El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que dos lugares que solían ser centros de detención para migrantes dejarán de ser usados. Se trata de un centro en Georgia donde mujeres migrantes aseguran que fueron obligadas a examinaciones médicas no solicitadas y una cárcel en Massachusetts donde migrantes denunciaron tratos y condiciones inhumanas.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) dio a conocer que los contratos han sido cancelados, tanco con la agencia pública que maneja el centro de detención en Massachusetts, como con la compañía privada que administra el centro de detención en Georgia.
Por otra parte, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, comentó que en todo caso si alguna persona debe ser detenida por el gobierno de los Estados Unidos, será trasladada a un centro especial. Esto, dice el secretario Mayorkas, como petición de organizaciones defensores de derechos humanos y de migrantes.
Permítanme exponer un principio fundacional […] No toleraremos el maltrato de individuos detenidos por delitos civiles de inmigración ni condiciones de detención deficientes.
Alejandro Mayorkas
Asimismo, Mayorkas resaltó que la cancelación de contratos con estos centros denunciados por maltratos es una de las tantas acciones para mejorar el sistema de detenciones civiles migrantes en los Estados Unidos. Además de representar un esfuerzo de la actual administración por retirar y reivindicar las políticas implementadas en su momento por Donald Trump.
Por otro lado, organizaciones aplauden la decisión del gobierno de respetar los derechos y revocar las políticas migratorias de la administración anterior, tal es el caso de la la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), que en su momento solicitó al gobierno estadounidense la clausura de 39 centros de detención de migrantes en aquel país.
El anuncio de hoy muestra la voluntad del gobierno del presidente Joe Biden de apartarse decisivamente de los abusos contra los derechos de los inmigrantes que caracterizaron a administraciones anteriores.
Unión Americana de Libertades Civiles
La ACLU ha pedido que se eliminen las detenciones arbitrarias de personas inmigrantes, así como se ponga fin a la política que permite que personas encarceladas que no sean ciudadanas de los Estados Unidos sean cedidas a la custodia de ICE para que se les deporte una vez terminada su condena.
No obstante, el secretario Mayorkas ha comenzado gestiones para aligerar la severidad de políticas inmigratorias, pero afirma que quienes no sean ciudadanos de los Estados Unidos y sean considerados un peligro para el resto de la población o que hayan cometido delitos severos, deben ser detenidos para luego deportarles.
Las cifras disminuyen
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), conserva en detención a cerca de 19 mil personas que no son ciudadanos estadounidenses, para luego deportarles desde alguno de los 200 centros en el país. Sin embargo, alrededor de 73 por ciento de las personas detenidas no tienen antecedentes penales y muchos otros sólo han cometido delitos menores, de acuerdo a la información de Transactional Records Access Clearinghouse, una organización de la Universidad de Syracuse que recaba información de este tipo.
JP
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