El presidente de México Andrés Manuel López Obrador con ese aire autoritario que ha tomado últimamente afirmó que los organismos de la ONU de Derechos Humanos “no actúan con profesionalismo, son muy tendenciosos, supuestamente son defensores, se les nubla la vista por su conservadurismo, se quedan callados’’. ¿En serio? ¿Se quedan callados? Vamos a refrescarle la memoria.
Además de lo que el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos ha observado durante el sexenio de AMLO, comparto aquí algunas de sus declaraciones del pasado.
2017. El Alto Comisionado Zeid al referirse al debate sobre la Ley de Seguridad Interior afirmó: “Más de una década después de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra las drogas, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando abusos y violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”.
2016. El relator especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, consideró que desde su visita de 2013 el progreso en la protección del derecho a la vida era insuficiente: “Las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por los agentes de seguridad persisten”. “Las medidas de protección siguen siendo insuficientes e ineficaces; la impunidad y la falta de rendición de cuentas en relación a violaciones al derecho a la vida se mantienen como serios desafíos, al igual que la ausencia de reparación para las víctimas’’
En relación a las actividades policiales, Heyns recomendó que “se adopten de manera inmediata todas las medidas necesarias para garantizar que la seguridad pública esté a cargo de civiles y no de las fuerzas armadas acusadas de ejecuciones extrajudiciales”.
2015. Zeid dijo a la prensa en México: “Muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y algunas partes del Ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado y condenó las masacres de Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato”.
“Mi mensaje sobre esta reciente y preocupante tendencia, que se contrapone al papel constructivo de México en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, es el siguiente: en lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje’’, lanzó Zeid y urgió “adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública’’.
En ese mismo año, el Comité contra la Desaparición Forzada reconoció “un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio nacional, muchas de las cuales pueden considerarse como desaparición forzada’’.
2014. El Relator Especial sobre la tortura Juan E. Méndez concluyó: “Aún existe en México una situación generalizada del uso de la tortura y malos tratos como medio de investigación criminal, pero con mayor intensidad en los delitos relacionados con la delincuencia organizada”, señaló Méndez al final de su visita “y estos actos normalmente quedan en la más flagrante impunidad”.
2011. “En circunstancias extraordinarias es necesario tomar decisiones difíciles, como emplear al Ejército en funciones policiacas, mientras el Estado desarrolla la capacidad de proteger a su ciudadanía conforme al Estado de Derecho. Sin embargo, dichas medidas excepcionales deben apegarse a sus intenciones: ser extraordinarias y de tiempo limitado. Asimismo, deben aplicarse bajo el control civil, y con los límites establecidos por los derechos humanos y los principios’’ afirmó la Alta Comisionada Navi Pillay luego de su visita.
2010. “El fortalecimiento del Estado de Derecho y la lucha efectiva contra la violencia sólo serán posibles si el sistema de justicia en su conjunto es sólido e independiente”, afirmó la Relatora sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul.
Estos son solamente algunos ejemplos de un caudal de comunicados revisados a partir de la creación del Consejo de Derechos Humanos en 2006 que valdría la pena que AMLO consulte antes de lanzar sendas acusaciones.
AMLO hunde al país bajo el yugo militar y se olvida de las advertencias de la ONU cuando le conviene, ahoga al país en la falta de estado de derecho, en la ilegalidad y además obliga al Ejército y a la Marina a que violen la Constitución al aceptar el traslado de la Guardia Nacional a Sedena, algo verdaderamente desafortunado en todos los sentidos y bajo todas las perspectivas. Qué ingrato es el olvido.
