“Esta es la última llamada para conservar nuestra democracia”, me dijo en entrevista Alejandra Latapí, exconsejera del Instituto Federal Electoral (IFE) al hablar sobre el Plan B propuesto por AMLO que intenta desmembrar la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE).
“La sociedad civil se manifestó en contra de la iniciativa de reforma constitucional que propuso el Ejecutivo Federal, salimos a las calles en la marcha del 13 de noviembre, los partidos de oposición se dieron cuenta de en dónde estaba la demanda ciudadana, acataron el llamado y esa reforma fue derrotada”, recuerda.
“La reacción que provocó fueron seis reformas secundarias que si bien no tienen el nivel tan nocivo que tenía la reforma constitucional, sí tienen el objetivo claro de que no pueda haber elecciones bien organizadas y con resultados confiables dentro del proceso electoral al que estamos acostumbrados”.
“El IFE y luego el INE se construyó a lo largo de 30 años para dar certeza en las elecciones, para que fuera una institución autónoma con autoridad sobre los partidos políticos y que fuera confiable para todo el país, eso es lo que está en riesgo’’, alerta Latapí quien hoy es activista en Poder Ciudadano y cofundadora de Unid@s.
“Hay una serie de inconsistencias constitucionales. En primer lugar, que esta reforma (Plan B) se haya presentado pues no debió de haber entrado a debate en el mismo periodo de sesiones en el que fue derrotada la reforma constitucional. Y además muchos de los preceptos de esta nueva normativa que está a punto de convertirse en ley de manera evidente y flagrante van en contra de lo que está establecido en la constitución”, valora.
¿Cómo se puede detener este golpe artero a nuestra democracia? “Desde las organizaciones de la sociedad civil tenemos dos líneas muy claras. Primero demostrar nuestro desacuerdo al Poder Judicial cuando esto llegue a sus manos, porque hay visos de que será aprobada en las primeras semanas de febrero, manifestarnos, movilizarnos en todo el país para ratificar que la sociedad civil se mantiene dentro de los cauces del Estado de derecho, que ejercemos nuestro derecho a la libre expresión y a la libre manifestación pacífica y expresaremos nuestro rechazo a estas leyes que van encaminadas a demoler, a devastar al INE que es el que organiza y administra los procesos democráticos del país . La primera gran movilización está pensada para el 26 de febrero’’, detalla.
“De manera paralela, explica Latapí, hay una serie de herramientas jurídicas que se tienen al alcance, algunas que tienen que ver con las inconstitucionalidades solo pueden ser presentadas ante la Suprema Corte de Justicia por los actores que están enlistados en la Constitución y que pueden ser por la vía de acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales’’.
Adelanta que “ya se empezaron a presentar recursos sobre las reformas ya publicadas y que entraron en vigor recientemente por parte de los partidos políticos y las minorías de las cámaras, incluso algunos municipios están interponiendo los propios, pues hay disposiciones que violan sus atribuciones para decisiones en materia presupuestal’’.
¿Qué otra cosa podemos hacer las y los ciudadanos? “Firmar como amigos de la Corte, también y derivado de la propia reforma, tenemos posibilidad de presentar amparos, tanto por la violación a nuestro derecho humano de participar en la política y porque estos nuevos preceptos ponen en riesgo nuestros datos personales’’, remarca Latapí.
“Ahí hay una vía de acción para los ciudadanos a lo largo y ancho del país. Posteriormente conforme se vayan presentando actos derivados de esta ley, podríamos presentar juicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación’’, agrega.
“Estamos haciéndole saber al Poder Judicial nuestro rechazo a esa reforma dentro del marco del Estado de derecho porque es lo que respetamos y confiamos en ellos como la última defensa dentro del marco legal al cual el jefe del Ejecutivo en numerosas ocasiones ha despreciado’’, remata la activista y experta en materia electoral.
La democracia en México está a punto de hundirse en la más oscura de las profundidades. Suenan las alarmas, urgen salvavidas y llevar a cabo el rescate. Es necesario poner manos a la obra, proteger el voto, resguardar el sistema electoral porque ya no hay marcha atrás. Esta es la última llamada.