Las fiscalías anticorrupción locales abrieron 15 mil 356 investigaciones en 2023, pero sólo lograron la condena de 129 casos (0.8 por ciento), por lo que las grandes estafas que implican recursos públicos quedaron impunes, reveló la organización Tojil.
“No se están sancionando las grandes estafas maestras ni los grandes desvíos, están literalmente simulando justicia a robos o desvíos bastante pequeños que no cuestan tanto trabajo ni político ni fáctico de probar. Estamos ante unas sentencias que no están cambiando ni desmantelando las grandes redes de corrupción”, dijo en entrevista con ejecentral Adriana Greaves, codirectora de Tojil.
La organización llevó a cabo un estudio de las fiscalías anticorrupción y detectó que los obstáculos financieros, políticos y de recursos humanos han abonado a los altos índices de impunidad en casos de corrupción como el desvío de recursos públicos, tráfico de influencias y sobornos, entre otros. Resalta el caso exclusivo de Nuevo León, donde en 2022 se incluyó la tortura en el catálogo de los delitos de corrupción.
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A nivel local, las fiscalías anticorrupción abrieron 15 mil 356 investigaciones, de las cuales 489 fueron vinculadas a proceso y sólo 129 tuvieron sentencias condenatorias.
A nivel federal, los resultados no son alentadores, pues la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), abrió 803 investigaciones, pero sólo 42 están judicializadas, incluso se desconoce si hubo sanciones porque la institución no quiso transparentar el dato.
“La FEMCC tiene un presupuesto gigante y creo que no tienen los resultados esperados. Tienen 223.3 millones de pesos, que es ocho veces más de lo que recibieron en promedio las fiscalías locales en conjunto y, evidentemente, no está dando los resultados, no hemos visto una sanción de grandes redes y estafas internacionales”, añadió Greaves.
En 13 entidades federativas no se obtuvo ninguna sentencia por casos de corrupción investigados por las fiscalías en la materia: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.
Las entidades que tuvieron más sentencias condenatorias fueron Durango y el Estado de México, con 37 casos cada una. La Fiscalía Anticorrupción del Estado de México abrió cuatro mil 388 investigaciones, fue la que más casos inició, pero sólo judicializó 174.
Pocos recursos y personal
Para Adriana Greaves, el observatorio ciudadano no es para estigmatizar a las fiscalías. Por el contrario, se trata de ponerlas en el radar para fortalecer su labor, pues la mayoría trabaja en condiciones complicadas, con poco personal o presupuesto.
“El promedio nacional del presupuesto asignado en 2023 a las fiscalías anticorrupción en el país es de 28 millones de pesos. Sin embargo, al analizar los correspondientes en cada fiscalía estatal observamos que la cantidad de recursos asignados varía ampliamente en cada entidad federativa. No sorprende que la fiscalía de Guerrero sea la segunda con el menor presupuesto del país con 3.6 millones de pesos; es decir, 11 veces menor que el presupuesto de la fiscalía de Durango, que fue de 46 millones durante este periodo”, se lee en la investigación.
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Los presupuestos de estas instituciones anticorrupción son reducidos. Por ejemplo, la fiscalía de Hidalgo tuvo 525 mil 300 pesos para operar en 2023, un promedio de mil 459 pesos al día. Guerrero ocupa el segundo lugar en la tabla con menor presupuesto, con tres millones 623 mil 584 pesos, seguido de San Luis Potosí con cinco millones 593 mil 755 pesos.
En contraste, la fiscalía de Jalisco es la que más recursos obtuvo con 74 millones 138 mil 792 pesos, le siguió Chihuahua con 62 millones 517 mil 869 pesos y Sonora con 53 millones de pesos. De todas las instituciones, sólo siete tienen la capacidad de solicitar directamente al Congreso su presupuesto, recalcó el estudio de Tojil.
Entre los obstáculos para los trabajos se suman los pocos recursos humanos. Por ejemplo, Baja California Sur reporta apenas un agente del Ministerio Público, mientras que Guerrero tiene dos, uno de los cuales es la propia fiscal titular.
“Con la información proporcionada por 24 fiscalías que compartieron datos sobre la cantidad de su personal, se identificaron un total de 581 funcionarios adscritos a éstas. La del Estado de México es la que cuenta con el mayor número de personal, con 117 servidores públicos, seguida de Hidalgo con 48 servidores públicos y Durango con 40”, se detalla.
Panorama 2024
El panorama de este año parece seguir la misma tendencia de 2023. “En la primera mitad de 2024 se iniciaron siete mil 258 carpetas de investigación. De mantenerse el ritmo, la incidencia de denuncias y casos abiertos será similar a la de 2023 (…) Hasta el cierre de junio se reportaban más de dos mil 500 carpetas enviadas al archivo temporal, lo que confirma una tendencia preocupante en dicho apartado”, reportó Tojil. Las fiscalías adelantaron que en el primer semestre del año han judicializado 552 casos.
“Los hechos no se están pudiendo probar más allá de una duda razonable, no se están pudiendo sustentar. Y eso habla, justo, de que hacen falta recursos humanos, capacitados, de bases. En muchos de estos casos no se trata de una evidencia que vas a encontrar como es un arma, sino que se requiere rastreo de dinero, de empresas fantasmas donde está entrando el dinero, de cuentas bancarias, de dinero que sale de México, dinero que se tuvo que haber utilizado para dar un servicio o un bien que en realidad no está llegando”, declaró Adriana Greaves.
Agregó que los fiscales anticorrupción deben ser autónomos, que los gobernadores no los nombren, pues difícilmente el fiscal investigará algún acto de corrupción que involucre al gobernador.
“O sea, es una labor titánica (la de las fiscalías) y lo estamos tratando como si fuera una labor que estorba. Entendemos que estorba porque son asuntos internos y a nadie le gusta autoinvestigarse, pero creo que por eso le corresponde a la ciudadanía fortalecer a estas instituciones y protegerlas”, agregó.
Hay casos de éxito. Pocos, pero existen. Por ejemplo, la fiscalía de Querétaro logró recuperar 100 millones de pesos en un solo caso de corrupción y lavado de dinero, y ha desarrollado su propio protocolo de protección para denunciantes, testigos y quienes intervienen en el proceso penal.
