Nixon y la CIA, las manos detrás de la dictadura
Una desclasificación parcial de informes sobre el golpe militar de 1973 en Chile reveló el papel no sólo de la Agencia Central de Inteligencia, sino del entonces presidente de Estados Unidos
En vísperas del 50 aniversario del golpe militar que cambió la historia de Chile, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha liberado una serie de informes diarios relacionados con el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.
Estos informes revelan la participación activa de la administración del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon en el respaldo y fomento del golpe militar, así como las condiciones que llevaron al trágico reinado de terror bajo el gobierno de Augusto Pinochet.
Además, en un giro significativo, el presidente Gabriel Boric ha anunciado un plan de búsqueda de la verdad y la justicia para los detenidos desaparecidos durante la dictadura, marcando un hito en los esfuerzos del país para sanar heridas profundas.
Los informes desclasificados muestran que la administración Nixon estaba involucrada en la planificación y ejecución del golpe militar.
A pesar de que la CIA informó al presidente Nixon sobre la intención de los militares chilenos de “restaurar el orden político y económico”, también advirtió sobre la falta de un plan coordinado para aprovechar la oposición civil.
Estos informes, retenidos durante décadas, arrojan luz sobre la postura de Estados Unidos en aquel momento y cómo su intervención influyó en los acontecimientos en Chile.
Los archivos revelan que Nixon ordenó a la CIA impulsar un golpe militar para evitar que Salvador Allende asumiera el cargo. La estrecha colaboración entre la administración Nixon y la CIA en sus esfuerzos para prevenir el ascenso de Allende y facilitar el golpe de Estado es un recordatorio sombrío de la influencia extranjera en los asuntos políticos de Chile.
Al respecto, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, integrante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha sido un elemento de presión para que se revele “toda la información” en el Departamento de Estado, la CIA y el Pentágono sobre la participación de estas oficinas en el golpe de Estado.
Para Ocasio-Cortéz “es hora de que Estados Unidos reconozca su historia de contribución al cambio de régimen y la desestabilización en América Latina” y asuma plena responsabilidad pública por su papel histórico”.
En julio pasado, la congresista presentó una enmienda al proyecto de ley anual de política militar con ese objetivo, pero el Comité de Reglas de la Cámara, controlado por republicanos, impidió la votación.
Plan Nacional de Búsqueda
El plan, que recibe financiamiento estatal, tiene como objetivo reconstruir las trayectorias de las víctimas desde su detención hasta su desaparición. También busca garantizar el acceso a la información para los familiares y establecer medidas de reparación.
El presidente Boric enfatizó que la búsqueda será un compromiso continuo del Estado y no solo de las familias afectadas. Reconoció la demora en la búsqueda de justicia y afirmó que “la justicia ha tardado demasiado”.
Los familiares de las víctimas desempeñaron un papel clave en la elaboración del plan, y han expresado su agradecimiento por el compromiso del gobierno de Boric.
Gaby Rivera, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, señaló que este esfuerzo es un hito en la voluntad política que se necesita para abordar esta dolorosa cuestión.
La mayoría de los desaparecidos eran obreros y campesinos, con una edad promedio de 29 años. Las detenciones comenzaron inmediatamente después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, liderado por Pinochet.
Uno de los mayores obstáculos para encontrar a los desaparecidos ha sido la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas, que los familiares atribuyen a un “pacto de silencio” que se ha mantenido desde la dictadura. En la década de 1990, hubo un intento de diálogo en el que los militares proporcionaron información sobre alrededor de 200 detenidos cuyos cadáveres afirmaron haber lanzado al mar. Sin embargo, algunos de estos restos fueron encontrados en fosas comunes.
El Plan Nacional de Búsqueda se basa en las pistas y la información obtenida de los procesos judiciales que se han llevado a cabo en los últimos años. El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que dentro de las Fuerzas Armadas “es evidente que hay personas que tienen información sobre el destino de los desaparecidos”.
El crimen contra Víctor Jara
En 1973 el cantautor y activista Víctor Jara, desapareció. Militante del Partido Comunista y profesor en la Universidad Técnica del Estado, fue arrestado, torturado y asesinado con 44 disparos por su compromiso político y su influencia artística. Su trágico destino se suma a una larga lista de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.
Al respecto, la Corte Suprema de Chile emitió una condena histórica al sentenciar a siete militares en retiro por el secuestro y asesinato del icónico cantautor Víctor Jara.
Este veredicto marca un paso destacable en la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos durante el régimen de Pinochet.
Los exoficiales del Ejército, entre ellos Raúl Jofré, Edwin Dimter, Nelson Haase, Ernesto Bethke, Juan Jara y Hernán Chacón, recibirán sentencias que van de ocho a 25 años de prisión, lo que representa un aumento en las penas originales tras la revisión del caso. Los acusados también enfrentaron cargos por el asesinato y secuestro de Littré Quiroga, exdirector de prisiones y compañero de detención de Víctor Jara en el Estadio Chile, que ahora lleva el nombre del propio cantautor.
Un aspecto notable del caso es la ausencia de Pedro Barrientos, otro acusado como autor material del asesinato de Víctor Jara.
Barrientos, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos, ha sido requerido en extradición desde Chile. En 2016, la corte federal de Florida lo declaró responsable del asesinato y ordenó una compensación significativa para la familia del cantautor.
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