La militarización de la seguridad pública emprendida por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador incrementó la violencia y, por ende, el problema de los desplazados internos, flagelo que afecta principalmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Esa es una de las conclusiones a las que llega el informe Es mucho daño lo que yo tengo. Niñas, niños y adolescentes desplazados forzados internos en la frontera norte de México, elaborado por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en coordinación con el Colegio de la Frontera Norte (Colef) y el Fonde de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
“Al incorporar a las Fuerzas Armadas y las corporaciones policiales en la lucha contra los intereses del crimen organizado, además de multiplicar los enfrentamientos y de ‘militarizar la seguridad’, se les hizo parte de las piezas en juego en ese entramado de poder, cayendo con frecuencia en una espiral de corrupción e impunidad ya existente en el país”, señala el informe, que se basó en entrevistas con víctimas de violencia alojadas en albergues de Tijuana y Mexicali.
Realizada por las investigadoras Aída Silva Hernández y Beatriz Alfaro, la investigación señala que México tiene un acumulado de 345 mil personas desplazadas internamente a causa de conflictos y violencia, de los cuales 31% corresponde a niños, niñas y adolescentes, lo que implica una población de 106 mil 950 personas.
El documento pone énfasis en que, si bien los hombres representan el 70% de las muertes violentas y desapariciones, son las mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes y madres de familia), quienes están huyendo más de sus hogares para escapar de la violencia y salvar la vida.
“En la Dirección Municipal de Atención al Migrante de Tijuana se ha venido observando un incremento constante de mujeres que llegan a la frontera huyendo de este México violento, [en el que] las mujeres son mucho más propensas a ser revictimizadas”, dice el estudio.
“Esto encuentra relación con el hecho que la mayoría de las personas desplazadas que fueron entrevistadas en los albergues de Tijuana y Mexicali en tiempos de Covid-19 sean mujeres con sus hijas e hijos huyendo de la violencia aislada, esporádica o sostenida, proveniente tanto del crimen organizado como familiar, o incluso de ambos”.
Eugenia
(pseudónimo, 39 años)
“Un día antes de que yo me viniera [el marido] se brincó la barda de la casa para meterse. Para quitarme a los niños. Y yo me metí al baño y me encerré con ellos llore y llore. Le hablé a una patrulla, pero nunca llegaron. Al otro día decidí venirme”.
Dulce
(pseudónimo, 25 años)
“En ese rato sentía yo los segundos. De que [los delincuentes] me quitaran a mi hijo. Y le pusieron un arma en la cabeza”.
Lupita
(pseudónimo, 23 años)
“Se llevaban gente que no tenía nada que ver con el problema y pues eso da mucho miedo, mucha preocupación, y no, pues a cierta hora ya no querían a nadie en la calle. A veces no había suministros de comida […] por cualquier cosa te matan, te desaparecen, te golpean”.
Mónica
(pseudónimo, 45 años)
“Por el bienestar de mis hijos y el mío, me tuve que salir de ahí a escondidas […] él llegó a golpearme hasta hacerme una bola en la cabeza. Me quedé desmayada. Cuando desperté veía todo negro, sentía que todo me daba vueltas hasta que empecé a escuchar las voces de mis hijos”.
