La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el informe sobre el éxodo migrante de países centroamericanos a Estados Unidos ante la Audiencia Regional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que destacó que la atención humanitaria a las casi 10 mil personas fue su objetivo prioritario y por ello emitió entre octubre y noviembre emitió 21 medidas cautelares, una de ellas verbal, a autoridades de los tres órdenes de gobierno para que se les brindara apoyo basado en el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de esas personas. En el marco del 170 Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH, que se lleva a cabo en Washington DC, el documento “Situación de derechos humanos de las personas que integran la caravana de migrantes” considera la alta probabilidad de que ocurran otros fenómenos migratorios como éste, por lo que solicitó, entre otras acciones, desarrollar un análisis que permita identificar y atender desde una óptica de derechos humanos los factores que producen la migración de amplios grupos de personas en sus países de origen. Ahí el máximo organismo defensor en México afirmó que la posibilidad de migrar es un derecho humano y que no se opone a las regulaciones migratorias de cada país, siempre y cuando existan reglas que permitan un trato digno, acceso a la información sobre los derechos para internarse, al refugio o asilo, a la no criminalización como persona migrante, así como absoluto rechazo al racismo y la xenofobia. El informe, presentado por el quinto visitador general Édgar Corzo Sosa, da cuenta de la configuración de la caravana migrante y sus etapas; los derechos en aplicación de sus integrantes, tales como a la seguridad de las personas en contexto de migración, integridad personal, niñez, debido proceso legal en las detenciones, protección a la salud, a solicitar y recibir refugio y al retorno voluntario. Así como sobre el discurso discriminatorio y xenófobo contra las personas migrantes; traslado humanitario, población LGBTTTI; momentos críticos en la etapa de grandes recorridos y medidas de protección de derechos, consistentes en medidas cautelares, procedimientos de quejas y buenas prácticas implementadas por las autoridades. Sobre el análisis solicitado a la CIDH, el fin es ofrecer alternativas a la migración; realizar una visita de monitoreo a la frontera de México con Estados Unidos y México con Guatemala para identificar las condiciones de acceso y situación en general que prevalecen y prever un mecanismo de seguimiento y acción inmediata por el que puedan trabajar de manera coordinada la CIDH y las instituciones nacionales de derechos humanos de los países involucrados. Así como elaborar una guía, lineamientos o protocolo para regular el uso de la fuerza cuando sea requerido, guardando la proporcionalidad y atendiendo la vulnerabilidad de las personas migrantes. En otra parte del informe, se precisa que el gran flujo migratorio de la caravana, integrada por unas 10 mil personas, representó la oportunidad de hacer vigentes los derechos fundamentales de esas personas en contexto de movilidad y ejercer el principio de congruencia plasmado en nuestras propias leyes migratorias. Así como constituir una situación de emergencia que demandó una acción regional coordinada, que no resultó exitosa en todos los aspectos necesarios, informó y dio a conocer las acciones realizadas por este organismo nacional desde la configuración de la caravana hasta la llegada a la frontera norte del país.
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