El presidente de México también es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y el título le queda como anillo al dedo al humilde presidente de Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, quien pasará a la historia como el mandatario más militarizado del que se tenga memoria en el país.
El golpe bajo que AMLO quiere dar a los mexicanos militarizando la Guardia Nacional es brutal, artero e ilegal. Falta que salga con uniforme verde olivo en el desfile del 16 de septiembre. A estas alturas todo puede pasar.
AMLO juró y perjuró en campaña que regresaría al ejército a los cuarteles y se dedicó a criticar y sacar provecho político de violaciones de derechos humanos cometidas por militares como el caso de Ayotzinapa. En su gira por Guerrero a raíz de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, AMLO prometió que de llegar a la silla presidencial no usaría a las fuerzas armadas para reprimir al pueblo.
Hubo enojo. El entonces secretario de Defensa el general Salvador Cienfuegos y el secretario de Marina el almirante Vidal Soberón rechazaron que las tropas estuvieran reprimiendo a los civiles y que estuvieran involucradas en desapariciones forzadas como procedimiento sistemático.
Aún más, AMLO dejó entrever la posibilidad de que Sedena y Semar serían encabezadas por militares en retiro. Incluso, en diciembre de 2017, cuando presentó a su gabinete, introdujo al general en retiro Audomaro Martínez Zapata y al almirante en retiro José Manuel Solano Ochoa, a quienes anunció como nuevos secretarios en caso de ganar las elecciones.
El anuncio causó más enojo entre los grupos de militares que atacaron a AMLO advirtiendo que si ganaba acabaría con las fuerzas armadas, quitaría beneficios y crearía un caos en seguridad. Después ganó las elecciones y con el nombramiento del General Luis Cresencio Sandoval González en Sedena, del Almirante José Rafael Ojeda Durán en Semar y sus primeros discursos en tono conciliador, se calmaron las aguas.
Es quizá en esta época y por razones opacas cuando se gestó el golpe más bajo que algún presidente le haya dado a quienes le regalaron su voto: la creación de la Guardia Nacional.
A pesar de que en 2017 el Congreso de la Unión adoptó una Ley de Seguridad Interior, que elevaba a rango legal la fallida estrategia de seguridad y trastocaba profundamente la relación cívico militar y que dicha Ley fue declarada inconstitucional en 2018, AMLO quería su propio ejército.
Después de meses de acaloradas discusiones sobre la creación de un nuevo cuerpo de seguridad se acordó que la Guardia Nacional quedaría en la Secretaría de Seguridad y debería conservar su naturaleza civil. Fue así como el 25 de abril el senado aprobó con modificaciones el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 propuesto por AMLO. El PAN y el PRI se abstuvieron. PRD y Movimiento Ciudadano apoyaron la iniciativa que quedó plasmada en el artículo 21 de la Carta Magna.
En su versión original el Plan de AMLO contemplaba que la Guardia Nacional estaría bajo el mando de Sedena y estaría encargada de prevenir y combatir el delito en todo el país. Sus funciones serían la prevención, investigación, detención y presentación de detenidos ante el ministerio público y la aportación de pruebas exigidas por la ley.
Además, con toda la hipocresía que le caracteriza, el líder cuatrotero firmó un acuerdo con la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos Michelle Bachelet, recién llegada al cargo en ese entonces y cercana a López Obrador. Fue así como la ONU cayó en la trampa. Sin embargo, hace unos días la oficina de Bachelet pidió “mantener la naturaleza civil” de la Guardia Nacional.
Otro golpe bajo fue cuando AMLO nombró al General Luis Rodríguez Bucio al frente de la Guardia Nacional y ahora con su “acuerdo” autoritario pretende regresar a su plan original con la Guardia Nacional en Sedena.
La militarización de la Guardia Nacional es una comprobable amenaza a los derechos humanos ya que se ha documentado el incremento del uso ilegal y excesivo de la fuerza, así como la privación arbitraria de la libertad, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada. La presencia castrense debilita el control civil y dinamita la base de la democracia.
México estará inundado por unos 400 mil militares contando a los de Sedena, Semar y la Guardia Nacional. Actualmente ya están desplegados cerca de 200 mil en todo el país. Todos a las órdenes de su Comandante López Obrador. El golpe es fulminante. Tiene 10 segundos para respirar y levantarse. Knock out.
