La senadora Nestora Salgado solicitó este jueves al presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres Guadarrama formular la excitativa a las Comisiones correspondientes para que se emitan a la brevedad el dictamen a la minuta que contiene el proyecto de decreto por el que se deroga la figura del arraiga, posicionada en el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política. Salgado señaló que penas precondenatorias como el arraigo coloca a las personas “en un limbo jurídico en el que no son ni indiciadas ni inculpadas, y abre una puerta a la detención arbitraria y la tortura”, dijo en el pleno. “Todas estas conductas que estorban al propósito de implementar un sistema acusatorio y garantista de justicia penal sobre la base de procedimientos que cumplan con los imperativos de un Estado democrático de derecho”, añadió. La legisladora recordó que la ONU ha recomendado de manera reiterada al Estado mexicano, la eliminación de esta figura que viola el derecho a un debido proceso, particularmente en su vertiente de presunción de inocencia, así como el derecho a la libertad. Salgado señaló que esta propuesta forma parte de una agenda legislativa en materia de seguridad y justicia, centrada en la consolidación de la protección constitucional de los derechos humanos, la cual presentará en su totalidad la próxima semana. Las Comisiones correspondientes a las que Batres deberá enviar este dictamen son las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda. En el tema de arraigo, la Constitución Política mexicana señala que “La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona... sin que pueda exceder de cuarenta días... Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días”. Por su parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos explica que el arraigo “es una forma de detención que permite la vigilancia permanente del ministerio público sobre personas sospechosas de cometer algún delito o que tengan información relacionada con éste; su fin es incrementar el tiempo con el que cuenta la autoridad para reunir pruebas contra la persona arraigada. El objetivo del arraigo no es determinar si una persona es inocente o culpable, sino que se priva a la persona de su libertad con el fin de obtener información que pudiera ser utilizada con posterioridad para la etapa de juicio”. MM
2 de Diciembre de 2024
