A una semana de que comenzara una nueva serie de disturbios— en esta ocasión por la muerte de un adolescente a manos de la policía—, el gobierno de Emmanuel Macron anunció una ley urgente para acelerar las reparaciones de los edificios, infraestructura y propiedad dañada durante los últimos días.
Ante 300 alcaldes, el mandatario aseguró que “el pico (de destrozos) que hemos visto en los últimos días ya ha pasado”, pero las cifras hablan por sí solas. En los siete días que han transcurrido desde el inicio de los disturbios se reportan tres mil 486 personas detenidas y 808 miembros de las fuerzas de seguridad heridos. Asimismo se registraron cinco mil 892 vehículos incendiados y mil 105 edificios y 269 comisarías dañadas, mientras que según la federación francesa de aseguradoras France Assureurs, se declararon cinco mil 800 siniestros de particulares y profesionales.
269 comisarías han sido dañadas en una semana de protestas.
Teniendo esto en cuenta, las primeras propuestas se orientan a la posibilidad de sancionar económicamente a las familias de los jóvenes que participan en los disturbios. La sugerencia fue secundada por Éric Dupond-Moretti, ministro de Justicia, quien recordó la “responsabilidad penal” de quienes no ejerzan la autoridad parental, una pena que podría conllevar penas de hasta dos años de prisión y 32 mil 700 dólares de multa.
Y aunque el tema de reparaciones ha sido una de las prioridades de Macron, la clase política sigue sin ponerse de acuerdo sobre la raíz del estallido de violencia. La derecha y la ultraderecha piden mano dura contra los autores de los disturbios pero la oposición de izquierda apunta también al polémico papel de la policía en los suburbios y la situación en estos barrios, entre los más pobres de Francia.
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