La ley que crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) lo establece como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no estará sectorizado, tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, y se ubicará en la Ciudad de México. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 430 votos a favor, cero en contra y una abstención, la nueva ley en la cual, según el dictamen, reconoce a las comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho; y se deroga, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Entre los objetivos del nuevo instituto se destaca que definirá y evaluará las políticas, programas y acciones públicas, para garantizar el ejercicio de los derechos de estas comunidades, su desarrollo integral y sostenible, y el fortalecimiento de sus culturas e identidades. Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos, de la fracción de Morena, destacó que en México los indígenas y afromexicanos serán atendidos y, enfatizó que “se les devolverá su lugar en la historia”. Entre las atribuciones y funciones, el INPI definirá los lineamientos normativos que permitan conducir y orientar las políticas públicas, garantizará la transversalidad institucional, la interculturalidad y la pertinencia económica, social, cultural, política, lingüística y de género. La legisladora precisó que el dictamen recoge la versión de nuestros pueblos, ya que se realizaron foros de consulta, en los cuales, hubo contacto directo con las comunidades originarias, ahí se abordaron los ejes temáticos que orientaron la discusión, la naturaleza jurídica, el objeto del nuevo organismo y los principios que deben regir la actuación institucional. Por su parte, Marcelino Rivera Hernández, del Partido Acción Nacional (PAN), mencionó en tribuna que la nueva ley reconoce a los ejidos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público; aunque, precisó: que “no sólo se dé en la norma, sino en la práctica”, por ello, dijo: “estaremos vigilantes del INPI confiando en que su quehacer será transparente y dentro del marco de la legalidad y con un profundo respeto”. Al tomar la palabra, el diputado Miguel Acundo González, de Encuentro Social (PES) se pronunció a favor de reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derechos públicos, y solicitó a la Cámara de Senadores atender el decreto que elevará la calidad ciudadana de los pueblos originarios. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en México hay 7 millones 382 mil 785 personas que hablan alguna lengua indígena, cifra que representa 6.5% del total nacional. La dependencia revela que existen 494 municipios donde más del 40% son originarios y en Oaxaca hay 245 municipios en esta situación, por cuanto a derechos sociales y de salud, el estudio revela que en el 2015 15.1% de esta población indígena no está afiliada en alguna institución de salud, la mitad de las mujeres indígenas no utilizaron método anticonceptivo en su primera relación sexual por desconocimiento. En su oportunidad, el diputado priista, Eduardo Zarzosa Sánchez, informó que el dictamen reconoce a las comunidades de afromexicanos, en tanto, la diputada María Jiménez Pérez, del PT, aseguró que el INPI atenderá las necesidades de todos los pueblos originarios y garantizará sus derechos y desarrollo, pues en la sufren altos índices de pobreza, discriminación y desprecio. El dictamen se turnó al Senado de la República para su eventual discusión y aprobación, y en el Proyecto de egresos de la Federación 2019 deberá tener, el INPI su respectivo espacio y presupuesto, el cual, está en estudio.
1 de Diciembre de 2024
