Nicaragua autoriza visita de OEA tras violentas manifestaciones

Nicaragua autorizó la visita de la comisión de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) para observar la situación en el país, sacudido por protestas antigubernamentales que dejan más de 50 muertos, indicaron el lunes fuentes del organismo. El gobierno de Daniel Ortega dio su “anuencia” a una visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país “tan pronto como sea posible”, informó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al publicar en su cuenta en Twitter una misiva del canciller nicaragüense, Denis Moncada. Managua “brindará la asistencia necesaria” a la CIDH para “observar ‘in loco’ la situación de los derechos humanos en Nicaragua en el contexto de los sucesos del 18 de abril de 2018 a la fecha”, señaló Moncada en la misiva con fecha del domingo. Almagro había insistido el fin de semana en que el gobierno de Ortega permitiera el ingreso de la CIDH, ente autónomo OEA, sumándose al reclamo de la Iglesia católica, empresarios y miembros de la sociedad civil nicaragüense. La CIDH, que el viernes había emitido un comunicado diciendo que había solicitado “por tercera vez” acceso a Nicaragua, saludó la respuesta positiva del gobierno de Ortega y dijo que “durante la visita (para la cual no anunció aún fecha) sostendrá reuniones con autoridades del Estado, representantes de la sociedad civil y otros actores relevantes”. La relatora de la CIDH para Nicaragua, Adriana Urrejola, había destacado la visita como “indispensable” para evaluar la situación en el país centroamericano, tras casi un mes de violentas protestas contra el gobierno de Ortega que dejan 53 muertos, más de 400 heridos y unos 60 desaparecidos, además de saqueos e incendios. Para buscar auna salida a la grave crisis, la Conferencia Episcopal de Nicaragua(CEN) convocó un diálogo nacional para el miércoles. Ortega, un exguerrillero que gobernó durante la revolución sandinista de los años 1980 y retornó al poder en 2007, había dicho que está dispuesto a mantener conversaciones para calmar la situación, pero no había dado los pasos exigidos por la Iglesia para generar la condiciones. A la espera de que se concreten las pláticas, el Ejército tomó distancia del mandatario al anunciar este fin de semana que sus efectivos no reprimirán a los manifestantes antigubernamentales. Las protestas contra el gobierno de Ortega fueron iniciadas por estudiantes el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social y se extendieron a otros sectores que se han opuesto a la represión y han exigido libertad y democracia.

Obispos convocan un diálogo nacional

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) convocó un diálogo nacional para el miércoles a las 10 de la mañana, tras casi un mes de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega que han dejado al menos 53 muertos.

Después de escuchar el clamor de una gran mayoría de la sociedad y conscientes de la gravedad de la situación que vivimos en el país, y aún cuando las circunstancias para dicho dialogo no son las más idóneas, anunciamos el inicio del mismo para este miércoles 16 de mayo a las 10 de la mañana”, anunció el presidente del CEN, cardenal Leopoldo Brenes en rueda de presa.

En el dialogo se van a tratar “el tema de la institucionalidad para ir allanando el camino a la democratización”, señala el documento leído por Brenes, quien instó a las partes a tener buena voluntad para que “podamos llegar a acuerdos que se traduzcan en acciones concretas”. La convocatoria del diálogo se produce luego de que Ortega autorizara el ingreso de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para analizar la situación del país y allanar el camino al diálogo. El gobierno hizo la invitación antes de que venciera este lunes el plazo de tres días que la CEN había otorgado a Ortega para que permitiera el ingreso de la CIDH con el fin de “aclarar las muertes y desapariciones de nicaragüenses” ocurridas en las protestas. Los obispos habían puesto como condiciones el ingreso de la CIDH y el fin de la represión para convocar el diálogo propuesto por el gobierno, y del cual serán mediadores, para intentar solucionar la grave crisis que vive el país desde que iniciaron las protestas el 18 de abril y que dejan al menos 53 muertos, más de 400 heridos, unos 60 desaparecidos, decenas de negocios y casas saqueadas y quemadas y denuncias de detenciones ilegales. FR