Más de 110 mil personas han desaparecido en México y todavía no está claro cuántas de ellas son víctimas de desaparición forzada, es decir que el delito ha sido perpetrado por un agente del Estado ya sea de las Fuerzas Armadas o con la anuencia de un mando civil. Es difícil entender por qué el presidente se ha ensañado con los familiares y sobre todo con las víctimas de este crimen odioso que no han regresado a casa y que quizá no volverán a mirarse en los ojos de sus seres más queridos. El presidente Andrés Manuel López Obrador quien presume de ser “el más humano”, ha abandonado a las víctimas, no se ha reunido con los colectivos, no le ha dado la cara a las buscadoras, no las ha escuchado, pero con su desdén y sus misiles verbales contra ellas se ha puesto del lado de los perpetradores y, quizá sin querer, ha incitado a que muchas de ellas sean atacadas, incluso asesinadas.
AMLO tiene prisa por hacer un nuevo censo, cuando en realidad lo que se necesita es depurar el registro existente y desglosar las cifras por sexo, edades y contar un mapeo de los lugares en los que ha habido más desaparecidos. Esto con el fin de tener una fotografía más completa y una dimensión del tamaño de la tragedia. Está obsesionado con no tener más desaparecidos que Calderón, malas noticias Sr. presidente, ya lo rebasó.
Expertas de Naciones Unidas condenaron que las defensoras de los derechos humanos que buscan a sus seres queridos “enfrentan intimidación, ataques e incluso muerte violenta”. “Es indignante que quienes buscan a familiares y seres queridos desaparecidos forzadamente sigan siendo atacados y enfrentando violencia en México”, acusaron las expertas entre las que se encuentran Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Claudia Mahler, Experta independiente sobre los derechos humanos de las personas de edad.
Recuerdan que la defensora de DDHH Teresa Magueyal sufrió brutales disparos en Celaya, Guanajuato (02/05/23) y la defensora Araceli Rodríguez Nava, quien aún busca incansablemente a su hijo desaparecido, fue atacada en Chilpancingo, Guerrero (04/03/23). Ambas fueron beneficiarias del mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas. Sin embargo, a pesar de que ambos casos continúan bajo investigación, las víctimas y sus familiares apenas han recibido información sobre el caso.
Las expertas instaron al presidente López Obrador a “garantizar que los defensores de los derechos humanos que trabajan en desapariciones forzadas puedan ejercer su labor en libertad y seguridad’’ y denunciaron que “las desapariciones forzadas y los ataques a las defensoras están vinculados al crimen organizado, la extorsión, la trata, redes de secuestro, la corrupción y la colusión con las autoridades”. “Operar en un entorno constante de miedo, amenaza e inseguridad tiene un efecto disuasivo sobre los familiares de las víctimas, los actores de la sociedad civil, las y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones”, advirtieron las expertas de la ONU.
Es preocupante que continúe la impunidad por “crímenes contra las defensoras y activistas de derechos humanos a pesar de las denuncias presentadas. El gobierno necesita investigar, procesar e imponer sanciones apropiadas con prontitud a cualquier persona que sea responsable de estas presuntas violaciones”, remarcan.
Al conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, las expertas de la ONU instaron al gobierno de López Obrador “a adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de quienes buscan a personas desaparecidas forzadamente, sus familiares, movimientos de la sociedad civil, organizaciones y servidores públicos”, la declaración conjunta de las expertas es avalada por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas.
“Se debe hacer más para proteger eficazmente los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos en su búsqueda de la verdad y la justicia, y esto entra dentro de las obligaciones de derechos humanos del gobierno mexicano”, advierten las expertas quienes están en contacto con el gobierno de Palacio Nacional sobre esta cuestión. De esto no nos hemos enterado en las mañaneras.
En México, una persona desaparece cada hora, casi nadie pisará la cárcel por este acto inhumano y lo más probable es que sus familias los sigan esperando hasta encontrarles. Miles de madres lloran, escarban la tierra buscando una respuesta y se hunden poco a poco en un mar infinito de desolación. La perversidad de AMLO y su intento por maquillar las cifras es inadmisible, querer desaparecer un desaparecido del registro oficial y no venerar con un número es condenarlo al olvido. Es un crimen atroz y repugnante.
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