El daño que está haciendo la explotación de suelos y del agua, y un daño a los ciudadanos y al medio ambiente, es la justificación perfecta que encontró el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para mandar una iniciativa que impida el que se otorguen más concesiones a la industria minera en México como lo indica la Ley Minera promulgada en 2005.
De acuerdo con el documento enviado al Palacio Legislativo, la minería pierde su carácter preferente, es decir, ya no estará sobre otras actividades como son: la agricultura, la ganadería, e incluso la industria.
Lo anterior quiere decir, que si una de esas actividades está en funcionamiento y un concesionario minero quiere explotar ese terreno, puede expropiarlo por ser de utilidad pública. Pero con la nueva propuesta de ley, esto ya no sucedería, se tendría que llegar a un arreglo con el propietario y que le convenga para poder explotar la propiedad en términos de minería.
Entre las medidas que se implementarían por medio de esta iniciativa de ley, estaría en que el Estado obtenga mayores beneficios económicos, así como para la población. Y se debe de preservar, restaurar y mejorar el ambiente, prevenir y controlar la contaminación del aire, agua, suelo y subsuelo.
El gobierno lopezobradorista busca condicionar la concesión minera a la disponibilidad hídrica, por lo que primero estaría al garantizar la prioridad de uso y consumo humano del agua, y además, solo podrán hacer uso del vital líquido sobre el permiso que le haya otorgado el Estado.
Con este proyecto, la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otros puntos, anularía el derecho de las personas titulares de las concesiones para obtener la expropiación de un terreno para explotación minera. Esta modificación a la ley obligará a las empresas mineras a pactar contraprestaciones monetarias siempre y cuando el propietario (ejidos, comunidades y núcleos agrarios, entre otros) crea que los términos son justos.
Las concesiones pasarán de 50 años a sólo 15 años, y será prorrogable por una sola ocasión hasta por otros 15 años, con la finalidad de disminuir la especulación de particulares con los recursos de la Nación.
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