Bajo el argumento de no “afectar y comprometer” el presupuesto para 2019 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, asignada por Andrés Manuel López Obrador en esa institución, a través de una carta dirigida al titular del organismo, Enrique Cabrero Mendoza, pidió hace unos días que se suspenda “toda convocatoria abierta” por organismo después del 31 de julio.
Esto significa frenar por lo menos seis programas que la propia científica enlista en su carta entregada el 24 de septiembre, y que incluye estímulos y apoyos a actividades científicas, tecnológicas y de innovación; apoyos a los estados; para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología. Álvarez-Buylla incluye contratos para cátedras que aún no se firmen; para el manejo de revistas y redes sociales, y hasta los contratos. Esta carta ha causado malestar en la comunidad científica y al interior del Conacyt, por la intervención que representa en procesos establecidos que la normatividad obliga a seguir, y en la administración que aún ellos no asumen sino a partir del primero de diciembre. Un ejemplo claro de ello, es que Álvarez-Buylla solicita que no se celebre el contrato de arrendamiento para que Conacyt tenga un espacio en el que exhiba sus publicaciones en la Feria Internacional del Libro (FIL), a celebrarse en noviembre en Guadalajara, una semana antes de que López Obrador y su equipo asuman la administración.
De acuerdo con fuentes consultadas por ejecentral, de atender esta petición provocaría afectaciones en las cátedras para jóvenes que están becados por el Conacyt o que esperan serlo. Lo mismo que los recursos que llegan a los estados y municipios que llegan pa incentivar las actividades científicas y tecnológicas.
Este tipo de intervención, en trámites administrativos, sin contar con una designación oficial, significaría una violación a la ley por parte del actual director y su equipo. Información proporcionada por otra fuente, aseguró que la intervención de Álvarez-Buylla y su equipo también se ha ejercido en el proceso de cambio de directores Generales en los Centros Públicos de Investigación que coordina el Conacyt, el cual comenzó a partir de convocatorias lanzadas meses atrás, como establece la normatividad. Han llevado a cabo, añadió la fuente, entrevistas adelantadas con sus candidatos, sin contar con atribución legal para ello, pretendiendo designarlos sin respetar los procedimientos.
Por la tarde, la propia Álvarez Buylla divulgó una carta aclaratoria en la que lamenta la divulgación del oficio dirigido al director del Conacyt “sin que advirtamos ahora la pretensión de dicho acto, que sólo enrarece e proceso de transición, que hasta ahora se había realizado sin contratiempos”.
En su carta, la futura funcionaria precisa que “no se solicitó suspender todas las convocatorias, sino sólo aquellas que comprometan recursos del Presupuesto de Egresos de 2019; enlistando algunas posibles”.
Admite que sí se solicitó suspender las convocatorias que comprometan recursos del próximo ejercicio. Sin embargo, aclara, “la suspensión de ninguna manera implica la cancelación de éstas”, además de que se solicitó cancelar todos los contratos que comprometan recursos del próximo ejercicio, los que habrán de evaluarse por la siguiente administración.
Álvarez Buylla subraya que “el oficio se elaboró de buena fe para asegurar que la próxima administración cuente con los recursos necesarios para impulsar los programas institucionales en apoyo a las humanidades, las ciencias y las tecnologías, que redunden en beneficio de la comunidad, del avance del conocimiento y del bienestar social del país”. La carta recuerda que “el proceso de transición que atraviesa la Administración Pública Federal no tiene precedente. El Presidente Electo y su equipo de transición han comenzado desde muy temprano y en absoluto respeto al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto una labor de reconocimiento y diagnóstico del estado que guarda la administración, con el único objetivo de advertir los cambios necesarios para hacer eficiente el gasto público”.
