Andrés Manuel López Obrador, un presidente polarizador
Andrés Manuel López Obrador, un presidente polarizador
La administración del exmandatario estuvo marcada por una confrontación política creciente, cuya retórica desafió a sus adversarios, además de exacerbar las tensiones sociales y políticas en México
El legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, al final de su mandato en 2024, estuvo marcado por un tono constante de confrontación, que se extendió hacia una amplia gama de actores sociales y políticos. Desde los primeros días de su administración, López Obrador adoptó una postura crítica hacia lo que denominó sus “adversarios” y aquellos que se oponían a la llamada Cuarta Transformación, lo que alimentó una atmósfera de polarización política y social.
En su último año de gobierno, López Obrador mantuvo un discurso vehemente que se dirigió no sólo a sus opositores políticos, sino también a empresarios, periodistas, activistas, intelectuales, instituciones gubernamentales, organismos internacionales, y hasta figuras tecnológicas.
Su retórica, en ocasiones ácida y beligerante, resultó en una intensificación de las divisiones dentro de la sociedad mexicana, generando reacciones tanto a nivel local como internacional.
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La crítica constante y los ataques que caracterizaron su discurso crearon un clima de tensión que, para algunos especialistas, podría haber tenido consecuencias más allá de lo político, afectando la percepción pública y exacerbando las tensiones sociales que ya existían. Mientras que para muchos de sus seguidores, su postura era una necesaria defensa contra las élites del poder, para otros, significó una peligrosa estrategia de confrontación que amenazó con profundizar la fractura dentro del país.
Especialistas consultados coincidieron en que los polémicos señalamientos y descalificaciones reiteradas que caracterizaron el discurso del tabasqueño generaron una mayor polarización en el ambiente político-social del país, afianzando estigmas y profundizando las diferencias sociales.
Al mismo tiempo, la senda de división y confrontación que dejó López Obrador con su discurso implica también un desafío para su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la necesidad de que en su gobierno haya una búsqueda de reconciliación y gobernabilidad.
“Lo ideal es una operación cicatriz que incluya un discurso en el que no sólo se abstenga de descalificar, sino que también se reconozca públicamente la labor periodística en una sociedad que aspira a ser democrática”, señaló en entrevista con ejecentral Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director de la Oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica.
Sin embargo, las reiteradas descalificaciones y acusaciones que caracterizaron al fundador de Morena no sólo polarizaron la discusión política, sino que también derivaron en acciones legales y reacciones adversas en diversos sectores.
Un ejemplo de ello fue la inédita demanda que interpuso el periodista Raymundo Riva Palacio, quien recientemente obtuvo una sentencia definitiva a su favor por los ataques que recibió del expresidente, quien lo calificó de “mentiroso” y “pinocho” en su sección de Quién es quién en las Mentiras, en la que supuestamente se evidenciaban como mentiras, hechos e investigaciones periodísticas contrarias a su gobierno.
Riesgosa estigmatización
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fueron asesinados al menos 46 comunicadores en el país, según los registros de las organizaciones Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras. La cifra equivale al 30% de los 157 periodistas silenciados en los últimos 30 años.
Aunque México se encuentra entre los países más mortíferos para ejercer el periodismo, el expresidente mantuvo durante toda su administración una narrativa combativa hacia la prensa y los líderes de opinión críticos de su gobierno.
Uno de los casos más emblemáticos fue la controversia generada por el reportaje del periodista estadounidense Tim Golden, publicado en ProPublica a finales de enero pasado, en el que el dos veces ganador del Premio Pulitzer reveló que testigos protegidos aseguraron que el cártel de Sinaloa financió con dos millones de dólares la campaña electoral del tabasqueño en 2006.
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Durante más de seis meses, López Obrador mantuvo activo el tema en sus “diálogos circulares”, como él calificaba sus conferencias matutinas, y en cada ocasión aprovechaba para desestimar la publicación y acusar al medio y al periodista de calumniadores y mentirosos.
En México, su línea crítica se dirigió hacia los que él señalaba como adversarios y “pasquines al servicio del conservadurismo”, y la incluía a medios como Reforma, la revista Proceso, El Universal, Grupo Fórmula y el sitio Latinus.
De igual forma, constantemente denostaba a periodistas como Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva y Carmen Aristegui, entre otros, a quienes incluso llegó a acusar de recibir financiamiento millonario para atacar a su administración.
Para Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, entre las consecuencias de la “dinámica de estigmatización y descalificación” que López Obrador mantuvo contra la prensa, bajo “una lógica profundamente antidemocrática”, se encuentra un incremento “exponencial” y generalizado de la violencia hacia los periodistas y los medios de comunicación.
“Son en sí misma la descalificación, el hostigamiento verbal, la virulencia, una forma de agresión que sí logró inhibir, generar autocensura. Eso fue replicado por muchos otros actores políticos, no sólo del oficialismo; incluso en estados y municipios de la oposición se retomó esta estrategia de descalificación permanente a la prensa crítica”.
En opinión del abogado y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, las mañaneras en tiempos de López Obrador se consolidaron como “un mecanismo de desinformación y estigmatización”, en las que los señalamientos se convirtieron en una verdadera agresión hacia la prensa y cualquier persona o institución que fuera percibida como oposición.
En el caso particular de la prensa, Artículo 19 documentó al menos 170 agresiones y 240 campañas de desprestigio orquestadas desde las conferencias de Palacio Nacional. Sin embargo, Leopoldo Maldonado aseguró que se trata apenas de una muestra de las diversas agresiones que han sido complejas de documentar debido a “el efecto inhibitorio” que logró imponer el exmandatario.
“Estamos hablando ya de actos coordinados, orquestados, planeados para avasallar a la prensa a través de redes sociales, generar un estigma y acabar con lo más importante que puede llegar a tener un periodista, que es su credibilidad”, subrayó.
En su última conferencia del 30 de septiembre, además de rifar su reloj, celebrar el triunfo de Sheinbaum y presumir ‘logros’ de su gobierno, López Obrador reiteró sus señalamientos en contra de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y de periodistas como Carlos Loret de Mola.
De lo dicho al odio
La serie de declaraciones, críticas y enfrentamientos dirigidos a opositores políticos, la clase media y organizaciones de la sociedad civil, entre muchos otros actores e instituciones públicas, que protagonizó el expresidente López Obrador en su último año de gobierno, acentuaron la polarización política y social.
Entre estos episodios destacan las constantes descalificaciones que hizo hacia la excandidata presidencial de la alianza PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, que escalaron hasta que una resolución del Tribunal Electoral determinó que las acusaciones del mandatario incurrieron en violencia política de género.
Pese al fallo, López Obrador rechazó las acusaciones y negó haber cometido algún tipo de violencia, asegurando que la candidatura de Gálvez era impulsada por grupos económicos que no representaban al pueblo, y tildó a los magistrados electorales de “mentirosos y corruptos” por haber conminado el voto en favor de Claudia Sheinbaum.
El tono polarizador de López Obrador incluyó también críticas hacia la clase media, a la que calificó de “aspiracionista”, “egoísta” y “sin escrúpulos”, generando un amplio debate sobre los estigmas asociados a ese sector social y su papel en la construcción de instituciones democráticas, pero que en su gobierno fueron señalados como obstáculos para la “transformación”.
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En sus señalamientos tampoco quedaron fuera las organizaciones de la sociedad civil, particularmente aquellas que evidenció por recibir financiamiento extranjero, como el caso de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, a quienes acusó de “instrumentos de intervención extranjera”, de responder a intereses de la “oligarquía conservadora” y de buscar desestabilizar su gobierno.
Norma Rosales León, licenciada en Periodismo y Comunicación colectiva, aseguró que la narrativa que mantuvo López Obrador recayó en un discurso de odio, que sirvió de anclaje o “pivote” en la comunidad para reforzar la idea “de una cuarta transformación, a través del desprestigio, la indiferencia y la denuncia hacia lo establecido, los contrincantes o la mafia del poder, como lo manejó desde el inicio de su gobierno”.
Para la académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el discurso confrontativo y clasista del oriundo de Macuspana sí implicó una vulneración a los derechos humanos, por empoderar, al menos en el discurso, a los sectores más vulnerables a costa del ataque y discriminación hacia otros grupos sociales.
“Si hablamos de discriminación, si hablamos de discurso de odio, estamos hablando de polarización, porque la discriminación conlleva una polarización, una preferencia por ciertas clases sociales, y obviamente también un ataque, una falta de respeto y de visión armónica en cuanto a los derechos humanos, la imagen y la identidad de la sociedad o de algunas clases sociales”.
Lo ideal es una operación cicatriz que incluya un discurso en el que se reconozca públicamente la labor periodística en una sociedad que aspira a ser democrática.” Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director de la Oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica.
