debe saber no solo que existen protocolos, sino cuáles son las alternativas de transporte disponibles cuando una vía se ve obstruida”, afirma.
En una ciudad tan compleja, la comunicación es clave para que los ciudadanos puedan adaptarse sin que sus vidas se vean alteradas por protestas espontáneas.
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La capital, como otras grandes urbes, ya cuenta con protocolos establecidos para eventos masivos programados, como conciertos o mítines, pero la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿estamos preparados para lo imprevisto? “No estamos preparados”, responde Vilchis. “No hay sistemas de alerta, no hay comunicación efectiva con la gente. Si acaso la radio, pero no toda la gente escucha la radio. Es inaudito que, con toda la tecnología disponible, no tengamos estos sistemas en marcha.”
La falta de una infraestructura adecuada para enfrentar bloqueos no solo pone en evidencia las debilidades de la ciudad, sino que refleja una desconexión entre la protesta social y la respuesta gubernamental.
En un momento en que la tecnología ha avanzado más rápido que los mecanismos de gestión urbana, el clamor por un sistema de alertas que pueda anticipar, mitigar y comunicar los efectos de estos bloqueos se hace más urgente que nunca.
Toma de casetas
En los últimos años, las casetas de peaje en las autopistas federales que conectan la Ciudad de México con otras entidades se han convertido en el escenario de un fenómeno preocupante.
Lo que comenzó como una forma de protesta pacífica ha dado paso a episodios de violencia y abuso, con grupos bloqueando las plazas de cobro a cambio de “cuotas voluntarias”, lo que ha derivado en pérdidas millonarias para Caminos y Puentes Federales (Capufe).
El Censo Nacional de Seguridad Pública Federal, realizado por el Inegi, mostró que en 2022 la Guardia Nacional registró 158 tomas de casetas de peaje y 880 obstrucciones en carreteras y puentes de jurisdicción federal.
Esta cifra representó una disminución considerable de 93.3% y 43.2%, respectivamente, respecto a los incidentes ocurridos en 2021.
Sin embargo, la Ciudad de México solo reportó un caso de toma de caseta y 11 obstrucciones, mientras que Oaxaca y Sonora fueron los estados más afectados por estos bloqueos.
A pesar de los esfuerzos del gobierno para mitigar este fenómeno, como el Plan Caseta Segura, coordinado por la Guardia Nacional, Capufe y los gobiernos estatales, los números siguen siendo preocupantes. De acuerdo con el sexto informe del gobierno federal, las acciones de este plan evitaron pérdidas por 16 mil 030 millones de pesos al disminuir la toma de plazas de cobro.
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Durante la pandemia de Covid-19, las tomas de casetas se intensificaron, y diversos grupos sociales, como estudiantes normalistas y colectivos campesinos, adoptaron esta práctica para exigir recursos y llamar la atención del gobierno.
No obstante, en medio de estas protestas legítimas, comenzaron a surgir organizaciones criminales que vieron una oportunidad para lucrar con las manifestaciones.
Entre 2020 y 2021, se registraron ocho mil 769 delitos en vías de comunicación y correspondencia en carreteras federales, muchos de los cuales estuvieron relacionados con las tomas de casetas de peaje.
Para Alexei Chévez, experto en seguridad y movilidad, las causas detrás de estos bloqueos se pueden clasificar en tres grupos: las demandas sociales legítimas, las protestas de índole política y los “narco-bloqueos”.
Sin embargo, el problema más grave, señala Chévez, es la inacción de las autoridades ante estos hechos. “No ha habido una acción contundente del Estado para que se respete el derecho al libre tránsito”, asegura.
Para él, esta falta de respuesta solo legitima las acciones de los grupos que bloquean las casetas y afecta a los ciudadanos que, a menudo, quedan atrapados en medio de una protesta que se sale de control.
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En este escenario, la toma de casetas de peaje ha dejado de ser una simple protesta para convertirse en un fenómeno que involucra tanto las necesidades sociales de los pueblos como la violencia organizada, complicando aún más la situación de un gobierno que parece incapaz de hacer frente a los bloqueos y a las consecuencias de su inacción.
La pregunta, entonces, no es solo cómo resolver la protesta legítima, sino cómo garantizar que el Estado recupere el control de las autopistas y respete el derecho de todos los ciudadanos a transitar libremente.
