@lorena_becerra
Existen varios episodios documentados en donde gobernantes y políticos toman decisiones con base en su popularidad más que en el buen gobierno. Esta semana la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) tomó una decisión histórica en lo que concierne al manejo de los animales de compañía. Una decisión históricamente irresponsable. El espacio de esta semana está dedicado a documentar el desdén a la rendición de cuentas con que ha actuado dicha dependencia que privilegió la imagen del Secretario Enrique Martínez y Martínez por encima de la transparencia en procesos y la aplicabilidad de la ley.
Nuestro país padece de una problemática de animales en condición de abandono – principalmente perros y gatos –, por lo que la autoridad tiene la labor de levantarlos y muchas veces eliminarlos. No se han generado leyes que castiguen el maltrato animal en todos los estados, ni tampoco existe una conciencia de adopción o esterilización de las mascotas. Esto ha resultado en un promedio anual de 605,805 animales de compañía sacrificados anualmente según el Sistema de Información en Salud (SIS) de la Secretaría de Salud tomando como referencia el periodo 2010-2013. El sacrificio es llevado a cabo por antirrábicos y centros de control canino que dependen de los gobiernos municipales y regulado por la NOM-033-ZOO-1995.
Dado que las normas deben revisarse cada cinco años, se abrió la revisión de la NOM-033 contemplando la posibilidad de eliminar el método actual de sacrificio que consiste en el uso de electricidad. Si bien este método está avalado por la Organización Internacional de Salud Animal (OIE por sus siglas en francés) se condiciona específicamente a la insensibilización previa del animal. Existen diversos métodos de eliminación en el mundo: en Estados Unidos la gran mayoría de los casi 6 millones de animales que se sacrifican anualmente mueren en cámaras de gas; en algunos países de América Latina se utiliza un fármaco llamado T64 que causa una muerte lenta y dolorosa por asfixia; y en México anteriormente se utilizaba un pistolete que se eliminó por sus costos excesivos. En los peores casos los animales sufren muertes de crueldad infinita, como a palos, inyección intravenosa de limpiadores para piso o envenenamiento.
Durante la revisión de la norma se habló de perfeccionar el método eléctrico dado que la gran mayoría de los cerca de 200 antirrábicos que existen en el país cuentan con las instalaciones para utilizarlo. No obstante, es necesario tomar en cuenta que la eliminación de animales no sólo se lleva a cabo en los antirrábicos y centros de control canino. Por las necesidades epidemiológicas de nuestro país y la falta de desarrollo de capacidad instalada, se hacen sacrificios en muchos municipios que no cuentan con antirrábico y, por lo tanto, no están regulados por la norma.
Después de años de trabajo la semana pasada SAGARPA aprobó la modificación a la norma que elimina por completo la electricidad y establece como único método de sacrificio la sobredosis con barbitúricos. Si bien este método sería el más deseable para efectos de evitar el sufrimiento de los animales, la aplicabilidad de esta medida está condenada al fracaso. La sola adquisición de los medicamentos asciende a un costo estimado de 200 millones de pesos al año debido a que es un producto de importación cuyo precio está sujeto al tipo de cambio. Esta medida también requiere de la presencia de un médico veterinario para su aplicación, lo que implica un cambio en el personal operativo del antirrábico. Ahora bien, ni SAGARPA ni la Secretaría de Salud ejecutan los programas de sacrificio por lo que no les corresponde asignar los recursos de este rubro. Como consecuencia, los municipios estarán obligados a incurrir en este gasto. Lógicamente, aquellos que no cuenten con los recursos para hacerlo no solo incumplirán con la nueva norma sino que terminarán recurriendo a métodos más económicos y, lógicamente, más crueles.
El Distrito Federal sirve como un gran ejemplo de lo irreal de la medida que SAGARPA pretende imponer. El Gobierno del Distrito Federal estableció por ley que el sacrificio se hará por sobredosis. Sin embargo, el gobierno no proporciona el medicamento sino que lo recibe como donativo de la Fundación Haghenbeck. Es decir, el gobierno transfirió sus obligaciones a la sociedad anteponiendo su imagen de un gobierno con conciencia hacia los animales. Y no es de sorprenderse que en un país como el nuestro con más de 50 millones de pobres y en donde existen grandes carencias en los servicios de salud y educación, los gobiernos decidan no destinar recursos a los animales. Lo que llama la atención es la toma de decisiones tan pobre que exhiben nuestros gobernantes y funcionarios públicos.
Como toda ley, la NOM 033 fue puesta a consulta pública. No obstante, el proceso en lo general que SAGARPA siguió para lograr la modificación de la norma ha sido irregular y discrecional. En primer lugar, los medicamentos se producen con sales importadas que están estrictamente reguladas por la COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) ya que son materia prima para la fabricación de medicamentos controlados. SAGARPA no consultó a COFEPRIS para garantizar que autorice el incremento en la importación de estos insumos. En segundo lugar, SAGAPRA hizo caso omiso a los comentarios expresos de estados y municipios que advierten no contar con la capacidad económica para cumplir con la sobredosis como único método. Sin embargo, estados y municipios también dejaban claro en sus comentarios que están en la necesidad de seguir recogiendo y eliminando perros y gatos para proteger la salud y seguridad de las personas. Por último, SAGARPA distorsionó información ante la Secretaría de Economía cuando en su Manifestación de Impacto Regulatorio ante la COFEMER (Comisión Federal de Mejora Regulatoria) aseguró que los municipios contaban con materiales e insumos para dar cumplimiento a la modificación y que no se requiere de un gasto adicional.
El resultado de esta ley será un fracaso rotundo como ya lo fue en el Distrito Federal. Transferir responsabilidades del gobierno a la sociedad es señal de irresponsabilidad y mal gobierno. Lo que hizo SAGARPA fue multiplicar este fracaso a nivel nacional y como consecuencia los perros y gatos que se preciaba de considerar sufrirán un destino cruel. La incompetencia del Secretario Martínez y Martínez lo llevó al grado de imponer una regulación insostenible con tal de evitarse comentarios negativos en Twitter y Facebook. Si bien escuchar las preocupaciones de la sociedad civil en el sentido de atender la crueldad animal, el gobierno está obligado a tomar decisiones informadas y, sobre todo, aplicables.
