La iniciativa de modificación con la que se busca desaparecer al menos siete organismos autónomos ha generado un amplio debate sobre las implicaciones para la democracia, la estabilidad económica, la protección de los derechos humanos y el equilibrio de poderes en el país.
Especialistas consultados por ejecentral coinciden en que la aprobación del dictamen en materia de simplificación orgánica, con el que se pretende eliminar organismos como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), implica un retroceso de más de tres décadas en materia de transparencia, rendición de cuentas y derechos fundamentales.
“Esta modificación de simplificación orgánica, simple y sencillamente, incumple con el artículo primero constitucional, al implicar claramente una regresión en muchos y muy diversos derechos humanos. Se está actuando contra la Constitución”, subrayó el jurista Marco Antonio Zeind Chávez, quien es integrante del Sistema Nacional de Investigadores.
Y es que, según especialistas en el tema, la eliminación de estos organismos representa además un potencial riesgo de la “centralización del poder” al verse trastocada la autonomía del Estado frente al Poder Ejecutivo, lo que podría afectar la capacidad del país para cumplir con sus compromisos internacionales, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
En ese sentido, Raúl Contreras Bustamante, exdirector de la Facultad de Derecho de la UNAM, refirió que “muchos de los órganos constitucionales autónomos están concebidos, garantizados en las convenciones y en los tratados internacionales, entonces, muchas de las funciones que desarrollan tienen que ver con el cumplimiento de las obligaciones suscritas por México”.
Actualmente, el dictamen de modificación ha quedado rezagado para su discusión en el Senado de la República, luego de que el pasado 23 de agosto fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con mayoría de 22 votos a favor de diputados de Morena y sus aliados, y 17 votos en contra.
Sin embargo, todo indica que, aunque no resulta una prioridad por el momento, la intención de desaparecerlos se mantiene vigente en la actual administración.
“Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que los mecanismos de transparencia continúen. El asunto es si requerimos una institución del tamaño del INAI, que tiene señalamientos de corrupción, para poder seguir defendiendo la transparencia. Ese es un tema”, señaló la presidenta, el pasado 9 de octubre, al día siguiente de un acto vandálico contra las instalaciones del instituto.
Golpe a la democracia
Los organismos constitucionales autónomos en México surgieron en la última década del siglo XX como respuesta a la necesidad de limitar el poder presidencial y garantizar que ciertas decisiones clave fueran tomadas de manera independiente, alejadas de los intereses políticos del gobierno en turno.
Como explica Raúl Contreras, “los órganos constitucionales autónomos surgieron como instrumentos para reducir las facultades del poder ejecutivo federal, limitar el presidencialismo y encargar a organismos técnicos especializados una serie de actividades públicas para garantizar que se resuelvan con criterios precisamente especializados y no políticos”.
Bajo esa consideración, Zeind Chávez destacó que la relevancia de este tipo de instituciones recae en que “a partir de la existencia de instituciones como los autónomos es que se pueden proteger y garantizar diversos derechos humanos”.
Al respecto, el profesor de carrera de la Facultad de Derecho de la UNAM refirió que, desde su creación, en 1993, los autónomos han ido ganando terreno, pues “no responden a la lógica de la política, no buscan ser populares. Su tarea es cumplir con su mandato constitucional”.
Por ende, “si los eliminamos, ahora dejaríamos en manos de quienes sí tienen en todo momento un sesgo político cuestiones que deberían ser altamente técnicas”, puntualizó Zeind Chávez.
Ante la pregunta de si su eventual desaparición implicaría la pérdida de fiscalización y supervisión del gobierno, Zeind Chávez respondió: “por supuesto. Lo que veríamos mermado claramente sería la rendición de cuentas, el ejercicio de muchos derechos humanos, y también veríamos mermada nuestra democracia”.
Para Raúl Contreras, la intención de desaparecer estas instituciones tiene más un cariz político que académico o técnico, por lo que consideró que la propuesta de eliminarlas no responde a un análisis de fondo.
❝Están hablando de regresar las competencias de estos organismos a secretarías de Estado, lo que sería un retroceso de tres décadas; a lo mejor quieren que otra vez las finanzas se manejen desde Los Pinos y que solo sepamos lo que el gobierno quiere informar❞.
Contreras Bustamante subrayó que la mayor preocupación con este tipo de modificaciones es que se trata de “un retroceso histórico, académico, y lo más peligroso es seguir contribuyendo al fortalecimiento del poder ejecutivo y crear un régimen hiperpresidencial incontrolado”.
Organismos en la mira
El dictamen de modificación en materia de simplificación orgánica propone la desaparición, de entrada, de siete organismos, cuatro de los cuales son considerados realmente autónomos.
Se trata del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Por otro lado, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), aunque buscaban descentralizar el poder, forman parte del Poder Ejecutivo.
Pese a esas diferencias, cada uno de estos organismos cumple una función específica que contribuye hoy en día a la estabilidad y el desarrollo del país. Su desaparición implicaría una serie de consecuencias, ya que, aunque algunos tengan cierta dependencia del Ejecutivo, cuentan con “autonomía constitucional”.
En el caso del INAI, una institución garante de los derechos humanos al acceso a la información y la protección de datos personales, la iniciativa plantea transferir sus facultades a la Secretaría de la Función Pública, lo que implicaría la pérdida de su ámbito de competencia.
El INAI revisa la información pública que deben tener disponible los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los demás organismos autónomos, universidades públicas, sindicatos, partidos políticos y cualquier entidad que reciba recursos públicos.
“Si se vuelve parte de la Secretaría de la Función Pública, se vería reducido su ámbito de competencia y, por supuesto, la calidad con la que están realizando sus tareas, sin duda”, advirtió Zeind Chávez.
En cuanto a la posible desaparición de la Cofece o el IFT, el jurista, socio de la firma Zeind & Zeind, sostuvo que esto podría generar una mayor concentración del poder económico en pocas manos, lo que afectó de manera grave la competencia y la innovación, lo cual tendría un impacto negativo en los consumidores y en la atracción de inversiones.
“Si la Cofece se convierte en una dirección o una unidad dentro de la Secretaría de Economía, se trataría de beneficiar a las empresas del Estado en detrimento de las demás, lo que tendría un impacto directo en la libre competencia. Lo mismo pasa con el IFT; el ambiente de inversión sería peor que el actual, y por supuesto no habría mayor inversión privada porque no existirían condiciones para competir”, refirió el académico.
Además, el posible desmantelamiento de “organismos evaluadores” como el Coneval y la Mejoredu generaría un vacío importante en la evaluación de políticas públicas e implicaría un mayor riesgo de manipulación de datos y una evaluación sesgada de los programas sociales y los indicadores educativos.
“Si hacemos que esas instituciones dependan de la entidad a la cual van a revisar, ya tenemos una respuesta inicial: jamás van a contradecir lo que se diga, y siempre afirmarán que todo está bien, pero en los estándares internacionales eso no será así”, alertó Zeind Chávez.
Compromisos en riesgo
Un aspecto crucial que ambos expertos subrayan es el impacto que la desaparición de los organismos autónomos tendría en la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos internacionales que México ha suscrito, los cuales tienen un rango de relevancia a nivel constitucional.
A dos semanas de las elecciones en Estados Unidos, el principal socio comercial de México, la intención de eliminar instituciones clave en el tratado comercial que ambos países comparten con Canadá pone en riesgo la exigencia de ciertos estándares en materia de competencia, transparencia y protección de derechos humanos.
Desde la óptica del abogado Raúl Contreras, el hecho de que la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, encargada de las negociaciones del TMEC por parte de su país, haya sido la representante canadiense en la toma de protesta de la presidenta Sheinbaum “es una señal implícita” de la preocupación de Canadá al respecto.
“Esto no es simplemente que en Estados Unidos o en Canadá reconozcan que porque ganaron las elecciones, el gobierno mexicano puede violentar los compromisos que suscribieron, compromisos que tienen que ver con el desarrollo del libre comercio y con condiciones igualitarias”, sostuvo Bustamante respecto al avance de reformas en México que han puesto en alerta a sus socios comerciales.
El hecho de que, dentro de las cláusulas de dicho acuerdo comercial trilateral, así como en otros tratados internacionales que abordan derechos humanos, el Estado mexicano esté obligado a contar con autoridades y organismos independientes del poder político es un factor clave a considerar con esta iniciativa de desaparecer las instituciones autónomas.
Considerando factores como quién gane la presidencia estadounidense y el avance de las reformas en México, Zeind Chávez advirtió que “el incumplimiento de acuerdos por parte de México pondría en riesgo la viabilidad del tratado (TMEC) o incluso podría generar que ese tratado dejara de existir por un incumplimiento muy claro”.
De manera concreta, Zeind Chávez explicó que la incertidumbre en torno a la reforma judicial y la intención de desaparecer los órganos autónomos están “generando condiciones adversas para el clima de inversión, y si no les damos esas condiciones mínimas a cualquier persona con la que queramos hacer negocios, ya sea un Estado o entre particulares, encontraremos cada vez menos inversión extranjera directa”.
Otro aspecto crucial que también está en juego con esta reforma de simplificación es la estabilidad económica del país. Contreras Bustamante señaló que instituciones autónomas como el Banco de México, que, si bien no está dentro de ese listado por desaparecer, han sido fundamentales para estabilizar la economía nacional.
Particularmente en temas como el control de la inflación y el manejo de las reservas internacionales. “La política monetaria ya no es caprichosa”, apuntó Contreras, al destacar que la autonomía del Banco de México ha sido un pilar fundamental para evitar crisis cambiarias y permitir un crecimiento económico más sostenido.
Regresión histórica
Tanto Raúl Contreras como Marco Antonio Zeind coinciden en que la desaparición de los organismos autónomos sería una regresión democrática y un retorno al centralismo, favoreciendo la opacidad y falta de rendición de cuentas.
Frente a este escenario, ambos juristas destacan la necesidad de alertar a la sociedad y a los legisladores sobre las implicaciones de esta reforma. No obstante, admiten que el panorama no es alentador, ya que el partido en el poder cuenta con mayoría legislativa para avanzar en su aprobación.
“Aplican lo que le llaman la aplanadora, pero están rompiendo principios constitucionales, que para efectos doctrinarios son conocidos como decisiones políticas fundamentales”, subrayó Zeind Chávez.
Por su parte, Contreras Bustamante exhortó a los legisladores a “asumir con responsabilidad su tarea” y confió en que “la preparación académica-científica de la presidenta pueda hacer que prevalezca la razón sobre las aspiraciones y ambiciones políticas”.
