Quiere AMLO dejar
 a Murillo en la cárcel

Los beneficios otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a una empresa ligada a la familia de Jesús Murillo Karam, cuando este era Procurador General de Justicia, son uno de los principales indicios que permitieron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentar una denuncia contra el exfuncionario.

Tráfico de influencias, defraudación fiscal y lavado de dinero son los delitos de los cuales dicha área de la Secretaría de Hacienda acusa a Murillo Karam, quien actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Norte.

Licitaciones concedidas por parte de la SCT a la empresa (en la cual figuran familiares directos del exprocurador como hijos, yernos y sobrinos), las cuales fueron ventiladas en los llamados Panamá Papers, fueron de los principales indicios tomados por la UIF.

Además, existe una situación que refuerza la denuncia. Se trata del hecho de que el hijo de Gerardo Ruiz Esparza (qepd), entonces titular de dicha secretaría, Gerardo Ruiz Dosal, fungía como secretario de Murillo Karam. Esto, se indicó, podría dejar de manifiesto el posible “esquema de contraprestaciones mutuas” en las que estuvieron involucrados los tres funcionarios.

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Y es que fue entre 2013 y 2015 (años en los que el hijo de Ruiz Esparza era colaborador del entonces titular de la PGR) que la empresa que tiene como socios a familiares directos de Murillo Karam recibió las licitaciones por parte de la SCT. Además, en ese tiempo se dio a conocer que Ruiz Dosal contaba con un sueldo anual bruto de 2 millones 062 mil 812 pesos.

Otro elemento de prueba aportado fueron movimientos bancarios millonarios que el exprocurador realizó en el extranjero. Por “retorno de inversión” recibió 2.8 millones de dólares y transfirió 26.5 millones de pesos en cuentas a su nombre en el extranjero. Estos movimientos, advirtió la UIF, no fueron notificados a la Hacienda pública.

De esta forma, Murillo Karam es sospechoso de tener un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero, advirtió el órgano a cargo de Pablo Gómez.

Hay que recordar que el exprocurador se encuentra en el Reclusorio Norte acusado de los delitos de tortura y desaparición forzada por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa. En las últimas semanas la salud del exfuncionario se ha agravado, por lo que ha requerido de intervenciones quirúrgicas; ante esta situación, su defensa legal solicitó prisión domiciliaria.

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