Aspirante a la Sala Superior del TEPJF tiene señalamientos por presunto tráfico de influencias
Los cuestionamientos en contra de los aspirantes que participarán en la elección judicial continúan, este caso confirma las dudas en torno a algunos de los contendientes
Armando Hernández Cruz, actual funcionario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y profesor universitario, figura entre los aspirantes a convertirse en Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pese a que en su trayectoria se le ha vinculado con acusaciones por presunto tráfico de influencias.
Hernández Cruz se desempeña desde noviembre de 2024 como coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos en la CNDH, además de impartir clases de Posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, su postulación al TEPJF revive denuncias en su contra que datan de 2016, cuando se desempeñaba como Magistrado presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
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En ese entonces, la diputada de Morena, Ana Juana Ángeles Valencia, lo acusó públicamente de aprovechar su posición para beneficiar a su hermano, Omar Hernández Cruz, quien trabajaba como asesor “A” de la Contraloría del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y, presuntamente, litigó casos electorales de manera irregular. Uno de esos casos estuvo vinculado a Eunice Sierra Ocampo, ex candidata del Partido Humanista, quien presentó una denuncia por acoso sexual contra Omar Hernández.
Sierra Ocampo aseguró que el propio Armando Hernández le recomendó contratar a su hermano como abogado para impugnar los resultados de la elección del 7 de junio de 2015. Según su testimonio, desconocía que Omar Hernández tenía impedimentos legales para litigar, dada su posición en el IEDF. Esto motivó que la legisladora pidiera investigar posibles vínculos laborales entre el entonces magistrado y el despacho de su hermano, así como determinar si existían otros casos similares.
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La diputada sostuvo que los hechos ameritaban una indagatoria por posible tráfico de influencias, conforme al artículo 271 del Código Penal del Distrito Federal. Además, señaló que era necesario esclarecer el motivo por el cual Armando Hernández habría recomendado a su hermano pese a las restricciones legales vigentes.
A estos antecedentes se suma un episodio ocurrido en 2017, cuando la organización INCIDE Social expresó su preocupación durante el proceso de selección para la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El motivo fue la supuesta negativa del entonces aspirante Armando Hernández a transparentar su trayectoria curricular y sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.
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La organización recordó que en junio de 2016, mientras presidía el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el ahora aspirante promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar que sus declaraciones patrimoniales se hicieran públicas. Este antecedente fue señalado como un indicio de opacidad en su actuación como servidor público.
