Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quienes fueron víctimas de desaparición forzada hace nueve años salieron con el rostro desencajado y muy enojados luego de la reunión que buenamente les concedieron en Palacio Nacional.
Tal fue su frustración que ni siquiera aceptaron recibir el informe que el gobierno se dignó a redactar porque no contenía la información clave que ellos estaban esperando para que por fin pudieran saber la verdad y cuál fue el destino de sus hijos.
El presidente cuando estuvo en campaña prometió a los familiares que encontraría a los 43 jóvenes y que daría a conocer cómo ocurrieron los hechos en esa noche trágica. Se atrevió a hacer ese compromiso. No se sabe si acaso tenía información privilegiada para decir algo así o como bien podemos imaginar, López Obrador estaba blofeando. Todo a cambio de votos.
La desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes es una herida que sigue sangrando especialmente en el contexto de 115 mil desaparecidos, incluyendo la cifra vergonzante de 43 mil personas que aún no han sido encontradas en este sexenio.
Saber qué pasó con los muchachos, en dónde están, encontrar a los responsables de este crimen inhumano y hacer justicia, significaría una luz en el camino para miles de familias que no han perdido la esperanza de volver a abrazar a sus seres queridos.
Pero el problema es que ahora la verdad parece más lejos que nunca. La narrativa de Palacio Nacional ya cambió y ahora resulta que AMLO considera que Ayotzinapa no fue un crimen de estado y no hay altos mandos militares implicados: “No es culpar por culpar, no es nada más fue el Estado y fue el Ejército y ya. No, vamos a conocer la verdad, lo que sucedió. Yo no voy a mentir ni vamos a fabricar algo que no sea cierto y vamos a actuar con rectitud y no somos iguales”.
“Ahora todo parece estar enfocado a culpar al Ejército de que no ha dado información (…) “Y estoy también muy consciente que, no por los padres, sino por los adversarios, quisieran que nosotros fracasáramos’’. Pobre AMLO, sus adversarios no lo dejan en paz.
En la reunión del miércoles pasado, los familiares de los normalistas le entregaron a López Obrador un documento firmado por todos, basado en las exigencias que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el caso y acusó que el Ejército espiaba las comunicaciones del grupo criminal Guerreros Unidos que atacó a los estudiantes.
En el oficio que le fue entregado al presidente, los familiares exigen que se les entreguen decenas de documentos elaborados por el Ejército, que quedaron registrados, según las investigaciones del GIEI, como ‘CRFI’, en referencia al ‘Centro Regional de Fusión de Inteligencia’ que operaba en esa época en Iguala, Guerrero.
Sabemos que el GIEI dejó el caso porque la Sedena ha ocultado reiteradamente esa documentación e incluso ha negado su existencia. El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, expuso que también se le solicitó al Ejército información concreta sobre una conversación telefónica que fue encontrada en una foja de los archivos militares, y que contendría información valiosa sobre el paradero de 17 estudiantes.
Por su parte, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos se sumó al reclamo de los padres de los estudiantes: “Queremos destacar la importancia de entregar sin obstrucciones toda la información disponible en poder de las corporaciones de seguridad e inteligencia civiles y militares”, me dijo Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para DDHH.
“Es esencial que las autoridades se fortalezcan y profundicen las investigaciones y procesos judiciales en curso y que se logre conocer la verdad sobre este emblemático caso”, urgió Hurtado quien agregó que “nuestra oficina saluda y reconoce a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos forzosamente por su inquebrantable determinación en su legítima búsqueda de verdad y justicia a pesar de los desafíos y del tiempo transcurrido’’.
Además, Francisco Cox Vial, quien fuera uno de los miembros del GIEI, me confirmó a su paso por Ginebra la existencia de esa documentación: “Nosotros cotejamos los datos, sabemos de la existencia de esos informes’’. El GIEI aseguró que la información brindada por Sedena “es parcial y corrobora la existencia de otros informes sobre el momento de los hechos y fechas posteriores en donde hay más datos sobre la detención y el traslado de los normalistas”.
Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se hunden y se hunden en las verdades históricas concebidas a modo para proteger a Sedena. Es probable que AMLO sepa exactamente qué pasó con los estudiantes, pero “callará como momia”. Si asegura que Calderón sabía todo sobre Genaro García Luna, entonces es pertinente suponer que él sabe qué hizo el ejército y quién dio las órdenes. AMLO es comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Tendría que saber.
La verdad a medias del gobierno es lacerante, es un insulto, un golpe bajo, terrorismo psicológico, es tortura. Me sumo a la decepción y a la rabia de los padres de los 43 estudiantes y defiendo su legítimo derecho a saber la verdad. “Por el amor que le tenemos a nuestros hijos, seguimos de pie y seguiremos”, dijeron al cerrar la marcha en Ciudad de México. No los dejemos caer.
SIGUE LEYENDO:
