Todos los opositores al régimen de Daniel Ortega primero fueron tratados como criminales, luego encarcelados y ahora han sido desterrados de su país. A los 222 presos políticos que subieron al avión que se dirigía a Estados Unidos, la libertad les supo amarga porque al tiempo que volaban hacia cielos más seguros recibieron la noticia de que el dictador les había arrancado la patria.
Días después, Ortega despojó de su nacionalidad y de su patrimonio a 94 personas, entre ellos los escritores Gioconda Belli y Sergio Ramírez quienes ya se encontraban en el exilio, al igual que periodistas, intelectuales, activistas y religiosos.
“Alarma la información que estamos recibiendo sobre la decisión arbitraria del Estado de declarar traidoras a la patria a 94 personas sin siquiera un juicio, de despojarlas de su nacionalidad, su patrimonio y declararlas prófugas de la justicia. Condenamos de la manera más enérgica esta nueva ola de violaciones a los DDHH, llamamos al Estado a cesar de inmediato la persecución y represalias contra defensores, voces disidentes y restituir todos sus derechos y libertades’’, dijo la oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos.
Por su parte, el gobierno de Pedro Sánchez les ha ofrecido la nacionalidad española a todos los nicaragüenses que han sido desterrados, este encomiable ofrecimiento es una clara condena y una afrenta a la dictadura nicaragüense. Además, el Palacio de la Moncloa ha abierto las puertas de su país “a cualquier ciudadano de Nicaragua que en el futuro pueda quedar en situación de apátrida por las decisiones del Gobierno de Daniel Ortega”.
Mandatarios como el chileno Gabriel Boric llamó “dictador” a Ortega y ofreció la ciudadanía a los opositores afectados. Lo mismo hizo Alberto Fernández de Argentina. En contraste, destaca la actitud del jefe del estado mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien hasta la redacción de este texto (22/02/23) no se ha pronunciado sobre esta perversa arbitrariedad y con su silencio se ha vuelto cómplice de la pareja Ortega-Murillo. Es decepcionante.
Además, una veintena de exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) denunciaron el silencio de López Obrador y deploraron que “calla ante las violaciones de derechos humanos’’ perpetradas por la pareja dictatorial.
El año pasado, Laureano Ortega, quien probablemente será el heredero político de su padre, buscó un acercamiento con Washington en busca de una reducción de las sanciones a cambio de la liberación de los presos políticos. Las sanciones contra su país comenzaron a causar efecto porque además también aprietan las que la Unión Europea y Estados Unidos le impusieron a Rusia por la invasión a Ucrania que llega a su primer año. La ayuda económica que antes les ofrecía Vladimir Putin a cambio de lealtad absoluta, ahora está más que racionada.
Ortega es un exlíder guerrillero de corte marxista que ascendió al poder tras ayudar a derrocar en 1979 a otro dictador, Anastasio Somoza. Después pasó años en la oposición política hasta que ganó las elecciones en 2006 y empezó a consolidar el control de su familia. En 2017, Ortega nombró vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo al tiempo que sus hijos empezaron a asumir papeles más importantes en los negocios y la política.
Desde entonces, el gobierno de los Ortega-Murillo ha matado y reprimido a manifestantes, ha cerrado medios de comunicación independientes y más de tres mil organizaciones no gubernamentales, también ha prohibido las procesiones religiosas por temor a que terminen en protestas y ha encarcelado a sacerdotes católicos. Qué perla de líderes.
Las democracias latinoamericanas corren el riesgo de hundirse en sus propias aguas, otras ya están asfixiadas. López Obrador “calla como momia’’ ante los atropellos y crímenes cometidos por el dictador. Este 26 de febrero los mexicanos saldrán a las calles a defender su voto y levantarán la voz para que a AMLO no se le ocurra, ni en sus sueños más guajiros, seguir los pasos de su amigo Daniel Ortega, quien se cree dueño de Nicaragua y de las vidas de sus ciudadanos. Salgamos a gritar claro y fuerte que en México la democracia no se toca.
